Este verano apareció en la «red» un documental realizado por Diego Marin Verdugo sobre la protesta de los estudiantes chilenos. El vídeo se titula «MalEducados! El problema de la educación en Chile». Puede verse al final de esta nota, y merece la pena hacerlo.

La idea central de las reivindicaciones de los estudiantes chilenos, tanto universitarios como de enseñanza media, es que la enseñanza no debe ser una mercancía. Considerar la enseñanza como una mercancía significa producirla con el fin de obtener un beneficio, una plusvalía, de valorizar el capital invertido. Por eso, los estudiantes chilenos corean «No al lucro» en sus manifestaciones. Desde el punto de vista del «consumidor», la enseñanza como mercancía significa enseñanza sólo al alcance de los más pudientes. La calidad de la enseñanza media depende en Chile de la capacidad adquisitiva. Acceder a la enseñanza universitaria depende de tener dinero para pagarla. Según el testimonio personal de unos estudiantes chilenos, la Universidad en Chile cuesta una media de 400 euros al mes. Teniendo en cuenta las diferencias de nivel de vida entre nuestro país y Chile, tendríamos que multiplicar esa cifra al menos por 3 para entender su significado real (el PIB per cápita de España es de 31.457 dólares y el de Chile de 15.800. Pero Chile es un país mucho más desigual que España: el coeficiente de Gini —cuyo valor 0 expresaría la igualdad total y el valor 1 la máxima desigualdad— es en Chile de 0,557 y en España de 0,325. Como muestra de ello, el salario medio en España se sitúa en unos 1.600 euros mensuales, mientras que el de chile apenas supera los 500). Estamos hablando, pues, de una cantidad equivalente a 1.200 euros mensuales aquí. Eso es lo que viene a pagar en España un estudiante por un curso completo de derecho, por ejemplo; en cambio, en Chile, la cuota mensual de la universidad se «come» prácticamente el salario medio mensual de un trabajador. Por eso las familias trabajadoras o los propios estudiantes tienen que sobreendeudarse para poder pagar la universidad.

Boaventura de Sousa Santos ya advertía sobre el peligro de la mercantilización de la universidad en un texto titulado «La universidad del siglo XXI». Su diagnóstico y sus predicciones pueden verse plenamente confirmadas en Chile. Por su parte, Manuel Sacristán señaló ya en los años setenta la contradicción existente entre la universidad accesible a la mayoría y una sociedad capitalista (en «La universidad y la división del trabajo». El texto editado en Sevilla en 1972 puede descargarse de aquí, pero tiene bastantes erratas. Una edición mucho más cuidada puede encontrarse en el volumen titulado Intervenciones políticas, editado por Icaria en 1985; esta edición puede consultarse online, pero no descargarse, en este enlace). Según Sacristán, la sociedad capitalista es una sociedad elitista, y la universidad ha proporcionado tradicionalmente una parte importante del sustrato simbólico de ese elitismo mediante el prestigio de sus títulos. Sin embargo, en la actualidad un 40% de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años posee un título superior. Es un porcentaje muy superior tanto a la media de la UE como a la de la OCDE (32%). La universidad española ha sido estos últimos años una de las más «democráticas» del mundo en cuanto a la posibilidad de acceso a la misma. Ése es un dato tremendamente positivo, pero también dificulta la legitimación de la jerarquía social. Tener un título universitario no puede ser presentado convincentemente como justificación de los privilegios laborales o sociales.

Sacristán auguraba una rejerarquización interna de la universidad y de sus títulos como salida del sistema para superar la contradicción. Esa profecía se está cumpliendo plenamente en Europa. La distinción entre «grado» y «máster» introduce una diferenciación jerárquica donde antes había sólo licenciados. Pero la jerarquización intrauniversitaria se está llevando a cabo en Europa sobre todo por medio de otro mecanismo: poniendo a competir a las universidades entre sí para asignar el grueso de los recursos a las vencedoras.

Gran Bretaña es el país europeo más adelantado en este proceso. Alex Callinicos describió hace unos años la situación de la universidad británica en un libro titulado Las universidades en un mundo neoliberal, que puede encontrarse en esta web.

Según Callinicos, los gobernantes británicos vienen considerando desde la época de Blair que Gran Bretaña puede tener media docena de universidades competitivas a escala global. Hay 19 instituciones universitarias compitiendo decididamente por uno de esos 6 puestos. El resto ni siquiera cuentan. No podrán dedicarse a investigar (al menos con fondos públicos). Se tendrán que conformar con la enseñanza. De hecho, ya en 2001 quince universidades británicas recibían más del 60% de los fondos públicos para investigación. Y el porcentaje sigue creciendo.

La competencia se basa en evaluaciones realizadas en períodos irregulares. Estas evaluaciones se comenzaron haciendo mediante el procedimiento del peer review (al estilo de la evaluación de los «sexenios» de investigación de los profesores españoles). Pero, como resultaba demasiado caro, ahora se hacen utilizando métodos cuantitativos como la llamada «bibliometría». Para mejorar sus posiciones, las universidades británicas fichan a académicos «estrella» a la manera de los clubes de fútbol. Estas «pichichis» de los puntajes bibliométricos tienen unas condiciones laborales y salariales absolutamente privilegiadas. Los profesores que no dan el puntaje mínimo requerido son obligados a firmar contratos exclusivamente docentes, excluyéndoseles de la actividad investigadora (una tendencia que está apuntándose ya aquí por medio de los llamados «Planes de Dedicación del Profesorado» (PDP), que, sobre la base de puntuaciones arbitrarias basadas en criterios bibliométricos y utilizando criterios no explícitos, establecen las horas que cada profesor debe dedicar a docencia y a investigación). Por su parte, el profesorado británico en general ve aumentado su índice de precarización (por ejemplo, los estudiantes de posgrado han de dar las clases de los investigadores estrella), congelados o disminuidos sus salarios e incrementado el número de estudiantes a su cargo y de horas de docencia. Mientras tanto, los gerentes de las universidades se consideran a sí mismos ejecutivos de grandes empresas, y por tanto cobran un sueldo en consonancia con ello (y estamos hablando de retribuciones de varios cientos de miles de libras al año…).

La experiencia chilena y la británica tienen algo «bueno» para nosotros: nos permiten atisbar dos escenarios posibles de futuro. Uno, el de la universidad como negocio y la enseñanza universitaria como algo accesible sólo para los más ricos, o sólo a costa de hipotecarse hasta las cejas. El otro es el de la jerarquización de las universidades. La élite universitaria concentraría la mayor parte de los recursos públicos para investigación y contaría con el profesorado más prestigioso. El resto de las universidades fabricarían títulos sin valor de mercado. Obviamente, la mercantilización y la jerarquización universitarias pueden combinarse y dar lugar a un escenario aún más siniestro (como podría ser el de Estados Unidos).

A propósito de estas negras perspectivas, es necesario recordar que Aznar fue un gran adalid de las universidades privadas durante su mandato. La resistencia de los rectores de las universidades públicas impidió la liberalización del «mercado universitario», pero ahora esa resistencia parece muy debilitada a causa del déficit y del endeudamiento de las instituciones universitarias. La actitud «comprensiva» del rector de la UB frente al recorte del 15% del presupuesto para universidades de la Generalitat fue una buena muestra de ello. La perspectiva de una victoria aplastante del PP en las elecciones generales ensombrece aún más el panorama. Ya hemos visto su actuación en materia educativa en las comunidades que gobiernan. Un gobierno del PP a escala estatal (con mayoría absoluta o gobernando en coalición con CiU) significaría una gran contrarreforma educativa en toda España. Sólo una gran movilización ciudadana podría impedirlo.