Muchos análisis han puesto de relieve que los costes de la crisis y de las políticas que vienen  aplicando los gobiernos al servicio de la banca y de las grandes empresas, como en España, recaen principalmente sobre las clases trabajadoras.

Sin embargo, se suele conceder mucha menos importancia al hecho de que lo hacen de una forma muy particular sobre las mujeres trabajadoras y sobre las mujeres en general, estén o no empleadas.

En el libro Desiguales. Mujeres y hombres frente a la crisis financiera (Icaria 2010) Lina Gálvez y yo pusimos de relieve que la discriminación que sufren las mujeres había sido uno de los factores que ayudaron a generar la crisis, en la medida en que incrementó la desigualdad que está en su origen. Y también que si las políticas que aplicasen los gobiernos, como viene sucediendo, fueran las que satisfacen a los grandes grupos financieros y patronales la crisis traería consigo un mayor aumento de las diferencias entre mujeres y hombres.

Esto último es lo que ha pasado y los gobiernos han sido plenamente conscientes de los efectos tan injustos de sus políticas que han tomado también medidas orientadas a ocultarlos o disimularlos.

Así, en cuanto comenzaron a tomarse medidas «contra la crisis», un eufemismo que en realidad ha significado a favor de la banca y de las grandes empresas, lo primero que hizo el anterior gobierno, incluso a costa de incumplir su propia Ley de Igualdad, fue dejar de evaluar el impacto que iban teniendo sus decisiones sobre la diferente situación de hombres y mujeres. Es decir, invisibilizar su efecto desigualitario.

Ahora, al gobierno de Rajoy tampoco parece que le preocupe determinar previamente quiénes serán los paganos o principales beneficiarios de las medidas que adopta, única forma de poder seguir difundiendo la mentira de que sus políticas satisfacen los intereses nacionales cuando en realidad simplemente están favoreciendo a los sectores sociales de mayor renta, riqueza y poder.

La primera batería de medidas que se acaban de aprobar es una muestra bien clara de que las cargas que genera la crisis se reparten muy desigualmente entre la población y que perjudican de un modo especial a las mujeres.

La congelación del salario mínimo (por primera vez desde 1967) cuando es uno de los más bajos de nuestro entorno europeo (solo por debajo de el de Eslovaquia o Portugal) perjudica considerablemente más a las mujeres trabajadoras que a los hombres porque hay un 15,5 de ellas que ganan menos que salario mínimo frente a solo el 5,6% de los hombres, según la última Encuesta de Estructura Salarial (2010).

La congelación del salario mínimo también afecta de forma más negativa a las mujeres que a los hombres porque las primeras suelen estar empleadas en puestos de trabajo peor retribuidos que son los que «tiran a la baja» los salarios mínimos más reducidos. El salario de las mujeres españolas es mucho más bajo que el de los hombres -como media un 78% del masculino- y la retribución media por hora trabajada que reciben es el 76,1% de la de los hombres. Y, según la mencionada encuesta, mientras que el 9,81% de los hombres ocupa empleos con salarios más de cinco veces el salario mínimo, ese porcentaje es de solo el 4,77% en el caso de las mujeres.

En particular, la congelación del salario mínimo es especialmente perjudicial para algunos colectivos de mujeres como las dedicadas al servicio doméstico (que emplea a 686.000 personas de las cuales el 90% son mujeres) puesto que su retribución se fija tomándolo directamente como referencia.

Y al disfrutar de menor renta, las mujeres serán también especialmente perjudicadas por la reforma del IRPF cuyo coste, como han demostrado los técnicos del Ministerio de Hacienda (http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=228), va a recaer principalmente sobre los trabajadores con menores niveles de ingresos.

El aplazamiento de la mejora en la pensión de viudedad también afecta especialmente a mujeres puesto que hay un 44,5% de ellas que son viudas frente a solo un 12,2% de los hombres. Y también el de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad que además supone un nuevo y vergonzoso incumplimiento de la ley, a pesar de que su coste es ínfimo (entre 200 y 250 millones de euros), puesto que debería haber entrado ya en vigor el año pasado.

La pérdida de poder adquisitivo que van a seguir sufriendo las pensiones igualmente perjudica especialmente a las mujeres puesto que, como media, la pensión que reciben es más baja que la de los hombres (aproximadamente el 61% de la que perciben como media los pensionistas masculinos) y hay muchas más mujeres pensionistas en situación precaria, de pobreza o exclusión: algo más del 70% de quienes reciben las más bajas pensiones no contributivas son mujeres.

La moratoria en la puesta en marcha de la ley de dependencia supone asimismo un perjuicio y una carga adicional principalmente para las mujeres puesto que son mujeres la inmensa mayoría de quienes asumen la tarea de cuidar a las personas dependientes fuera (casi el 95% en el caso de las auxiliares de las residencias) o dentro de sus domicilios o familias (en más o menos la misma proporción).

La congelación de plantillas en el sector público también perjudica especialmente a las mujeres por varias razones. Primero porque las mujeres son las que en mayor número se vienen incorporando a él y, sobre todo, en ámbitos más feminizados (sanidad y educación) en donde los recortes están siendo más amplios como consecuencia de que en realidad no se busca ahorrar gasto sino privatizar servicios públicos para ponerlos a disposición de las grandes empresas y bancos.

Además, las mujeres ocupan en el sector público los puestos más precarios y por tanto más afectados por los recortes en número y gasto de personal. Representan el 30,05% de los funcionarios pero el 51,09% de los contratados laborales y el 55,64% del personal eventual. Y, por otro lado, mientras que representan el 70% del cuerpo y categoría más bajos (C2) solo el 29,13% del personal del cuerpo de mayor rango (A1), son mujeres, todo ello según el último informe del Ministerio de Hacienda sobre Personal al servicio del Sector Público Estatal 2009. En consecuencia, la menor entrada de personal y la amortización de plazas, además de la congelación de sueldos, le afectará principalmente a los empleados públicos de sexo femenino.

En otro orden de cosas, también va a ser extraordinariamente negativo para las mujeres el consenso que desgraciadamente parece que suscriben incluso los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, para promover el empleo a tiempo parcial. Cuando su promoción se hace coincidir con políticas que deprimen la actividad y el ingreso, con la disminución del gasto social y de las infraestructuras del bienestar colectivo y con un silencio casi total sobre la necesidad de promover avanzar hacia la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, no se puede creer que detrás de más empleo a tiempo parcial vaya a haber la posibilidad real de generar más actividad y más puestos de trabajo decentes sino otra cosa muy distinta. Lo que vendrá inevitablemente será una modificación de la división del trabajo para volver a esquemas patriarcales que implican especializar a las mujeres en una doble tarea laboral, la no retribuida en su familia y la puntual y mal pagada en el mercado de trabajo. O lo que es lo mismo, una versión postmoderna pero incluso más precaria aún de la pata quebrada y en casa del franquismo.

Finalmente, y en términos más generales, no podemos olvidar que la disminución del gasto social, no solo en los campos a los que acabo de hacer referencia, está perjudicando también de modo particular a las mujeres porque los recortes, como está pasando especialmente en las comunidades gobernadas por el PP, se están aplicando más o menos subrepticiamente a muchos servicios específicamente destinados a cubrir necesidades o intereses femeninos como los institutos de la mujer, los servicios de ayuda jurídica o a destinados a luchar contra la violencia de género.

En suma. Las clases trabajadoras y los grupos sociales de menor renta en general son los que en mayor medida están pagando los costes de las políticas que se aplican frente a una crisis provocada por los banqueros pero que se destinan justamente a aumentar su poder y sus privilegios.

Pero eso no es todo porque, dentro de ellos, las mujeres soportarán un peso mucho mayor de esos costes. Si son empleadas, porque tienen más probabilidad de perder el puesto de trabajo que los hombres y porque les afectará en mayor medida que a ellos la pérdida de sueldo y salario; si son pensionistas o reciben prestaciones sociales porque la pérdida de ingresos por los recortes será mayor que la que sufran los hombres; si solo trabajan en su casa porque la menor provisión de bienes públicos de atención y cuidado (guarderías, servicios de dependencia, etc.) les hará trabajar más horas ya que no se fomenta la corresponsabilidad y porque el aumento del paro masculino y el tener al marido en casa en lugar de quitarle problemas de conciliación se los aumenta (como han demostrado Lina Gálvez y Mauricio Matus en Impacto de la ley de Igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las empresas andaluzas, Fundación de Estudios Sindicales 2010).

La patronal y la derecha más recalcitrante ha señalado en muchas ocasiones que las políticas de igualdad y en concreto las de igualdad entre mujeres y hombres son simplemente «guindas», lujos que ni siquiera en tiempos de expansión y vacas gordas nos podemos permitir. No solo demuestran así el carácter reaccionario, arcaico y patriarcal de su pensamiento. Con ello va también su ignorancia porque la experiencia nos está demostrando claramente que la mayor desigualdad y la discriminación entre los seres humanos han sido el freno más potente del progreso y la causa de las crisis y de las perturbaciones sistémicas que estamos viviendo.