La normalización del asesinato de estado

El asesinato de estado siempre ha figurado entre los usos de los estados; para justificarlo se inventó la idea de la «razón de estado», lo que significa que quienes mandan hacen cuando quieren lo que les da lagana sin más.

Ocurre sin embargo que en estos primeros años del siglo, y sobre todo en los últimos meses, se están normalizando los asesinatos sin que los estados traten de ocultarlos, como se hacía en el pasado; ahora no parece importar que sean conocidos. Veíamos aquí, hace unas semanas, los asesinatos decididos sin juicio por la administración norteamericana: el de Ben Laden (a quien nunca se le abrió un procedimiento judicial en Norteamérica, no se olvide), o de otros indiciados como terroristas. Incluso el de ciudadanos norteamericanos. Ahora el Mossad israelí parece dedicarse a asesinar a los científicos que pilotan el programa nuclear iraní. La rara enfermedad que le costó la vida a Arafat en pocas semanas fue en todo caso un asesinato más disimulado. El asesinato selectivo parece haberse convertido en un simple instrumento de la política. Una variante de la continuación de la política por otros medios.

Si la democracia es falsa, ¿por qué debíamos esperar que el estado de derecho fuera verdadero? Y, en buena lógica filosófico-jurídica, si los estados no están sometidos al derecho, entonces nosotros tampoco.

Reformas jurídicas

Hasta la cara se le ha metamorfoseado a Alberto Ruiz Gallardón, el nuevo ministro de —jajajá— justicia. Del dicharachero sonriente que acudía a las payasadas televisivas de Buenafuente ha surgido el rostro de ninguna broma que presenta ahora. Aparece entregado en cuerpo —como queda dicho— y alma —suposición obligada— a la materialización de proyectos reaccionarios, de España negra. Para empezar, desea reintroducir la cadena perpetua —en esto el PP reacciona como las plañideras (y plañideros, para ser políticamente correctos además de veraces) que se dan cita en todos los juicios, pidiendo sangre—; pretende regresar a la menos permisiva de las leyes que legalizaron el aborto en España ya que no puede eliminarlas; busca eliminar el control parlamentario de la judicatura, colocándola enteramente fuera del control democrático y, de momento, en manos de las asociaciones judiciales de derechas. Gallardón ignora que todos los poderes de un estado democrático deben derivar del pueblo —y no de unas oposiciones a funcionarios—, pero esta ignorancia es excusable porque el flamante ministro se licenció en derecho por la privada, por el CEU, el centro de estudios San Pablo (los propagandistas católicos, en una palabra).

El PP aspira a controlar el Tribunal Constitucional haciendo vitalicios a sus miembros (y designándolos ahora, cuando puede). Esto, Gallardín no lo ha propuesto aún, pero sí se le ha escapado a una de sus coministronas. Hablando en plata: esta gente, con su mayoría absoluta, aspira a dejar atado su predominio político para cuando pase a la oposición.

Trabajar gratis

Me han contado que, para conseguir empleo, aunque fuera precario, temporal y a tiempo parcial, una persona joven se ofrecía a trabajar gratis un mes para que luego, si querían, le dieran trabajo remunerado.

Al parecer la patronal está estudiando sustituir los contratos temporales de unas semanas de duración que empalman uno con otro por trabajos gratuitos de un mes de duración que se sucedan en una empresa y en otras.

Fraga

Muchos jóvenes no saben quién fue Fraga, nos dicen en los media. Quizá convenga, para los jóvenes, recordarle:

Fraga es el autor intelectual de la ley electoral vigente, cuyo proyecto preparó para el gobierno de Arias Navarro, el primero de la monarquía, y que fue adoptado luego por la UCD.

Fraga fue el más ardiente defensor, en la ponencia constitucional, de la moción de censura positiva, o sea, el artículo 113 de la constitución vigente, que convierte en inocuo, para el poder ejecutivo, al parlamento español.

Fraga fue el inteligente mediador de la derecha franquista para convencer a esta misma derecha de que no tenía nada que temer del régimen de libertades: para convencerla de que el pasado sería no sólo amnistiado sino olvidado, que nadie investigaría nada, desde los asesinatos a los enriquecimientos, por lo que mereció que incluso sus adversarios políticos dijeran de él que fue «un gran hombre de estado».

Fue quien tenía a su cargo el ministerio del interior cuando se produjeron los asesinatos de Montejurra; fue quien por entonces proclamaba: «¡La calle es mía!»

Y fue un hombre de estado, sí; es más: un hombre de estado totalitario. Participó en los gobiernos que aprobaron los asesinatos de Grimau y de otros. No hay información alguna de que intercediera por las víctimas de Franco.

Hay historias que le retratan bien: cuando en 1962 la guardia civil de Oviedo torturó a varios mineros y rapó a sus esposas, el escritor franquista Cela se interesó por aquel asunto ante Fraga. Fraga le dijo que aquellas torturas y malos tratos eran mentiras inventadas por los comunistas. Cela, poco tiempo después, viajó a Asturias, donde avergonzados oficiales de la Guardia Civil le confirmaron que los malos tratos y las torturas eran ciertos. Cela fue entonces a decirle a Fraga que los propios oficiales de la Guardia Civil estaban avergonzados. «Aunque sea verdad, no irás ahora a hacerles el juego a los comunistas», le respondió Fraga.

Los hombres de estado son así. Y hasta despiertan simpatías. Fraga las suscitaba en Gregorio Peces Barba, quien decía de él que era una persona encantadora.

La Shell

Los colorines de esta marca de carburante son inconfundibles. Pues bien: la Shell vierte residuos de sus extracciones en el delta del Niger, y, como es natural para el capital, no se molesta en limpiar la zona de sus productos tóxicos. Por eso, aunque los concesionarios de la Shell no tengan ninguna culpa de lo que hace la Shell en Nigeria, conviene no repostar en sus gasolineras. Los concesionarios siempre pueden cambiar a un proveedor menos guarro.

Un saco roto

Los antidisturbios catalanes que cargaron contra los manifestantes de la plaza de Cataluña Barcelonesa ocultaban su número de placa. Los maderos madrileños que cargaron contra quienes protestaban las nuevas tarifas del metro, también. Los gobiernos de derechas, obedientes a la burguesía más pudiente, que ocupan las instituciones en Barcelona y en Madrid, se ríen de la legalidad en la vida pública como han aprendido a hacerlo desde siempre en su vida privada.

No sé yo ahora si los mossos y funcionarios de prisiones que se manifestaban contra los recortes salariales en Barcelona a primeros de enero mostraban o no su número de placa. Supongo que no tenían orden de ocultarla. Y me pregunto qué pasará el día en que los antidisturbios se pongan en huelga, sobre todo si es en huelga de celo.

Porque la deslegitimación de las instituciones es galopante: políticos que hacen lo que han prometido no hacer, y que no hacen lo que han prometido hacer. Utilización de las posiciones en puestos públicos para llenarse los bolsillos, desde el más encumbrado de los conseguidores a los diferentes prebostes de comunidades autónomas —los honorables o muy honorables enjuiciados Matas y Camps, por no hablar de aquel Jordi que se libró de eso porque todo prescribe y porque el Fondo de Garantía de Depósitos protege a los depositantes de bancos quebrados—, pasando por el asombroso presidente aerodromizado de la Diputación de Castellón, los munícipes de la basura de Alicante o los ya casi olvidados pero pintorescos y televisivos de Marbella, sin contar además con los Millet, Alavedra o Prenafeta, o antes les amis du roi, Mario Conde, Prado Colón de Carcajal, Javier de la Rosa, etc., todo un Mediterráneo de gentes que han encontrado su nicho ecológico en la ancha malla del tejido pseudodemocrático español.

Este sistema jurídico-político es un saco lleno de rotos. El Lobo propugna construir un saco nuevo, de fibra transparente.

Totalitarismo lingüístico en Tarragona

Supongo que ya la habrán retirado y se la habrán tragado, pero no deja de ser definitorio de la deriva totalitaria del nacionalismo conservador catalán esa instrucción de no sé qué autoridad del Institut Català de la Salut —la medicina pública— tarraconense que ordenaba a todo el personal sanitario dirigirse en catalán a los pacientes con independencia de la lengua que usaran éstos e incluso aunque no comprendieran la bella lengua de la dolça Catalunya. El Lobo insiste en que las políticas lingüísticas, tras prolongada y exitosa normalización, son hoy puro racismo. Para algunos el catalán es la religión de Cataluña.

Por fortuna, para la mayoría la verdadera religión catalana es el Barça.

Y un perfume: Recuerdo de Ernest Labrousse

Cuando el que suscribe era un joven lobezno tuvo la fantástica suerte de escuchar una conferencia de Ernest Labrousse, el gran historiador: Cómo nacen las revoluciones. Le quedó claro que para que nazcan las revoluciones han de estar ya en el aire las ideas revolucionarias, las propuestas de transformación de una sociedad; y han de ser tales ideas conocidas por muchisima gente, por adversarios y partidarios. También recuerda que el profesor Labrousse no creía que el momento de las revoluciones se produjera cuando la gente está en lo peor, en el momento malo, golpeada, sino cuando sale de ese momento malo, cuando además de tener las ideas revolucionarias sabe por lo que ha tenido que pasar y obra en consecuencia porque ha recobrado fuerzas para hacerlo.

Tal vez la cosa no se cumpla siempre, pero como teoría de la revolución —no de la simple revuelta—, este Lobo sigue concediendo crédito a Ernest Labrousse, o al menos a Cómo nacen las revoluciones.