Tras un verano agitado en el que parecía que el euro se iba a hundir por la furia de los mercados y que Barcelona y Madrid iban a arder por la virulencia física del clásico balompedístico, hemos sabido que los ricachones franceses han pedido a Sarkozy que les suban los impuestos. No, no es una broma: como ha afirmado en su nombre el presidente del Banco Nacional de París, Michel Pébereau, los magnates del capitalismo galo creen que para que el país salga de la crisis económica y “preserve” su modelo social es necesaria “una fiscalidad que pida a los más afortunados un esfuerzo más importante que a los otros” (La Vanguardia, 24 de agosto). El pobre Joan Rosell no debe de salir de su asombro ante tanta desvergüenza y desequilibrio mental: él, moderno capitán de industria y assenyat economista, sabe que la salida de la crisis no pasa por el incremento de impuestos comunistoides como el de Sociedades, sino por el inevitable “control del déficit público vía reducción del gasto público corriente” (comunicado del 19 de agosto de la CEOE: www.ceoe.es). En suma, unas política económica y fiscalidad que pidan más a los desafortunados que a los otros. En el fondo tiene razón él: que no cunda aquí el ejemplo gabacho y que cada clase social haga sus intereses. Sobre todo la trabajadora.

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Quien sí seguirá el ejemplo de Rosell es el inefable Silvio Berlusconi, sobre cuyas hazañas Mientras tanto lleva lustros hablando. Después de negar repetidamente la crisis y sacar pecho por la solidez económica italiana, Il Cavaliere ha tenido que rendirse a la evidencia: la de un país en bancarrota y socialmente exhausto a causa de una década de alocado neoliberalismo; el mismo al que se le volverá a exprimir para sanear una deuda pública gigantesca (120% del PIB) mediante un plan de recortes y reformas que congelará los salarios, reducirá el presupuesto para pensiones, sanidad y educación pública y sustituirá los convenios colectivos nacionales por acuerdos laborales a nivel de empresa. Estas medidas draconianas se desplegarán junto a una mayor presión fiscal hacia las personas que cobran más de 90.000 euros al año: en sí, algo lógico y obligado, si no fuera porque esquivan el verdadero problema que lastra el futuro del país: el fraude fiscal. Según un reciente informe del Instituto Italiano de Estadísticas, éste oscila entre los 255 y los 275 mil millones de euros, cantidades correspondientes al 16-17% del PIB y que el gobierno no parece intencionado en recuperar. Lo que hace es aferrarse a un plan de austeridad que no creará ocupación y causará lágrimas y sangre a unos trabajadores y unas clases medias cada vez más empobrecidos. En definitiva, el sueño berlusconiano del “¡enriqueceos todos!” va camino de no poder disimular ya su auténtica cara: un seguro para aventureros y clases altas sin escrúpulos y un espejismo para lumpens que anhelaban imitar las andanzas de un hortera rodeado de “mamachichos”.