En muchos países musulmanes existe el llamado “crimen de honor”, que implica la impunidad o la tolerancia hacia crímenes contra mujeres que hayan violado las normas de recato que se consideran inviolables. Un número creciente de personas —más allá de los sectores feministas— rechazan esta costumbre tradicional de opresión y sumisión de la mujer, pero la costumbre persiste y se plasma en la legislación. Por ejemplo, estableciendo que se trata de un crimen que merece un eximente y que se castiga levemente o como una simple falta y no como un delito.

En Palestina el problema está muy vivo: se registraron diez casos de crimen de honor en 2010. En 2002 se sometió al Parlamento un proyecto de reforma del Código Penal para acabar con la indulgencia hacia este delito, pero fue rechazado por una amplia mayoría de diputados tanto de Al Fatah como de Hamás, aherrojados por la mentalidad patriarcal o religiosa o por el temor a ser tildados de occidentalistas. Pues bien, en 2010 fue asesinada la joven Ayah Baradeya, de la población cisjordana de Sourif. Meses después se descubrió que había sido víctima de un tío suyo, taxista de 37 años, por haber flirteado con un compañero estudiante que no era del agrado de la familia. El hermano de Ayah, Rami Baradeya, no se resignó a que el culpable recibiera una pena menor y soliviantó a la población. El caso se convirtió en una mecha que encendió no sólo a los 15.000 habitantes del pueblo, sino a muchos sectores de Cisjordania. Hubo un entierro multitudinario de la joven y manifestaciones masivas en Hebrón y Ramallah exigiendo la reforma del Código Penal. Ante esta movilización, los diputados de ambos partidos mayoritarios, que nueve años antes habían desestimado la reforma, esta vez se apresuraron a hacerse eco del clamor popular y en pocos días resolvieron favorablemente la reforma legal que suprime la indulgencia hacia este tipo de crimen. Según Rami, el promotor de las manifestaciones, un alto responsable de Hamás en Gaza le mandó un mensaje asegurándole que el asesinato de Ayah no tiene nada que ver con la religión y que había que cambiar la ley (Le Monde, 20/05/2011).

La noticia tiene interés por varios motivos. Si la vemos sobre el trasfondo de las revueltas en el mundo árabe de estos últimos meses, nos sugiere que la ola de fondo que sacude a esos países tal vez va más allá del simple cambio político y contiene también gérmenes interesantes de aspiración a cambios sociales más profundos. El hermano de la víctima, empleado de banco, argumentaba que no tienen sentido ni la impunidad ni el castigo tradicional, que implica el destierro del culpable de su población de residencia junto con su familia, y pedía la aplicación de la justicia ordinaria moderna, es decir, individualizada, aliñando su argumento con un inteligente guiño contra las prácticas del Estado de Israel: “Se trata de un castigo colectivo, como lo que hacen los israelíes. Lo que deseo es que el asesino de mi hermana sea juzgado como cualquier otro criminal”.

Pero el caso también representa un episodio universalizable de interés para quienes aspiramos a transformar nuestras sociedades. A veces el sistema de partidos, cuando existe, resulta inoperante para tomar medidas que se revelan como necesarias o deseadas por amplios sectores de la población. El ejemplo de Cisjordania muestra que incluso en sistemas aparentemente rígidos e impermeables de partidos, ciertas reivindicaciones pueden triunfar si se hacen sentir con la fuerza suficiente en la calle o en otros espacios ajenos a las instituciones. En este caso, es evidente que, previamente al triunfo legislativo, tuvo que haber un proceso largo de maduración de la sociedad respecto de la cuestión dirimida. Esto obliga a considerar la importancia y el valor de un trabajo social y cultural de fondo que prepare las mentalidades.

Visto desde el movimiento de los “indignados” españoles de estas últimas semanas y desde el decepcionante resultado de las elecciones municipales y autonómicas, el caso da motivos para la reflexión. Es obvio que el actual sistema de partidos no sirve, que necesita cambios importantes y una reforma a fondo de la ley electoral. Pero esto no se puede lograr en poco tiempo. Mientras tanto, el pueblo no tiene por qué darse por vencido: debe saber que puede ganar batallas parciales importantes desde fuera de los parlamentos y los gobiernos, desde la calle, desde las redes sociales. Y debe saber también que para ello hay que librar una batalla, tal vez (pero no necesariamente) larga y paciente, en la esfera de las ideas y las mentalidades, preparando las condiciones que hagan posible que una coyuntura favorable desencadene acciones eficaces para mejorar la democracia y avanzar hacia los cambios sociales deseados.