En el treinta aniversario del golpe de Estado frustrado, prensa y radio se han afanado por reinterpretarlo, de la misma manera que se ha maquillado la transición, el cambio de régimen. Todos se han puesto de acuerdo en mutar la intervención del rey en aquellos hechos —con tal éxito que el propio monarca puede afirmar que ya se sabe todo de ellos— y en dejar en la más estricta penumbra dos cuestiones: que el episodio consiguió sus principales objetivos políticos, por una parte, y las acciones de EE.UU. para que así fuera, por otra. Eso sin hablar de la tergiversación del papel desempeñado por Juan Carlos de Borbón en el cambio de rumbo político para complacer a la administración norteamericana.

El problema político que la transición debía resolver era doble. En el plano interior, el rey designado por Franco necesitaba instaurar un sistema de libertades para legitimarse, y la oposición democrática exigía democracia, frente al inmovilismo franquista y de una parte sustancial del ejército, erigido en tutor de la transición. En el plano exterior, los Estados Unidos exigían la integración de España en la Alianza Atlántica, sin veleidades neutralistas.

El primer problema se resolvió, durante el mandato distensionista de Jimmy Carter, pactándose un régimen de libertades entre los representantes de la monarquía y la oposición democrática, aunque en forma de una partitocracia hermética a las demandas populares. Se hizo así para contener a la izquierda social y dar garantías a los tutores militares, que institucionalmente se erigían nada menos que en custodios del orden constitucional mismo. Con idéntico objeto se evitó la federalización de España, frente a las pretensiones periféricas. Con estas limitaciones y otras de las que no quiero acordarme aquí, se puso en marcha un sistema político someramente democrático, de hecho un sistema partitocrático de bipartidismo imperfecto con libertades individuales.

El problema exterior, en cambio, se enquistó: en Washington se presionó para que España ingresara en la Otan desde el mismísimo día en que se anunció la muerte de Franco, pero la izquierda se negaba a someterse a los USA y el presidente del gobierno y del partido de la monarquía, Adolfo Suárez, de ideología nacionalista española, se oponía también al ingreso en la Alianza Atlántica, creyendo que España podía liderar con la India el neutralismo en el mundo, la política antibloques militares que practicaban los que entonces eran llamados “países no alineados”.

El enquistamiento se agravó en 1980 con la llegada de Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, quien desmanteló la distensión de Carter con una política agresiva no sólo hacia la Urss sino también respecto del neutralismo. Con eso quedó decidida la suerte de Suárez.

A lo largo de 1980 y principios de 1981 se desarrolló una campaña de acoso y derribo contar el presidente Suárez. El rey veía al general Armada como el recambio de su ahora incómodo presidente del gobierno, instando la promoción del general a segundo jefe del Estado Mayor. Armada obtuvo consensos del Psoe y de la derecha. La coalición de centro era ya una olla de grillos estimulada por el embajador norteamericano. Entretanto, el régimen autonómico, inicialmente concebido para Euskadi, Cataluña y Galicia, e imaginado al principio como mera autonomía administrativa para las demás regiones, se había consolidado y expandido con fuerza. La derecha política y social, amén de una parte del ejército, veía en esa consolidación una amenaza de disgregación del país. La legislación electoral, concebida para frenar al partido comunista, tenía —y tiene aún— la consecuencia colateral de magnificar la representación y la fuerza política del nacionalismo periférico. Tejero había esbozado un principio de golpe de Estado (la frustrada Operación Galaxia) en 1978, con la idea fija de que el gobierno pasara a manos de una Junta Militar —que en realidad no querría nadie: ni Reagan, ni los generales, ni el rey, pues eso habría derribado su transición; pero todos estarían de acuerdo en la “solución” Armada—. Los servicios de inteligencia orquestaron un ambiente de amenaza de golpe de Estado ya a finales de 1980, e incluso un anónimo Colectivo Almendros lo anunciaba abiertamente para los primeros meses de 1981 en el diario de extrema derecha El Alcázar. Tarradellas propuso también un “golpe de timón” autoritario al temer que la situación —con la inestimable colaboración de Eta— desbordara al gobierno y pusiera en peligro la autonomía catalana. Y los medios de los servicios secretos, hoy el CNI, en consonancia con el rey y con los norteamericanos, extendían el rumor de la inminencia de un golpe duro de generales ultraderechistas, para así justificar el golpe blando que debía llevar a Armada al poder. Suárez dimitió al verlas venir, creyendo que su cese detendría el golpe. Pero ya estaba en marcha.

El 23 de febrero de 1981, las bases norteamericanas en España fueron puestas en estado de alerta antes del golpe. Los hijos de los americanos no fueron al colegio ese día. Hubo movimiento de la flota yanqui y en las telecomunicaciones. Cuando se produjo la intentona, el secretario de Estado americano, Alexander Haig, declaró: “Seguimos la situación de cerca. Es un tema interno de España. Es demasiado pronto para pronunciarse”. Si hubieran sido secuestrados el gobierno y el Parlamento francés, ¿habría dicho lo mismo? Haig, unas semanas antes, había emitido una declaración muy precisa, en realidad una orden: “España debe fijar un calendario para su integración en la Otan”.

El golpe se estropeó gracias a su más esperpéntico protagonista: Tejero. Los malos modos de éste al irrumpir en el Congreso alarmaron al rey, que, como es natural, no podía dar su consentimiento a algo que pareciera inconstitucional. Además, dimitido Suárez, ya ni era necesario. De modo que Armada sólo fue autorizado a acudir al secuestrado Congreso de los Diputados a título personal (ese “a título personal” lo dice todo: no en nombre del rey). Y ahí, de nuevo, el obtuso Tejero, a quien los cerebros de la operación habían dejado creer que se rebelaba en favor de una Junta Militar, no permitió que Armada, con su previsto gobierno de concentración, negociara con los dirigentes políticos y que se dirigiera a los diputados retenidos en el hemiciclo. Armada debía conseguir su placetpolítico para que todo pareciera constitucional. Con el fracaso de Armada, el rey ordenó emitir el mensaje grabado, que servía para todo lo que guardara las formas, neutralizó a los capitanes generales más renuentes y obtuvo la revocación del estado de sitio y la retirada de los tanques puestos en la calle por Milans del Bosch en Valencia.

En su aspecto de asonada, el golpe fracasó: Armada no pudo formar gobierno. Pero el gobierno que sustituyó a Suárez cumplió los objetivos centrales del golpe: el ingreso de España en la Otan —el objetivo externo—, y puso freno mediante una ley (la Loapa) a las autonomías, el objetivo interno de la intentona.

La transición no culminaría hasta que el triunfador de las elecciones siguientes al golpe de Estado semifrustrado, el Psoe de Felipe González, ratificara el ingreso en la Otan forzando la voluntad de la población española. Reagan contaba más que ésta. Con eso se desactivó políticamente —aunque no constitucionalmente— la tutela militar sobre el régimen español, tutela que pasó a manos de la Alianza Atlántica —de la que de todos modos forma parte el ejército de aquí, que en cualquier caso sería el brazo ejecutor de sus eventuales decisiones—. La voluntad popular ha quedado supeditada a la Alianza Atlántica desde entonces. Eso ha determinado la participación española en guerras inicuas y en aquellas en las que no se nos ha perdido nada: en Iraq, en los Balcanes y en Afganistán.

La Constitución de la Segunda República española disponía en su art. 6: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. Nada parecido se encontrará en la constitución vigente.

Addenda: malicias

Hay muchas cosas oscuras en torno al 23 F. El embajador americano, Toddman, salió de su embajada aquella noche y no se sabe dónde paró mientras el Congreso y el gobierno estaban secuestrados.

Una unidad militar ocupó TVE, pero salió de allí cuando el rey pidió cámaras para grabar su mensaje. De esa unidad nunca se supo, jamás: ni quiénes eran, ni quién la mandó allí y ordenó luego retirarla, ni cuál era su misión. Ningún militar fue juzgado por ocupar la televisión pública —por lo demás, la única existente entonces—. ¿Ocurriría lo mismo ahora?

El 24 de febrero, en reunión de los dirigentes políticos con el rey, Adolfo Suárez, aún presidente en funciones, se ofreció a prolongar unas semanas su mandato para esclarecer quién había estado detrás del golpe. Felipe González se opuso terminantemente a eso. El gobierno de Calvo Sotelo, un político gris de históricos apellidos, se adhirió a la Otan. Luego hubo elecciones, que el Psoe ganó por abrumadora mayoría.

Felipe González obtuvo la ratificación en referéndum del ingreso de España en la Otan con la condición de que no se integraría en su estructura militar; y la obtuvo chantajeando a la ciudadanía con la amenaza de no administrar el no a la Otan si triunfaba ese no, esto es, con la amenaza, el día anterior al referéndum, de dimitir. La mayoría de la gente no supo ver que esta amenaza era un farol, ni que la no integración en la estructura militar de la Alianza era puro camelo.

Años atrás, en la población barcelonesa de Molins de Rei existía un hermoso puente de piedra rojiza, sobre el río Llobregat: el puente de Carlos III. Quisieron sustituirlo por un puente para autopista, pero la gente se opuso obstinadamente, tanto en Molins como sobre todo en Barcelona. Tan obstinadamente y con tanta fuerza que al final las autoridades anunciaron que sólo lo desmontarían para reponerlo en otro lugar; y para convencer a las gentes numeraron las piedras del puente, unas piedras numeradas cuyas fotos aparecieron en todos los diarios catalanes.

Del puente de Carlos III nunca más se supo. Como de la no integración en la estructura militar de la Otan.

Marzo de 2011