El pasado 8 de noviembre, fuerzas policiales marroquíes desalojaban con gran brutalidad el campamento de Agdaym Izik, emplazado en las afueras de El Aaiún, en el que unos 20.000 civiles saharauis estaban instalados desde hacía un mes para protestar por las draconianas condiciones de vida impuestas por Marruecos a los habitantes del Sahara Occidental. Aunque, a estas alturas, la férrea censura impuesta por Rabat todavía no ha permitido esclarecer qué sucedió exactamente en esas jornadas dramáticas ni qué cantidad de víctimas mortales ocasionó la violenta intervención de la policía marroquí, fuentes saharauis e independientes han hablado de una represión durísima, con varias decenas de muertos, más de medio millar de heridos y al menos doscientos desaparecidos, cifras todas ellas mucho más elevadas que las proporcionadas por el gobierno de Marruecos, que ha insistido sobre todo en el fallecimiento de una docena de agentes propios y sólo ha reconocido la muerte de dos civiles saharauis, que, para más inri, ha achacado a causas accidentales.

Lo sucedido el pasado mes en El Aaiún supone otra vuelta de tuerca, la más feroz de los últimos años, en una situación caracterizada desde hace ya tres decenios y medio por las míseras condiciones en que se ven forzados a vivir los saharauis de los campamentos de refugiados de Argelia y por la opresión y el hostigamiento constantes a que se ven sometidos los saharauis residentes al otro lado del muro de casi 2.800 kilómetros levantado por Marruecos en pleno desierto, en el territorio no autónomo —es decir, pendiente de descolonizar— que dicho país controla ilegalmente desde 1975. Pocas novedades, pues, en las escasas noticias que nos han llegado desde El Aaiún en las últimas semanas: como de costumbre, siguen produciéndose detenciones arbitrarias, encarcelamientos en condiciones infrahumanas, torturas sistemáticas, violaciones de mujeres, ejecuciones… sólo que ahora a una escala mucho mayor. Y pocas novedades, también, en la respuesta ofrecida por el gobierno de España, el del Estado que lleva 35 años sin asumir sus responsabilidades como antigua potencia ocupante, obligada según el derecho internacional a liderar un proceso de descolonización que debería haber conducido a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Hasta el momento, las declaraciones realizadas por los diferentes representantes del gobierno español han constituido un cúmulo vergonzante de despropósitos, desde las del ministro del Interior Pérez Rubalcaba (“El ministro de Interior marroquí me ha dado una explicación de todos los acontecimientos que refuta las acusaciones graves”) hasta las de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez —Trini la de la Trila para los amigos—, que declaró que “no puede calificarse a Marruecos de potencia ocupante puesto que el ejercicio de facto que hace en el territorio de El Aaiún no es producto de un conflicto bélico ni de un elemento de fuerza sino de un acuerdo”. Y esto último lo ha dicho sin empacho alguien que en julio de 2003 se manifestó en Madrid por un “Sahara libre” y exigió al gobierno del PP que se comprometiera con la causa saharaui.

El actual gobierno español, que además de estar adscrito a la Internacional Socialista destaca también por el entusiasmo con que suele adherirse a los postulados de la Internacional de la Razón de Estado, siempre se ha escudado, en lo tocante a este asunto, en los lazos e intereses que unen a España con Marruecos. Y la verdad es que razón, valga la redundancia, no les falta. Por eso, no está en modo alguno fuera de lugar preguntarse: ¿tendrá algo que ver la postura del gobierno español respecto de lo sucedido en el Sahara Occidental con que Marruecos sea el séptimo importador mundial de armamento de fabricación española, el segundo entre los países no pertenecientes a la UE?; ¿tendrá algo que ver que en la última década España haya vendido armas a Marruecos por valor de más de 200 millones de euros?; ¿tendrán algo que ver los intereses pesqueros españoles en las aguas territoriales saharauis, donde el acuerdo pesquero firmado en 2007 entre la Unión Europea y Marruecos permite a la flota española esquilmar los caladeros de un territorio que formalmente sigue siendo una colonia?; ¿tendrá algo que ver la factoría de envasado que tiene en El Aaiún la empresa conservera Damsa, de capital gallego, que cada año suministra más de 30 millones de latas de sardina y caballa a las empresas Rianxeira y Escuris y a las marcas blancas comercializadas por Mercadona?; ¿tendrán algo que ver las cuantiosas importaciones de fosfatos por parte de empresas químicas como la catalana FMC Foret, un recurso abundante en el Sahara Occidental que se encarga de explotar en exclusiva una empresa propiedad del rey de Marruecos —ese que se gasta un millón de dólares diarios sólo en el mantenimiento de sus palacios— y por el que la población autóctona no recibe ninguna compensación económica?; etcétera, etcétera (puede consultarse en este sentido la excelente página web http://www.wsrw.org/index.php?dl=es)

Ni las empresas españolas son las únicas en participar en el saqueo impune de los recursos saharauis, ni España es el único exportador de armas a Marruecos (en eso Francia se lleva de largo la palma), pero ello no quita que sea plenamente exigible un cambio de rumbo inmediato a los responsables de un gobierno que, con su postura y sus declaraciones, ha estado restando importancia a un acto de represión bárbaro, sigue colaborando en el aplazamiento sine die de la resolución pacífica y justa del conflicto, y contribuye a que el Frente Polisario se plantee retomar la vía armada tras la tregua que declaró en 1991.