El movimiento 15-M simboliza el conjunto de protestas sociales y cívicas de todo el lustro de 2010 a 2014, que es mucho más variado. Después de más de una década conviene este recordatorio para valorar con perspectiva histórica este amplio proceso de indignación popular y acción colectiva progresista y su impacto social y político. El asunto es qué podemos aprender de la experiencia de esta década y qué dinámicas transformadoras existen hoy para garantizar un avance de progreso, tal como he explicado en el libro Perspectivas del cambio progresista.

Dos cuestiones previas hay que clarificar para explicar su carácter y su influencia. Por un lado su sentido sociopolítico o, si se quiere, su perfil ideológico, con dos rasgos básicos: democratizador y por la justicia social; hacen referencia a la actitud cívica mayoritaria frente a dos bloqueos sistémicos que se producen en ese periodo de crisis social y representativa: la dinámica regresiva en las condiciones vitales, especialmente, para la mayoría de la gente joven, y la prepotencia de las élites gobernantes en su gestión político-institucional.

Por otro lado, los niveles de implicación o participación popular: un primer nivel de activistas (varias decenas de miles) con un fuerte compromiso cívico y participativo; un segundo nivel de participación en las grandes movilizaciones, incluidas las huelgas generales y mareas cívicas, que podemos situar en torno a unos cuatro millones de personas; y un tercer nivel de apoyo legitimador a sus demandas, que según encuestas de opinión alcanzaba más de dos tercios de la sociedad.

Los elementos comunes, participativos e identificadores se conforman en las grandes movilizaciones sociales, con demandas compartidas y frente a los adversarios poderosos. Fueron, sobre todo, reivindicativos y expresivos de un fuerte malestar, con un liderazgo colectivo y una vinculación a través de redes sociales, pero sin una articulación orgánica y estratégica consistente. Por ello, con el tiempo y ante la reducción de esa dinámica expresiva, no se garantizó su continuidad como movimiento social organizado, sobreviviendo solo diversas organizaciones sociales más concretas, incluido las sindicales, aunque dando paso posterior a su articulación política.

Aquí me detengo en explicar su impacto sociopolítico para conformar las bases electorales de las fuerzas del cambio de progreso, en el siguiente ciclo político a partir de 2014/2015 y hasta la actualidad. Ahora aparece el nuevo reto de un nuevo impulso renovador y de ampliación de ese espacio de progreso en términos sociopolíticos, con la expectativa del refuerzo político-electoral del llamado frente amplio.

Analizo, pues, la formación de un nuevo sujeto político en esta década, con nuevas identificaciones ideológicas, diferenciado de la socialdemocracia gobernante y más amplio y renovado que el electorado tradicional de Izquierda Unida. Se trata de la experiencia colectiva de un nuevo progresismo de izquierdas, con un perfil democrático, feminista, ecologista y sociolaboral; o sea, un espacio violeta, verde y rojo, de carácter confederal, con vocación transformadora, capacidad articuladora de lo social y lo institucional y con nuevos liderazgos.

Constituye el punto de partida para la nueva etapa que comienza de renovación y ampliación de ese espacio progresista que Yolanda Díaz pretende liderar tras un proceso de consulta y la perspectiva de la confrontación en las elecciones generales de fin del año 2023, para profundizar en el cambio de progreso, desde una alianza plural progresista y de izquierdas.

El proceso de protesta cívica

En otoño de 2010 ya se dan en España los rasgos principales de un nuevo ciclo de la protesta colectiva masiva, cuya expresividad mayor se produjo en mayo de 2011: 1) amplia conciencia social de una situación injusta y una gestión económica y política regresiva y antisocial, es decir, la configuración de una amplia corriente social descontenta e indignada; 2) percepción social de un bloque de poder, con los responsables o causantes contra los que se dirigen el descontento y las exigencias (Gobierno o clase política gobernante, poder económico y financiero, instituciones de UE, élites ricas o poderosas…); 3) masiva movilización colectiva de una ciudadanía activa, con unos agentes sociales definidos (primero el sindicalismo, luego el movimiento 15-M y después ambos) y un ‘empoderamiento’ de la ciudadanía crítica, como sujeto activo (sí se puede), frente al fatalismo y la resignación del discurso dominante (no hay alternativas ni margen de maniobra), y con capacidad de influencia; 4) motivos socioeconómicos (contra la austeridad y los recortes sociolaborales…) y políticos (otra gestión política, respeto gubernamental a los compromisos sociales, democratización…), donde se combinan objetivos más concretos (Reforma de la ley electoral, No a la reforma laboral, No a los recortes y los desahucios, empleo decente,…) y más generales (rectificación de la política de austeridad, cambio global, derechos sociales, más democracia,…).

El encadenamiento de los cuatro tipos de factores, distintivos de aquel periodo, marca la orientación, la masividad, el carácter y la identificación social, democrática y progresista de aquellas protestas sociales. Se producen desde la esfera social hacia (o frente) las medidas y estrategias liberal-conservadoras y el déficit democrático de las grandes instituciones políticas; generan una brecha social con la clase política gobernante, conformándose un nuevo y más amplio campo sociopolítico progresista distanciado del gobierno socialista, gestor inicial de una política regresiva, y después, de forma más contundente, respecto del gobierno de la derecha.

En el campo cultural e ideológico se generaron nuevas ideas fuerza en sectores progresistas y de izquierda social, particularmente, entre gente joven. La cultura democrática y de justicia social de la ciudadanía progresista o los valores igualitarios y solidarios de los sectores juveniles más inquietos, se confrontaron con las nuevas realidades socioeconómicas y políticas dando lugar a dinámicas de indignación, protesta colectiva y exigencia de cambios sociales y democráticos.

Se pueden encontrar antecedentes de esta amplia movilización popular contra los grandes poderes establecidos. El más próximo era el del movimiento contra la guerra de Irak en el año 2003, que había seguido a la huelga general del año 2002 contra las reformas laborales del PP; aunque ambas campañas con una diferencia significativa respecto a las movilizaciones del 15-M. En las primeras, el Partido Socialista estaba en la oposición, colaboró con ese rechazo ciudadano y se benefició electoralmente. En el proceso del 15-M gestionaba desde el Gobierno la política de recortes sociales (junto con algunas comunidades autónomas del PP, como la de Madrid), aparecía junto con los poderosos y era uno de los blancos de la indignación popular, con una disminución de su apoyo electoral.

Ello conformó una característica clave: la configuración de un campo sociopolítico diferenciado y crítico con la socialdemocracia, implicada en una gestión gubernamental regresiva y prepotente, que había roto, particularmente desde 2010, su contrato social y electoral con una amplia base social progresista. Efectivamente, en las elecciones generales de diciembre de 2011, el Partido Socialista sufrió la desafección de más de cuatro millones de votantes, la mayoría hacia la abstención al no encontrar una representación política creíble, y una pequeña parte se dirigió hacia la ampliación del apoyo electoral a Izquierda Unida, que consiguió un total de 1,7 millones de votos.

O sea, en ese momento, ya teníamos un espacio popular a la izquierda de las posiciones de la dirección socialista, en torno a seis millones de personas, aún con la relativa orfandad respecto de una representación política que les diese visibilidad, consistencia y operatividad en el campo político-institucional. Es lo que se resolvió en la etapa posterior, 2014-2016, con la configuración de Podemos, su alianza con Izquierda Unida, las distintas confluencias y las candidaturas municipalistas.

Se trata de la interacción de dos dinámicas complementarias: la conformación de una amplia y nueva base social progresista y de izquierdas, con una identidad sociopolítica crítica y de exigencia transformadora, y la constitución de una representación político-electoral-institucional, representativa y referencia de esa base social, en torno a Unidas Podemos y las convergencias catalana, gallega y valenciana. De la combinación de ambas resulta un nuevo ‘sujeto político’, superador de la izquierda tradicional representada por IU que apenas había llegado al millón de votantes en las elecciones generales de 2015: el entramado de las fuerzas del cambio de progreso.

Dicho de otra forma, la formación de la base social de ese espacio crítico y democrático, alternativo al de la socialdemocracia, se produjo por la experiencia masiva en el conflicto sociopolítico y cultural. Existían claras diferenciaciones de prácticas cívicas, demandas sociales y democráticas, valores éticos y proyectos transformadores ante una profunda crisis socioeconómica y política, con una recomposición de la representación política y la superación del monopolio del bipartidismo gobernante y su estrategia continuista.

De ahí que, especialmente, los líderes de Podemos considerasen ese proceso de protesta social la raíz de su legitimidad pública, aún con las metáforas de la gente o el pueblo, sobre el que construyeron una representación electoral y, más tarde, institucional. No obstante, el impulso transformador de esa ciudadanía activa, simbolizado por el movimiento 15-M, se fue agotando. El siguiente ciclo, desde 2014, salvo la cuarta ola feminista y alguna movilización social (y aparte del procés y las dinámicas soberanistas), tuvo sobre todo un sentido político-institucional y de activismo comunicativo con la configuración de ese campo electoral, precisamente, de unos seis millones de votantes, así como su representación político-institucional.

Declive y fragmentación del espacio del cambio

En los procesos electorales de 2019 ya se constató la reducción y la división del electorado de Unidas Podemos y sus convergencias (ahora en torno a tres millones, prácticamente la mitad), con un trasvase electoral (que no llega a dos millones) hacia el Partido Socialista, desde la relativa renovación del sanchismo, y hacia Más País (que, junto con Compromís, suman otro medio millón). Dos aspectos complementarios se pueden añadir, aunque sean limitados: una tendencia de mayor pasividad o desencanto, con cierto abstencionismo en ese electorado, y un trasvase (significativo en Galicia y Euskadi) hacia la izquierda soberanista. Las fugas van en distintas direcciones y sus causas son multidimensionales.

Tres factores inciden en el debilitamiento de ese sujeto político, en sus dos vertientes: la dimensión, fragmentación y actitud de su base sociopolítica, y la articulación y recomposición de su representación política.

Uno, la presión externa de distintos poderes fácticos, económicos, institucionales y mediáticos, en una coyuntura estratégica desfavorable, contra la trayectoria social transformadora y su expresión político institucional conformada en esos dos ciclos instituyentes de protesta cívica y representación política emergente, que pugnaban por un cambio sustantivo progresista.

Dos, la renovación del sanchismo, particularmente desde la moción de censura exitosa contra el Gobierno de Rajoy (2018), con el fuerte descrédito social del Partido Popular por su corrupción y gestión antisocial; ello hace al Partido Socialista más atractivo para una parte más moderada de esa corriente progresista o de izquierdas, que ha conseguido representar.

Tres, las propias insuficiencias, limitaciones y errores de la coordinación y orientación de todo ese conglomerado y cada una de sus partes y, específicamente, las dificultades de la dirección de Podemos, como fuerza determinante, para ejercer esa función unitaria e impulsora. Todo ello a pesar de sus grandes aciertos políticos y estratégicos para crear esa representación político-institucional y sostener un campo político diferenciado, opuesto al simple continuismo centrista e inclusivo de las fuerzas alternativas y, al mismo tiempo, unitario con el PSOE en la gestión gubernamental y el avance de progreso.

El revulsivo del frente amplio y el recambio de liderazgo

Esas condiciones externas e internas desfavorables, que acompañan el declive y división de ese conglomerado a la izquierda de la dirección socialista, necesitan un revulsivo. Su carácter y dimensión es el centro del debate actual sobre el llamado frente amplio, su fase previa constitutiva y el sentido de su proyecto político, su vertebración orgánica y su liderazgo, aspectos sobre los que habrá que volver.

En consecuencia, además de la cierta paridad representativa entre las derechas y las izquierdas estatales y la continuidad de los sectores nacionalistas periféricos, más proclives a una alianza de progreso, persiste esa base social transformadora, progresista y de izquierdas, conformada por una experiencia prolongada y variada de toda esta década y cuya consolidación y refuerzo es fundamental para el avance social y democrático.

Globalmente no se ha reducido esa izquierda social, sino que se ha fragmentado en su expresión representativa y su actitud transformadora, con mayor desconcierto estratégico, reducción de las expectativas o ilusiones de su implementación reformadora y desconfianza en la articulación política. No obstante, desde el punto de vista cuantitativo puede ser cifrada en los mismos seis millones, hoy más repartidos, incluidas las partes inclinadas hacia el PSOE, la abstención y la izquierda soberanista, así como con la expectativa de nuevos electores progresistas.

Son los mimbres sociopolíticos de los que partir desde el nuevo proyecto de frente amplio de Yolanda Díaz, para sumar y verificar sus particularidades a través de la consulta participativa diseñada, con la perspectiva de consolidar y ensanchar esa base social y electoral, conformar un proyecto compartido, renovar y madurar una representación plural y unitaria que tenga suficiente credibilidad transformadora y garantizar el proceso de cambio de progreso en esta década.

Fundamentos de la dinámica social transformadora

La dinámica social transformadora reactivada desde 2010 está enraizada en dos elementos clave, distintivos de aquel contexto, que le dan unas características específicas. Uno es la crisis socioeconómica y sus consecuencias de desigualdad social, evidentes desde el año 2008, y que sobre todo afectan a la gran precariedad laboral y el paro masivo, particularmente juvenil, al estancamiento o descenso de las trayectorias laborales y sociales y a nuevas brechas sociales. Estos aspectos existían anteriormente, pero entonces cobran una nueva dimensión y relevancia.

Dos, es la gestión liberal dominante en la Unión Europea, dirigida por el bloque hegemónico conservador, y ejecutada en España, primero por el Gobierno socialista, particularmente desde el giro de su política de carácter regresivo y antisocial en mayo de 2010, que rompe con sus compromisos sociales y su contrato con una amplia base social de izquierdas y genera una desafección ciudadana relevante hacia el PSOE; posteriormente, el PP tras las elecciones generales del 20-N-2011, que gana por mayoría absoluta, profundiza los recortes sociales y laborales y se hace acreedor de una fuerte oposición sociopolítica, incluido dos huelgas generales contra sus reformas laborales regresivas.

Existía una extendida conciencia social del carácter injusto de esa situación, rechazo popular y resistencias ciudadanas a esas políticas y exigencias de responsabilidades al poder económico y político y de garantías para otra política. Todo ello expresaba, en el escenario público, la importancia de la cuestión social y la relevancia de la acción por la igualdad socioeconómica y la profundización democrática, frente a las actitudes hacia el fatalismo, la idea de la inevitabilidad de esa política de ajuste duro o la ausencia de alternativas, propugnadas desde el poder institucional y mediático.

Serán elementos constitutivos de ese proceso, impulsado y representado por dos tipos distintos y sucesivos de agentes sociales. En un primer momento, por el sindicalismo –a lo largo del año 2010– y algunas mareas ciudadanas, como la de enseñanza; posteriormente –tras el cese de la movilización sindical, y desde la primavera del 2011– por el movimiento 15-M, con un papel menor o más secundario de la izquierda política, los grandes sindicatos y otros movimientos sociales. Finalmente, a partir de 2012 existe una combinación de estos procesos, incluidas las dos huelgas generales contra las reformas laborales regresivas del Gobierno del PP.

Por tanto, ante la gestión institucional y económica antisocial e impuesta, iniciada por el último gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2010/2011) y, sobre todo, por el Gobierno conservador de Rajoy (a partir de 2012), se desarrolla una nueva conciencia social sobre componentes sistémicos: desconfianza en el poder económico e institucional, responsable de la crisis y su gestión regresiva; pertenencia al segmento de los de ‘abajo’, los perjudicados y desfavorecidos; reafirmación de la indignación ciudadana desde la cultura igualitaria de la justicia social, y legitimación de la acción colectiva y democrática frente a la involución social y política, promovida entonces por los gobiernos de PSOE y PP que se convierten, junto con los poderosos, en blancos de la indignación popular progresista. Es una experiencia masiva, sobre todo, juvenil, legitimada por la mayoría de la sociedad, según distintas encuestas de opinión.

Con la crisis del empleo y los recortes sociales, las dinámicas anteriores de mejora progresiva del estatus socioeconómico, cultural y político de la gente joven, particularmente popular, se bloquean y, mayoritariamente, perciben las dificultades y retrocesos para sus trayectorias. La injusticia social (el paro, los recortes sociolaborales, la gestión institucional regresiva…) les afecta directamente y de forma profunda y duradera. Junto con la crisis socioeconómica y la gestión política antisocial, cambian su experiencia, sus ideas, sus intereses inmediatos y su horizonte vital y cultural-ideológico. El motivo de su protesta es directo, sobre todo, evitar para ellos mismos y su entorno inmediato, un retroceso de su posición social y garantizar su futuro material y de derechos.

En ese sentido, su conciencia y su comportamiento tienen que ver más con la demanda de igualdad social y más democracia, que son los dos elementos sistémicos cuestionados por el poder económico y político en ese momento. La solidaridad cívica se fortalece a través de la pertenencia común al bloque de los perdedores o con desventaja, a la reciprocidad de los propios sujetos afectados y la comprensión y el apoyo colectivo entre ellos. La conciencia social sobre los obstáculos o los adversarios se va reconfigurando y se debilita la visión normalizada de la capacidad de gestión positiva (u ordinaria) de las grandes instituciones y los líderes gobernantes. Y esa deslegitimación política del poder o las élites gerenciales e institucionales se contrapone con una participación y un apoyo masivos a la protesta social, con la legitimidad de agentes sociales significativos.

Por tanto, las ideas sobre estos elementos sistémicos de los jóvenes avanzados socialmente, al igual que la misma generación de la década anterior, se siguen basando en la cultura democrática, igualitaria y solidaria, pero se confrontan con otra realidad, se renuevan y reafirman. Ello da lugar a otras ideas fuerza, a la transformación del sentido e implicación práctica de esos valores. Y los jóvenes indignados, representados por el 15-M, expresan nuevas demandas y actitudes sociopolíticas y otras formas masivas de comunicación y protesta. En esa coyuntura, los jóvenes inconformistas y sectores amplios de la ciudadanía activa van conformando algunas ideas fuerza (no ideologías) y su contenido y su orientación, en general, son realistas e igualitarios.

Del campo social al político electoral

Los tres factores que se encadenan en ese lustro 2010/2014, cristalizando la protesta social, son: gravedad de los problemas y recortes socioeconómicos para la mayoría de la sociedad; gestión política e institucional regresiva, y cultura democrática y de justicia social con la activación de distintos agentes y movilizaciones sociales. Supone la combinación de tres dinámicas: 1) descontento por el empobrecimiento, la desigualdad, la subordinación y la injusticia; 2) percepción de los responsables de esa situación y descrédito del poder establecido, y 3) movilización colectiva, deseo de cambio y expectativas y oportunidades transformadoras o de influencia.  

Por tanto, frente a interpretaciones unilaterales, fundamentadas en el determinismo economicista o, en su contrario, el idealismo discursivo, el proceso de activación cívica masiva se produce por una combinación del malestar social por la gravedad de la crisis social, una crítica a las élites gobernantes, desde valores democrático-progresistas y una exigencia transformadora, en esos tres niveles antedichos. Se generan en el plano de la acción social, pública y masiva, son de contenido democrático y progresista, pero no llegan a construir un sujeto político-electoral que es la tarea posterior del ciclo siguiente mientras se ha ido produciendo el reflujo activador. Vuelvo sobre algunas de sus características.

El amplio proceso de protesta social y cívica estuvo simbolizado por el movimiento 15-M, pero fue más diverso. Como tal proceso de activación progresista masiva se agotó en el año 2014, aunque esa experiencia colectiva tuvo una influencia decisiva en la conformación de un campo sociopolítico diferenciado de la socialdemocracia. En el siguiente lustro, desde 2014/2015 hasta la actualidad, se produce una transformación cualitativa de los dos campos, el social-cultural y el político-electoral-institucional.

Por una parte, se debilita la activación cívica masiva y se agota ese proceso de movilización social, incluida la sindical (se produjeron tres huelgas generales en 2010 y 2012) y la de las mareas sectoriales (enseñanza, sanidad…). Aparte de algunas movilizaciones concretas como las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la de los pensionistas, solo tiene una relativa continuidad en otro gran proceso singular de movilización progresista a partir de 2018: la cuarta ola feminista, contra la violencia machista, por la igualdad social y por la libertad para decidir el propio proyecto vital, fortaleciendo los procesos de identificación feministas, con similares niveles de implicación, articulación descentralizada y unificación con las grandes movilizaciones y demandas.

Por otra parte, se configuró el llamado espacio del cambio de progreso, en torno a Podemos y sus convergencias y candidaturas municipalistas, así como sus aliados (particularmente Izquierda Unida, desde 2016). Muchas de sus bases sociales, sobre todo jóvenes, se socializan en ese proceso participativo anterior. Así, junto con valores y mentalidades más democráticas, igualitarias y solidarias, se trasladan al campo electoral e institucional elementos de fondo que han pervivido durante toda esta década: democratización institucional y justicia social, con una recomposición del sistema representativo, el fin del bipartidismo y la constitución de las fuerzas del cambio, con cierta renovación de otras formaciones partidarias, en particular, el Partido Socialista con el sanchismo, que culmina con el Gobierno progresista de coalición.

Lo que se mantiene, a pesar de todos los esfuerzos de sectores poderosos para su desgaste, en particular su expresión política, es una base social amplia que llamo ‘nuevo progresismo de izquierdas’, con fuerte componente social, democrático, feminista y ecologista, compuesto sobre todo por gente joven, mayoría precaria, con identificación sociopolítica de izquierdas.

Aquel amplio proceso de movilización social progresiva del primer lustro de la década cuestionó las políticas regresivas de los poderosos, reafirmó la acción colectiva por mayor democracia y justicia social y configuró una gran corriente social crítica más igualitaria y solidaria. Y permitió, en su segundo lustro, la formación del llamado espacio sociopolítico y electoral del cambio de progreso, con una influencia institucional relevante, en el marco del acuerdo del Gobierno de coalición progresista, con el comienzo, lleno de límites y altibajos, de un proceso de reformas sociolaborales y democráticas significativas pese a las grandes dificultades estructurales y la oposición de las derechas y grupos de poder.

En definitiva, la experiencia de esta pasada década permite clarificar la interacción de los procesos sociales de activación cívica, imprescindibles desde una perspectiva transformadora, con la conformación de las bases sociales de progreso y los fundamentos del cambio electoral e institucional, desde la pluralidad y la profundización democrática frente a los riesgos involucionistas de las derechas reaccionarias. Es conveniente aprender de ella para abordar de forma realista pero ambiciosa los nuevos retos de esta nueva década con un nuevo proyecto de país y la necesaria modernización socioeconómica y medioambiental.

Y, específicamente, en este nuevo ciclo político, avanzar en la conformación del llamado frente amplio, liderado por Yolanda Díaz, en torno a esos dos grandes ejes transformadores: justicia social e igualdad (incluida la de género), y democratización política (incluida la territorial), participativa y solidaria. Son evidentes las dificultades externas derivadas de las estructuras de poder económico e institucional, las fuerzas progresistas tienen sus limitaciones y deficiencias, incluso errores, pero no hay que dar por cerrado el ciclo del cambio de progreso. Hay dinámicas sociopolíticas enraizadas en la necesidad de respuesta a esos retos, una experiencia controvertida y compleja en la articulación de una representación político-institucional que debe madurar y renovarse y expectativas sociales y político-electorales por un nuevo ciclo transformador de progreso.