En los últimos años viene imponiéndose un mensaje que caracteriza la inmigración desde la negatividad, estableciendo la misma como oportunista respecto a prestaciones sociales y no como una posibilidad de alejarse de la pobreza y conseguir una vida digna.

Esta construcción se inició con el discurso de algunos medios de comunicación sobre el concepto “inmigrante ilegal”, estableciendo una imagen peyorativa sobre trabajadores y trabajadoras extranjeros: curiosamente, nunca hemos escuchado que refieran “empresa ilegal” o “conductor ilegal” para esos sujetos cuando cometen ilícitos administrativos. “Ninguna persona es ilegal” no es tan solo una consigna en defensa de la igualdad, sino rigurosidad jurídica: tan sólo los actos son ilegales. Además, instrumentos jurídicos internacionales establecen la migración como un Derecho. Se ha transformado un mero ilícito administrativo, la falta del permiso de trabajo o de residencia, en una construcción de ilegalidad. Esta realidad no combatida en su día ha logrado parcialmente la fragmentación de la clase trabajadora, según país de origen, a la vez que puso las bases para que la derecha y la extrema derecha lanzasen un discurso demagógico sobre la inmigración, en el cual se transformaba a los sectores más explotados en supuestos aprovechados de ayudas y prestaciones sociales, cuando la realidad demuestra que el uso es inferior al que por su participación en el total de población con menos recursos les correspondería. Curiosamente los mismos que establecen el demagógico discurso sobre inmigración y prestaciones nunca protestan por los recortes que sufren en conjunto de los derechos sociales.

El populismo racista traslada que los inmigrantes realizan un uso desproporcionado de los servicios públicos, como si tener que recurrir a la educación o la sanidad pública fuese una opción viciosa y no una necesidad. Desde el rigor todos los estudios sobre la cuestión van en  sentido contrario. Por citar el de una empresa privada separada de cualquier visión progresista, La Caixa, en Inmigración y Estado del bienestar en España indicaba: “Menos del 1% de los pensionistas son extranjeros” “Los inmigrantes consultan un 7% menos el médico de cabecera y un 17,5% a especialistas” “Tan sólo el 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales y el 11,2% de rentas mínimas de inserción se dirigen a inmigrantes” y todo ello teniendo en cuenta que el 30% de los inmigrantes están situados en lo que son considerados umbrales de pobreza, siendo el porcentaje de los nacionales españoles del 18%.

Debería no ser necesario afirmarlo, pero no existe ninguna ayuda, prestación o subsidio sobre el que la inmigración tenga un derecho preferente; más bien lo contrario: existen diferentes prestaciones de las que son privados algunos extranjeros. Así, a los inmigrantes que no cuentan con permiso de trabajo se les niega la prestación de desempleo, con independencia que hayan trabajado el tiempo requerido para la misma y se haya procedido a levantar las correspondientes actas de cotización. De la misma manera, es excusa para no aprobar el subsidio para mayores de 52 años o las pensiones de invalidez por enfermedad común el carecer de permiso de trabajo y residencia. En un paso más, según denuncian diferentes asociaciones, desde el SPEE se está procediendo a enviar instrucciones para que se requiera pasaportes a inmigrantes de determinadas nacionalidades con el objeto de controlar sus periodos de ausencia del Estado español y retirar así las prestaciones que perciben, lo que supondría en todo caso un acto de discriminación directa. De la misma manera se empieza a establecer para ayudas sociales  requisitos de  hasta 5 años de residencia, lo que supone una vulneración de los principios de libertad de circulación y puede ser constitutivo de una discriminación indirecta por razón de nacionalidad. En todo caso, más allá del análisis jurídico, tendrá como efecto la imposibilidad  de acceder a esas ayudas a un sector importante de la inmigración.

Difícilmente se podrá ahora solicitar ese confuso discurso de la integración a quien se discrimina. Al poder político le correspondería establecer medidas para evitar actuaciones discriminatorias en las prácticas privadas, evitando así una construcción del gueto por el cual, con independencia del esfuerzo y el trabajo, se margina por origen nacional y de clase. Por el contrario empezamos a encontrar regulaciones públicas que suponen actos discriminatorios. Mañana, los populistas de las tertulias se preguntarán por qué arden los barrios de la periferia.
 
[Vidal Aragonés es abogado laboralista del Col·lectiu Ronda y profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB]