¿Es la expresión de este título políticamente incorrecta? Dependerá, en todo caso, del contexto.

En el discurso pasoliniano, por ejemplo, la emotiva expresión denotaría el reconocimiento de la necesidad de adaptación: hay que ‘adaptarse’ de algún modo a eso que llamamos realidad para poder ajustar cuentas con ella. Pero no se trataría de una adaptación indefinida por contingente y relativa, ya que actuaría como resistencia a la expectativa de la clase política de imponer una adaptación sumisa, una especie de sacrificio colectivo sostenido por la confianza que debe depositar la ciudadanía inexperta en los gestores políticos, a quienes sólo parece afectarles las consecuencias de una clase específica de crisis, la que provoca su revocación en la decisión electoral colectiva.

La perversión cínica del poder en una democracia permite a una subclase de ciudadanía, la elite política, ser sólo víctima de crisis políticas, nunca económicas o sociales. Es evidente que tal privilegio no responde a ninguna clase de voluntad popular, razonable o empírica.

Por lo tanto, una respuesta colectiva a este privilegio radica en la libertad de elección entre las posibles formas de adaptación. Tal iniciativa voluntaria, espontánea, será diversamente obstaculizada por varios factores; entre ellos, la carencia de recursos para lograr el consenso popular sin la mediación política, así como el paradójico hecho de que la clase política que detenta el poder en la democracia capitalista censure la autonomía ciudadana como una forma de competencia desleal, incapacitada para elaborar un diagnóstico imparcial, y siempre dispuesta al insulto personal, al linchamiento y demás emociones gregarias.

Después del 15-M, estos factores ya sólo mantienen un nivel de presión formal; de ahí que sea un reto, para la oposición ciudadana, no desatender los obstáculos formales que imposibilitan una traducción del juicio ético-social que la ciudadanía ha expresado, en su consenso espontáneo, voluntario, de manifestación pacífica de su revocación global, en los términos de una denuncia, no de la impunidad de un determinado partido político, sino la de una forma de gobernar.

En un país normal, la adaptación a la realidad formal produciría un nivel histórico de abstención electoral, pero la normalidad de la voluntad popular razonable es una ficción teórica, su voluntad empírica siempre acabará razonablemente por legitimar la misma forma de hacer política, porque es la única que se ofrece, no la única posible, pero la que mejor sabe presentarse según criterios chantajistas de realismo y utilidad.

Esta variable histórica del conformismo social se habría configurado en el desarrollo del estado de bienestar, por tanto, al mismo tiempo que se daba el reconocimiento de los derechos sociales. Considerada como un déficit o un obstáculo en relación a la autonomía ciudadana, no es, ciertamente, un fenómeno incondicionado, arbitrario y contingente. Evitar una abstención absoluta sería la respuesta, no al temor a la desarticulación del sistema democrático, sino a la del estado de derecho.

Ha sido ésta, en todo caso, mi interpretación de mi experiencia como participante en manifestaciones locales, vinculadas a sectores específicos del ámbito laboral o a los usuarios de las instituciones públicas: ya no estaríamos frente a una denuncia ético-social global, ya no se trataría exclusivamente del interés común, sino de prioridades, siendo la primera de ellas la conservación de los derechos adquiridos.

Se impone entonces una lógica perversa: nuestros últimos derechos adquiridos, ya sea como usuarios o como profesionales, han sido de naturaleza social y una consecuencia directa del capitalismo primitivo, porque representaron una forma de atenuar y, en el mejor de los casos, contrarrestar la hegemonía de la economía de mercado y financiera, en definitiva, la justificación del modelo económico mixto con la participación estatal en la planificación de una economía social. La fundamentación económica de los derechos sociales adquiridos quedó así dogmáticamente vinculada a un único modelo de producción, el capitalismo, y a un único modelo formal de gestión política, la democracia meramente delegativa.

Lo grave de esta vinculación no se refiere a la insuficiencia de la delegación, sino a la posibilidad de que las condiciones de desarrollo del modo de producción erosionen las que permiten satisfacer las demandas vinculadas a los derechos sociales reconocidos, como es el caso de los recortes impuestos a las instituciones públicas que tutelan nuestros derechos sociales, siendo afectadas las dos clases de ciudadanos que participan de la productividad social no empresarial, usuarios y profesionales. Los primeros no siempre valoran la relación entre la calidad asistencial y los derechos económicos laborales adquiridos de la misma forma que los últimos; en la dirección contraria, los profesionales se desentienden de todo aquello que no sea negociable desde su propio sector. Todo esto es razonable y empíricamente inevitable.

Como ejemplo de lo primero, tendríamos la no participación del ciudadano usuario en las manifestaciones sectoriales; de lo segundo, valdría la coacción y la especulación como formas de negociación de las condiciones precarias: si no se despiden a algunos profesionales, habrá que recortar las nóminas de todos. En una negociación tan deshonesta, se puede siempre anticipar el resultado: desplazar al máximo los efectos de las condiciones precarias para que afecten a otros.

Puede el lector identificar este análisis al margen de todo posible realismo o pesimismo. La subjetividad comprometida puede ser más amplia y menos pragmática. Lo que motiva este análisis es el objetivo de desideologizar la voluntad empírica de la ciudadanía, tanto en su condición de usuaria como de profesional. Al hacerlo, debería de apreciarse cuál es el origen emocional y sentimental que facilita la cohesión en la resistencia y la denuncia, ya se trate a nivel local o global.

No se apreciaría, en mi opinión, un temor irracional a la desarticulación del sistema democrático; por lo tanto, la voluntad ciudadana, empírica y razonable, no estaría exigiendo directamente una solución política a la crisis, ya que, además, se sabe no legitimada para desarrollar una alternativa al margen de la mediación política, y, no conviene olvidarlo, los agentes económicos que han participado en la construcción de burbujas y otra clase de basura financiera son también ciudadanos, como también lo son los políticos neoliberales o socialdemócratas responsables de que esos agentes hayan burlado la necesidad sistémica de imponer unos límites al crecimiento, actuando como si éstos no pudieran materializarse debido a la posibilidad de crecimiento de los propios límites, desentendiéndose de los valores ecológicos de eficacia, eficiencia y sostenibilidad.

Si el asunto se reduce al fenómeno de la impunidad, entonces, la voluntad ciudadana manifiesta un razonable temor a la desarticulación del estado de derecho. Reclama y exige una solución jurídica a la crisis sin imponer el contenido y forma de la misma. Esta delegación a los expertos tiene un carácter vinculante específico, dado que determina la orientación de la investigación, centrada, en su primer desarrollo, en el ámbito del derecho penal económico, teniendo como expectativa la justificación jurídica de decisiones políticas que habrían lesionado bienes jurídicos colectivos.

De parecer ahora utópica esta solución, convendrá recordar cómo la denuncia ciudadana con mediación jurídica logró establecer precedentes para clases de delitos que en el pasado quedaban impunes, como en el caso de los delitos cometidos contra el medio ambiente.

Sin esa mediación jurídica, el ajuste de cuentas con nuestra realidad social actual, y la correspondiente adaptación, no logrará situarnos más allá, razonable y empíricamente, de la crisis económica e institucional, de manera que nos sea posible probar la vinculación de ambas con la impunidad que ha vulnerado la condición necesaria y suficiente para el ejercicio democrático de nuestros derechos y obligaciones civiles, políticos y sociales: la isonomía, la igualdad ante la ley, condición necesaria y suficiente para la conservación del estado de derecho, la democracia representativa y, tal vez, el bienestar general.