La crisis económica y social en la que estamos ubicados lo justifica todo. Es un momento crucial en el que los derechos adquiridos por la ciudadanía están en entredicho y de la noche a la mañana, sin preaviso ni negociación, se esfuman como azucarillo en agua. Y esta devaluación de derechos se está instaurando, ahora, en el sistema de enseñanza en sus diferentes modalidades.

En nuestro país, durante el proceso del buscado y nunca encontrado Pacto Educativo, el ministro Gabilondo sostuvo que mantendría, aún sin firma, los 1.500 millones de euros (en este momento no se sabe qué fue de ellos) adicionales para las “medidas de mejora” que consideraba imprescindibles para situar nuestra enseñanza en los niveles que le corresponde en Europa. Parece, a la luz de lo que está ocurriendo, que los centros escolares se conformarían, aunque no hubiera esas mejoras prometidas, con mantener al menos las condiciones de años anteriores. Sin embargo, parece que el camino es otro.

Así, para que no hubiese duda de que esas “mejoras” eran pura entelequia se empezó por un ataque en toda regla a los funcionarios públicos (entre ellos al profesorado) acompañado con las restricciones del gasto público haciendo caso omiso de todo compromiso, acuerdo o convenio.

En los datos publicados con el inicio del curso escolar se resaltaba que hay 140.000 alumnos más en la enseñanza pública, paradójicamente producto de trasvases de la privada no subvencionada, y 6.400 profesores menos, sin que en ese momento se tuviese el cómputo de todas las comunidades, si añadimos la supresión en muchas autonomías de itinerarios de transporte escolar, becas de comedor o de estudios para el alumnado, así como  licencias por estudio remuneradas para los profesores y profesoras, etc. La alegría no es precisamente la protagonista en la enseñanza de este país. Unos años atrás, cualquiera de esas agresiones hubiera sido motivo suficiente para que el profesorado lanzase sus protestas a la calle. Sin embargo, el clima de desmoralización, de aceptación resignada de los efectos “inevitables” de la crisis,  es lo que domina en  gran parte del colectivo de enseñantes.

Se podría volver, por enésima vez, al discurso crítico sobre los gastos millonarios en “guerras humanitarias”, los 10.000 millones a la Iglesia católica, los apoyos a fondo perdido a empresarios tramposos y sectores especulativos, la permisividad con el fraude fiscal, las subvenciones a la enseñanza privada, etc. Sin embargo, centraré el tema en las contradicciones entre los hechos y el discurso oficial sobre la educación, campo que el actual gobierno maltrata, el PP señala como bocado apetecible para privatizar y ambos dicen que es la clave para salir de la crisis.

Así, a propósito del “Pacto social y político por la Educación”, tema que ocupó durante el curso pasado la atención de los implicados, se enfatizaba, tanto desde el ministerio correspondiente como desde los medios de comunicación, la perentoria necesidad de elevar el nivel formativo de la población como recurso para competir en la “sociedad de la información y del conocimiento” y ponernos al nivel que nos corresponde en Europa.

Se esperaba, aunque con escepticismo, que lo dicho se operativizase con una política educativa acorde con las expectativas, pero ¡ay!, como era previsible el discurso dio un giro  hacia  motivos puramente económicos, utilitaristas y competitivos. Mostrando una vez más que el cambio en las prioridades pasa por calmar a los mercados, sostener el sistema financiero, mantener los compromisos militares y seguir subvencionando a la Iglesia católica; de este modo los intereses privados se anteponen por delante de la educación y la formación, que otra vez son sacrificadas ante el altar de “la crisis”. Ahorrar en el gasto público es la única y verdadera prioridad impuesta por los “mercados” que siguen teniendo como arma estratégica la especulación pura y simple y el canibalismo de todo lo que huela a público, en este caso la enseñanza, pero también la sanidad.

Insistir en la vacuidad del discurso oficial empeñado en subordinar la enseñanza a los imperativos del “desarrollo económico” y al mercado laboral es tarea imprescindible. Un discurso acompañado con las protestas de “boca pequeña” de la izquierda política, que no así de los sindicatos de enseñanza. La defensa incondicional del derecho a la educación, por encima de las “necesidades del mercado”, nos permitirá preservar el marco de la escuela, con sus objetivos y exigencias, contra los vientos y tempestades desencadenados por los que tienen como interés aumentar sus inmensos beneficios personales a costa de la destrucción de conquistas sociales históricas.