La sociedad es un espacio de contradicción de intereses, a menudo irreconciliables, pero también de alianzas, de complicidades y de apoyo mutuo. Si la sociedad opta por un modelo de economía sujeto en gran medida al mercado, a la negociación e intercambio entre sujetos privados, las contradicciones se trasladan a la satisfacción de las necesidades, incluso de las más esenciales. Si optamos por construir y cuidar un modo de organización democrática, como funciones esenciales de las instituciones de lo público, aparecen, por un lado, apoyar, acompañar, la organización de lo social, lo comunitario y, por otro, garantizar que las relaciones entre sujetos privados se encuentren lo más liberadas posible de la violencia, de la intimidación, del abuso.

Para esto último se pueden combinar medidas de diverso orden. El punto de partida es, en nuestro contexto, el reconocimiento de derechos entendidos como espacios de protección, de indemnidad frente a la capacidad de amenaza de los sujetos con más poder, poderes tanto estatales como no estatales. Por lo que a las necesidades sociales se refiere, los derechos tienen como efecto, si se ejercen y se defienden, igualar las posiciones de la negociación. Así ha sido en el ámbito de las relaciones laborales, con sus vaivenes, debilidades y regresiones. También es posible que las medidas apunten a excluir determinadas necesidades del mercado y es así, y solamente así, como se ha construido —con limitaciones, amenazas y regresiones— un sistema de acceso universal a la sanidad.

Como es sabido, uno de los ámbitos donde las violencias privadas se vienen ejerciendo con mayor amplitud e impunidad es el inmobiliario. La sublimación de la iniciativa privada, del beneficio, del mercado como satisfactor de la necesidad habitacional —y de la activación económica que el negocio de la construcción implica— ha ido de la mano de la negación, la casi inexistencia, del derecho a la vivienda. Sin apenas límites, y en el marco de políticas de atracción a la inversión, a la inserción de nuestras ciudades y nuestros barrios en el mercado global de la especulación inmobiliaria, la desprotección de las familias, de las personas moradoras, ha ido en aumento. A menor protección jurídica, mayor beneficio económico, y con él mayor inversión, mayor poder, mayor capacidad de amenaza. El drama, el inmenso daño social, de los miles y miles de desahucios y lanzamientos hipotecarios lo atestigua.

En Catalunya ese círculo vicioso, de sinergias imparables por afectar a un bien de primera necesidad del que nadie puede prescindir —un mercado cautivo, de sujetos cautivos—, se ha tratado de debilitar en los últimos años a partir de normativas de orden autonómico e iniciativas de parte de ciertos gobiernos locales. Por la dimensión de la ciudad y la biografía o recorrido previo de algunas de sus dirigentes, Barcelona se ha situado en el punto de mira por lo que respecta a las posibilidades de la política, de la decisión colectiva, en materia de contención del poder y de la voracidad de los intereses privados en el terreno inmobiliario.

Sin entrar a valorar la mayor o menor valentía o audacia del gobierno municipal en cuanto a la puesta en marcha de políticas transformadoras, podemos simplemente constatar el conjunto de estrategias judiciales que determinados centros de poder económico han diseñado para hacer frente a algunas de las decisiones del equipo de gobierno de Barcelona. Además de las querellas y denuncias presentadas por la empresa multinacional Agbar como respuesta al horizonte de un proceso de remunicipalización del agua, en el terreno de los intereses inmobiliarios se han sucedido distintas querellas de propietarios de hoteles y de fondos de inversión, así como de asociaciones «por la Constitución» o «por la Transparencia» que han llevado a la justicia la defensa y promoción del derecho a la vivienda y a los suministros básicos que se impulsa desde hace años a través de convenios del Ayuntamiento con entidades sociales.

La última noticia que ha saltado al respecto la ha ocasionado la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona que ordena al juzgado de instrucción a reabrir un caso ya archivado contra la alcaldesa y dos concejales por los expedientes sancionadores abiertos a un fondo de inversión inmobiliario que promovió el desahucio de varias moradoras unas viviendas del barrio de Poble Sec, tras haberse negado a ofrecer un alquiler social a seis familias vulnerables, tal y como exigía la ley de emergencia habitacional.

Esta expresión judicializada de la contradicción de intereses, una vez que se demuestra constante, sistemática y en la mayor parte de los casos carente de base jurídica —la ausencia de condena alguna hasta la fecha así lo constata— adquiere las características de lo que se viene conociendo como Lawfare, término cada vez más presente en nuestras realidades, junto con otras estrategias de adulteración como las fake news. Se trata de una confrontación o «guerra» que se basa en el abuso de los instrumentos jurídicos y jurisdiccionales para lograr el desgaste del oponente, un desgaste que es mediático, económico y político.

Dadas las muy limitadas opciones de que tales causas judiciales prosperen, en realidad lo que se busca no es conseguir que los tribunales ordenen la nulidad de la decisión que se lleva a juicio. Se persiguen otras cosas: a) amedrentar a las personas denunciadas para que se abstengan de tomar decisiones en el mismo sentido; b) generar ruido, confusión, entorpecer el día a día de instituciones que no son del todo afines; c) promover que tales representantes, por desgaste personal o colectivo, desistan de su propio proyecto político; d) achicar, en definitiva, el espacio de lo posible, de lo practicable políticamente desde las instituciones públicas, espacio ya de por sí menguante, minimizado.

Desde la más firme y convencida distancia crítica frente a todo tipo de institución representativa, pues en tal distancia nos jugamos su sentido colectivo, resulta un deber urgente el rechazo de toda estrategia de Lawfare, y la exigencia de que toda disputa de intereses se formule en términos verdaderamente políticos, con proyectos, con movilizaciones, con desobediencia también, alejados del abuso de las herramientas jurídicas, de la instrumentalización de dispositivos judiciales, de la adulteración de las ya de por sí débiles protecciones de los procesos de decisión democrática. Si no nos conjuramos de modo colectivo frente a ello, seremos cómplices de la definitiva conversión de la democracia en un, ni tan siquiera entretenido, teatro de autómatas.

[Fuente: Público]