I

El flamante gobierno convergente (“de los mejores”, según pomposa autodenominación) está utilizando el ajuste fiscal en teoría impuesto desde el exterior (ya se sabe: los etéreos mercados financieros y el pérfido gobierno central, las hipotecas dejadas por el pérfido tripartito) para practicar recortes en el gasto sanitario, educativo y social. A poco que uno se fije, es evidente que no se trata sólo de un “doloroso pero necesario recorte impuesto por las circunstancias”, sino de utilizarlo como una medida para avanzar en su apuesta privatizadora; en especial en el ámbito de la sanidad, donde hace muchos años que el sector de las compañías privadas (aseguradoras, mutuas, operadores privados) viene exigiendo una política que le permita aumentar su parte del pastel aun a costa de empeorar los niveles de salud del conjunto de la población. (No hay que ser muy dogmático para ver que esto es lo que ocurre en los países donde predomina la sanidad privada.) No es algo nuevo: de hecho, la política sanitaria de CiU siempre estuvo orientada a dejar mucho espacio al sector privado (entre otras cosas, destinó muchos millones de euros a salvar empresas privadas ineficientes como el Hospital General de Catalunya y la Aliança). Es un modelo que el gobierno tripartito fue incapaz de rectificar. Sin embargo, lo que ahora se plantea es un recorte tan brutal que resulta patente que, en caso de ponerse en práctica, generará a corto plazo graves problemas a mucha gente.

II

Quizá la buena noticia es que la sociedad catalana ha reaccionado con prontitud. Por primera vez, un gobierno ha tenido que soportar una manifestación importante (20.000 personas) a los cien días de estar ejerciendo el poder. La respuesta ha partido del propio sector sanitario, pero ha tenido un amplio eco social. Los sindicatos sanitarios han utilizado su relación con los pacientes para informarles del impacto de los recortes. Las presiones han llegado hasta la cúpula de las organizaciones médicas, que han acabado por protestar. Y los sindicatos lanzan una convocatoria para el próximo 14 de mayo que debería ser un punto de reforzamiento de la dinámica social.

Hay varias cuestiones relevantes en este proceso. Una es que la movilización ha sido impulsada por colectivos laborales, especialmente el sanitario, que hasta ahora habían sido reticentes a las movilizaciones contra las reformas impuestas bajo la excusa de la crisis. Es posible que haya bastante de corporativismo en esta respuesta. Pero también indica que estamos ante una nueva fase de la crisis. Mientras que hasta ahora la destrucción del empleo se había cebado en los trabajadores manuales (construcción e industria), los recortes del gasto público van a afectar a los asalariados de clase media, que van a descubrir que, como ocurre en los procesos represivos, al final también ellos serán víctimas. Además, el propiocarácter de la actividad, la necesidad de obtener apoyo social, fuerza a mantener un discurso social que trasciende el espacio corporativo. Es una buena oportunidad para alterar dinámicas sociales.

En segundo lugar, los sindicatos, principales impulsores de las movilizaciones, han entendido que el reto va mucho más allá de su propia entidad. Y por ello han empezado a tejer una red de contactos y alianzas con otras organizaciones sociales, vecinales, de padres y madres de alumnos, de defensa de la sanidad, etc. para alcanzar una mayor densidad de convocatoria y movilización. Se abren, por tanto, algunas posibilidades para iniciar una nueva dinámica social.

Para que ésta prospere habrá que trabajar en muchos campos. Y saber hacer frente a los discursos que emanan del poder para justificar las medidas. De un gobierno autonómico que combina el economicismo (se nos dice que es un recorte necesario para “crecer en el futuro”) y el victimismo (“la culpa es de Madrid”, un argumento que se legitima por el cicatero tratamiento que mantiene el gobierno Zapatero) para eludir sus propias responsabilidades. Sortear estos argumentos es posiblemente una de las cuestiones básicas que debe ser capaz de resolver un movimiento que pretende impedir que la crisis derive en un verdadero desmantelamiento de los derechos sociales básicos.