Los gitanos constituyen la minoría étnica con mayor presencia en la Unión Europea. Se calcula que entre 10 y 12 millones de personas pertenecen a esta minoría (puede consultarsehttp://www.euromanet.eu/). En todos los países miembros de la Unión Europea hay personas que se identifican como gitanos. En el caso de España se suele hablar de una población de alrededor de 700.000 personas.

De estos 10-12 millones de personas, la gran mayoría poseen la nacionalidad de un estado miembro y, por tanto, a efectos jurídicos y políticos son considerados ciudadanos de un estado perteneciente a la Unión Europea. Este punto es importante cuando se habla de expulsiones de ‘gitanos’; en realidad, si la información que se transmite quiere ser fidedigna, hay que hablar de la expulsión de ciudadanos. Por tanto, inicialmente la cuestión política y jurídica ha de quedar clara: dado que la expulsión en un estado de derecho como puede ser el francés o el italiano ha de seguir un procedimiento regulado legalmente, la expulsión afecta a un ciudadano, con independencia de que sea gitano, congoide, musulmán, católico o ateo. La expulsión no se puede producir por razón del grupo étnico de la persona, de lo contrario estaríamos ante una flagrante violación del derecho europeo y de los principios básicos del constitucionalismo contemporáneo.

Sin embargo, recientemente hemos tenido noticia de que el estado francés está expulsando de su territorio a colectivos gitanos. La prueba de que estas expulsiones de colectivos gitanos (especialmente de nacionalidad rumana) responden a un plan previamente trazado se encuentra en distintas circulares enviadas desde el Ministerio del Interior francés a los prefectos de policía indicándoles que había que erradicar los asentamientos de inmigrantes, tomando como prioridad la expulsión de los gitanos (circular de 5 de agosto de 2010). El 13 de septiembre, el ministro de Interior dictó una nueva circular sobre evacuación de campamentos ilícitos con la intención de evitar cualquier malentendido sobre una eventual estigmatización (los textos y la secuencia de los hechos puede seguirse en http://www.lecanardsocial.com/Article.aspx?i=193).

Esta rectificación formal del estado francés responde a varios factores que no han de quedar olvidados en un tiempo en el que la defensa de los derechos y libertades de las personas se ha convertido en una tarea prioritaria. Viviane Reding, Comisaria de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía, y primera vicepresidenta de la Comisión Europea, criticó en términos políticos y jurídicos las actuaciones del estado francés. Por otra parte, la sociedad francesa se ha tenido que enfrentar de nuevo con una vieja característica de nuestras sociedades, la hipocresía que disimula un racismo latente cuando no evidente. A su vez, distintas organizaciones internacionales han reaccionado contra estos nuevos atropellos a los derechos de libre circulación y no discriminación de los ciudadanos europeos (a modo de ejemplo: http://www.enar-eu.orgEuropean Network Against Racism y http://erionet.org/site/ European Roma Information Office).

Las expulsiones de territorio francés no son un fenómeno aislado. En distintas ocasiones se han denunciado violaciones semejantes producidas en otros países: Italia, Dinamarca, Suecia… No es por tanto un hecho puntual, sino que conforma una grave situación que hay que tomarse en serio ya que da noticia de la salud de las garantías jurídicas y políticas de las democracias europeas.

Junto a esta visión, que desde el punto de vista jurídico exige el cumplimiento del derecho vigente y, por tanto, el respeto y garantía de los derechos de las personas reconocidos por los ordenamientos jurídicos estatales y el derecho comunitario (art. 3 del Tratado de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales ―art. 21, entre otros―, la Directiva 2000/43/CE sobre igualdad racial y la Directiva 2000/78/CE sobre la discriminación en el ámbito del empleo, entre otras), hay que abordar una cuestión íntimamente relacionada: el mantenimiento de percepciones sociales de carácter racista frente a las personas de etnia gitana, al igual que frente a otras personas que se puedan ocupar posiciones subsidiarias en nuestros sistemas sociales.

La salud de las garantías jurídicas y políticas de las democracias europeas depende en buena medida de lo que su población esté dispuesta a hacer. La democracia no es sólo un procedimiento o un conjunto de acuerdos jurídicos y políticos, es básicamente una cultura que ha de definir sus principios básicos. Cuando surgen situaciones como la que comentamos, es inevitable prestar atención a argumentos que tratan de justificar las expulsiones. Estos argumentos, más que jurídicos, son básicamente sociológicos. Hablan, no de ciudadanos, sino de un rasgo de la persona, en este caso la identificación étnica: ser identificado como gitano, ya sea por unos rasgos faciales, un color de piel, la forma de vida, la actividad de la que se ocupa o, en algunos casos, la lengua utilizada o incluso la forma de vestir. Los argumentos que suelen utilizarse son éstos: los gitanos no se integran, los gitanos son peligrosos, los gitanos roban, los gitanos viven como animales… y argumentos de este tipo. En realidad, estos son falsos argumentos, son falacias, ya que parten de premisas erróneas. Se trata de opiniones basadas en emociones y prejuicios que pese a no tener una base sólida, sirven para sentar lugares comunes que ahorran el esfuerzo de pensar más o comprobar los fundamentos de esa opinión.

Sin embargo, esto no quita que haya una realidad que no puede ser obviada: barriadas degradadas, chabolismo, desempleo, problemas de convivencia entre vecinos, consumo de drogas que envenenan las relaciones personales y familiares… Estas condiciones de vida no afectan evidentemente sólo a los ciudadanos de etnia gitana, sino en realidad a todos los colectivos y personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. La cuestión a abordar, por tanto, es la pervivencia e incremento de las desigualdades que afectan a personas, que marcan la biografía de las familias. Si se quiere, la gran cuestión a tratar sigue siendo la realidad de la pobreza en las sociedades europeas, entendiendo por pobreza una situación fruto de la interacción de factores económicos, políticos, residenciales, culturales, laborales, de género, salud y edad. La pobreza es una realidad multifactorial.

Si se entiende de esta forma la realidad de sociedades como la francesa o la italiana, o cualquier otra, lo que se aprecia son situaciones que responden a desigualdades preexistentes y, en su caso, la reproducción de las mismas desigualdades. En un momento en el que los derechos sociales han sido puestos en quiebra, en que se cuestionan los contenidos sociales del estado, y no sólo se cuestionan por la situación generada por la depredación del capitalismo financiero, sino que ya se cuestionaban en los discursos políticos y económicos neoliberales antes de la crisis de 2008 (ver Naomi Klein, La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre), en esta situación, hay que recordar el texto que Loïc Wacquant publicó hace años: Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. No se trata tanto de gitanos, musulmanes, prostitutas, sin techo, inmigrantes… como de personas que viven en condiciones de pobreza y que, como siempre ha ocurrido, son convertidos fácilmente en víctimas propiciatorias.

La condición de víctima propiciatoria ha de verse contestada, como mínimo, desde dos posiciones que han de estar, a poder ser, articuladas entre sí. Por un lado, como ya se ha dicho, la defensa de los derechos y libertades de las personas es importante per se, como condición de una sociedad democrática, con independencia de que estas personas sean identificadas como gitanas, prostitutas, enfermos, inmigrantes, sin techo… Es por tanto una condición objetiva de la sociedad democrática. Por otro lado, los propios colectivos han de articularse políticamente para defender sus derechos y sus intereses. Esta articulación política es deficiente y requiere superar dos limitaciones: hallar más complicidad a nivel europeo entre las distintas comunidades políticas y, a su vez, plantear la causa gitana, no en términos identitarios, sino en términos universales, haciendo causa común con todas aquellas personas y colectivos que padecen los procesos de exclusión, discriminación y explotación. Esta es una causa pendiente que se muestra cada vez más necesaria.