Uno de los grandes y malaventurados temas estrellas de la Cumbre de Bruselas celebrada el pasado 8 de diciembre fue la cuestión de la modificación de los tratados de la Unión Europea o lo que el ocurrente presidente francés, Nicolas Sarkozy, llama “refundación”. Reforma no conseguida a raíz del veto interpuesto por Inglaterra, celosa de su soberanía nacional y en coherencia con su tradicional y conocido euroescepticismo. Esto aunque detrás del veto británico hayan estado los habituales y oscuros intereses de los más poderosos. David Cameron no parece estar dispuesto a que la Unión Europea imponga regulaciones a su sistema financieros. Si bien, a pesar de la imposibilidad de una reforma de los tratados, Merkel y Sarkozy parecen haberse apuntado un tanto, al conseguir un acuerdo intergubernamental para la implantación de una política presupuestaria y fiscal común. Tema espinoso que ha venido arrastrándose desde la firma del Tratado de Maastricht  en 1993.En los años 90 la política fiscal común era una reivindicación sobre todo de las corrientes más europeístas, federalistas y progresistas, testigos de los efectos nefastos que estaban teniendo las políticas de rebaja masiva de impuestos a las rentas más altas, la aguda crisis fiscal y desfinanciación del Estado del Bienestar y la evasión de capitales hacia los paraísos fiscales. Como es sabido, topó con la oposición frontal de la derecha política y de los grandes intereses económicos y financieros. Lo que se quiso dejar fuera de discusión es que los capitales pudiesen circular libremente por todo el territorio comunitario, concentrándose en los países con políticas impositivas más adaptadas a sus intereses. En efecto, el temor consistía en que se acabase implantando  una política fiscal común que restase margen de maniobra a las grandes fortunas, provocando su fuga masiva hacia los paraísos fiscales. Esto sobre todo cuando las políticas fiscales permanecían en el imaginario político y colectivo fuertemente relacionadas con la financiación, a cargo del proceso de acumulación, de las partidas presupuestarias de naturaleza redistributiva.

Como nos ha recordado el prestigioso sociólogo Danilo Martucelli en una brillante conferencia sobre la crisis del Estado del Bienestar impartida en España el pasado mes de agosto, desde finales de los años 70 y sobre todo con el advenimiento de la Era Reagan, lo que han conocido tanto los Estados Unidos como la Europa comunitaria es una campaña ideológica contra la penalización fiscal del capital y la divulgación de argumentos con grado variado de demagogia sobre los valores de la propiedad privada y la dimensión política y socialmente injusta de su expolio por parte del Estado y de los Poderes Públicos. Se impuso así el principio cultural del “sálvese quién pueda”. En el campo de la propia teoría política neoconservadora se arguyó que la demandas de la sociedad se habían vuelto no sólo “ingobernables”, sino insostenibles para el Estado. Un discurso que por su simpleza y fácil inteligibilidad, gozó de calado social y explicó el curioso apoyo de las clases medias a Reagan, hoy arruinadas por la crisis de las hipotecas basura y convertidas en la base sociológica y electoral del Tea Party.

En un clima ideológico semejante, basado en lo que Robert Rich ( ex–Secretario de Estado con Bill Clinton) denominó la “secesión de los ricos”, no es extraño que a la hora de elaborar las cláusulas del Tratado de Maastricht se considerase la política fiscal y presupuestaria común una propuesta excesivamente “socialdemócrata” de la que aborrecían inversores financieros, grandes corporaciones empresariales y las capas sociales con los ingresos más altos, cuyos intereses venían adecuadamente abanderados  por los partidos políticos y los gobiernos conservadores europeos.

La verdadera articulación política de lo que en los 80 y 90 se denominaba en tono risueño “Estados Unidos de Europa”, pasaba no sólo por la unidad de mercado, sino por la unión fiscal y la armonización de los sistemas de protección social. La celebrada utopía europeísta consistía para muchos en trasladar a las instituciones europeas los instrumentos y estructuras de cohesión e integración que se habían dado los propios Estados con las revoluciones nacional-industriales del XIX. Por supuesto readaptadas a las nuevas coordenadas brindadas por la mundialización, la era de la información y del conocimiento y las hiper-modernas revoluciones tecnológicas que estaban modificando en gran parte las relaciones sociales, las dinámicas colectivas y los valores culturales. En suma, crear un espacio político basado en la ciudadanía, un espacio social vertebrado sobre el trabajo y la legislación laboral común  (tal y como lo había venido reclamando la Confederación Europea de Sindicatos), un espacio económico, monetario y fiscal y un espacio cultural de conciencia europea. Junto a todo lo anterior la política exterior y de defensa común acabarían de circunscribir, en efecto, el gran proyecto político de unidad que parecía garantizar al continente una inmunización histórica frente a la experiencia atroz de los fascismos, de la guerra y de la política de los bloques.

Obviamente, la cosa se ha  quedado en una mera y denostada moneda común que, a diferencia de lo sucedido con el Estado moderno, no ha forjado una conciencia colectiva, pero que en cambio sí ha acentuado los sentimientos de inseguridad entre los ciudadanos, siendo percibido como un simple vehículo financiero en beneficio de unos pocos y en ningún caso como una categoría política y simbólica. Como consecuencia, los arranques de nostalgia patriótica hacia las monedas “nacionales” están a la orden del día, sin que el retorno a las mismas sea una solución, sino más bien una auténtica catástrofe.          

Hoy parece que, después de tantos años de desafecto y falta de voluntad  política, la cuestión de la política fiscal y presupuestaria común se ha convertido en la gran estrella de la actualidad económica. No deja de ser paradójico que lo que en otros tiempos fue la  bestia negra de la derecha europea y de los grandes intereses económicos y financieros íntimamente vinculados a ella, se haya convertido de repente en la solución a los grandes problemas de la Unión y en la pieza clave para salvar al euro. La cuestión está en saber si se trata del triunfo de las tesis de los europeístas más acérrimos, que pueden ver en ello un paso adelante en el proceso de integración política europea o si los objetivos son otros.

A la vista del nombramiento en Italia y Grecia de dos títeres al servicio  del mundo financiero y bajo el título  de “técnicos” y comprobada la reforma constitucional que se ha impuesto a nuestro país en relación al gasto y déficit público (que se quiere generalizar a todos los países), los indicios sobre las verdaderas motivaciones e intenciones de esa política fiscal y presupuestaria común parecen bastante claros. Es decir, la  generalización de un proceso de desfinanciación del Estado a través del rigor presupuestario que sentencie, ya no sólo la muerte de las políticas y los gastos sociales y por lo tanto la propia cohesión de la sociedad, sino del papel de los Poderos Públicos en el relanzamiento y dinamización de la vida económica mediante inversiones en la innovación del sistema productivo. La negativa de la emisión de eurobonos, o sea, al establecimiento de una deuda solidariamente asumida por los países miembros, y la amenaza de las sanciones a quienes no cumplan con los objetivos de déficit, deja a las naciones a merced bien de los especuladores, bien de unas instituciones europeas tecnocráticas.

Pieza angular en su momento de la utopía europeísta, hoy es evidente  que la fiscalidad común pretende convertirse en un instrumento político no  al servicio de una sociedad civil europea cohesionada, sino de una ideología concreta: el neoliberalismo y el principio de abdicación del Estado y los Poderes Públicos en sus funciones  a la vez socialmente redistributivas y económicamente dinamizadoras. Visto como el “pensamiento único” se consolida y la izquierda europea no sale de su crisis ideológica y política, demostrando su incapacidad de repensar las políticas económicas y de hacer frente a unos poderes financieros que pretenden liquidar el papel de lo público, se refuerza la hipótesis de que la política fiscal y presupuestaria común sólo contribuya a la materialización de los peores augurios. O sea, el incremento del desempleo en un tejido productivo sólo autorregulado por el mercado y la formación de dualidades entre los más ricos y los más pobres, entre la “secesión” de los millonarios y la “exclusión” de los miserables. Es muy posible que, más que una mayor integración y cohesión europea, la política fiscal común, al menos tal como se presenta ideológicamente, no sirva para otra cosa que europeizar la pobreza y terminar de desvertebrarla.