No se puede considerar de otra manera la propuesta de Zapatero, inmediatamente apoyada por Rajoy, de limitar constitucionalmente el déficit público.

Un ulterior déficit público será necesario no sólo en España sino en casi todas las economías cuando se vuelva evidente que las políticas neoliberales que ya han generado el déficit existente son incapaces de estimular la actividad productiva. Entonces será preciso endeudarse más para emprender una política distinta: fomentar la actividad económico-productiva desde las instituciones públicas. De modo que, hoy, la limitación constitucional del déficit equivale a la consagración constitucional de una sola política económica: la esperpéntica política económica neoliberal.

Esta reforma constitucional, hecha en Palacio con la alevosía del verano y excluyendo la consulta siquiera formal a la calle, no es menor: volatiliza los restos de estado redistributivo que quedan tras los recortes sociales y de gasto público impuestos ya. El estado redistributivo está hoy en la letra muerta de la Constitución de 1978. Sólo la lucha social puede impedir mayores desaguisados.

Los responsables económicos y políticos de las políticas que han abocado a una crisis económica de gravedad y de consecuencias sin precedentes se hallan, todavía, en la dirección de un sistema económico en el que con la especulación se obtienen mayores ganancias que con la producción, a costa, claro está, de las poblaciones: de las vidas de quienes no pueden encontrar trabajo pese a que el trabajo está constitucionalmente garantizado; a costa de los que en España pierden su vivienda —también un derecho constitucional— fagocitada por el sistema financiero; a costa de la sanidad pública y —temo que lo veremos pronto— de la salud pública; a costa de la educación. En repúblicas bien ordenadas esos responsables serían juzgados y condenados con dureza. Pero no estamos en una república bien ordenada, sino en esta cosa.