Algunas personas han empezado a decir que Europa se está “latinoamericanizando”. Con eso no quieren significar que en el viejo continente estén surgiendo nuevos líderes políticos populares al margen del sistema tradicional de partidos, o que grupos históricamente excluidos hayan alcanzado el poder, como en Bolivia, o que se esté hablando de instaurar el socialismo del siglo XXI. No. La Latinoamérica a la que se hace referencia no es la del año 2010, sino la de los años ochenta del siglo pasado: un conjunto de países abrumados por sus deudas, sometidos a los dictados del Fondo Monetario Internacional y obligados a seguir las directrices neoliberales plasmadas en el llamado “Consenso de Washington”.

Esa latinoamericanización de Europa se estaría plasmando en los planes de ajuste que se han implantado o están implantando en países como Grecia, España, Portugal, Irlanda o Letonia y que se ciernen sobre Francia o Italia.

Para entender el por qué y el significado de esos conjuntos de medidas, es necesario retrotraerse a las diversas crisis sistémicas que se han producido desde el año 2007: la crisis alimentaria, la crisis energética, el cambio climático, el crack financiero del año ocho y la crisis económica subsiguiente, todo ello en el marco de una profunda crisis cultural causada por la falta de sentido de una vida basada en el consumismo. Lo que se está dirimiendo ahora es la cuestión de cómo se van a distribuir los costes de la actual crisis económica y cómo se va a articular la salida de la misma con la de las otras crisis combinadas.

Aquí nos centraremos en la primera de las cuestiones: ¿quién va a pagar los costes de la crisis?

Para analizar este interrogante es necesario recordar lo que ocurrió en el año ocho: la desregulación del sistema financiero había conducido a una desenfrenada actividad especulativa que llegó a lindar con la estafa en el caso de la titulización de las llamadas “hipotecas basura”. Los bonos “contaminados” fueron el detonante de la crisis del sistema financiero en el momento en que las deudas hipotecarias dejaron de pagarse y todo el mundo quiso deshacerse de los títulos “respaldados” por las mismas. Las agencias de rating habían dado a esos bonos la máxima calificación, presentándolos así como de absoluta confianza para los inversores, lo que hace sospechar que había oscuras connivencias entre los timadores y esas entidades.

Una vez que se produjo el cataclismo, los estados y los bancos centrales acudieron al rescate de las entidades financieras inyectando cientos de miles de millones de dólares y de euros en el sistema. Los bancos han devuelto ya ese dinero que se les prestó. Pero el parón económico que causó la crisis financiera hizo que disminuyeran los ingresos de los estados al caer la recaudación tributaria, y que aumentaran sus gastos por el incremento del desempleo o por la puesta en práctica de planes de reactivación económica. De esa forma, se ha generado un déficit que en países como Grecia o España alcanza cifras de dos dígitos en relación con el PIB.

Los términos del problema que se plantea ahora son muy claros y simples: ¿quién va a enjugar ese déficit? ¿Serán los bancos, que lo han provocado? ¿O el conjunto de las poblaciones, que ya han sufrido buena parte de las consecuencias de la crisis

Mientras duró la operación de rescate de los bancos, los ideólogos del neoliberalismo cayeron en un profundo silencio. ¿Quién iba a predicar acerca de las excelencias del mercado y las ineficiencias del estado cuando las entidades financieras eran salvadas de sus propios excesos con dinero público? Pero, en cuanto esa operación terminó, las voces de los paladines del neoliberalismo se han vuelto a oir con fuerza en los medios de comunicación. Se observa con “preocupación” el endeudamiento público, se afirma que los estados despilfarran demasiados recursos, se dice que es necesario reducir el déficit a toda costa…

Y no sólo se actúa en el plano ideológico. Los llamados “mercados”, es decir, un puñado consistente de especuladores financieros, volvieron a sus prácticas favoritas y se han dedicado a especular a la baja con la deuda de los gobiernos con mayores problemas. Por su parte, las entidades financieras alemanas y francesas, que son las principales tenedoras de títulos de la deuda griega ven peligrar sus cuentas y exigen a los gobiernos y a la UE que intervengan. Las condiciones para imponer planes de ajuste a los países con más déficit se encuentran, así, servidas.

La forma como se diseñó la creación del euro en el Tratado de Maastricht ha sido una de las causas fundamentales de la indefensión de los estados frente a los ataques especulativos contra sus títulos de deuda. Al haber perdido la soberanía monetaria, no pueden “darle a la máquina” de hacer billetes para financiar el déficit. Pero al no haberse creado una estructura político-financiera europea, no cuentan ni con el respaldo de un presupuesto europeo digno de ese nombre, ni con la posibilidad de que sea la UE quien emita la deuda para enjugar el déficit. Resulta útil para entenderlo la comparación que se ha hecho con el caso de California, que también es un estado quebrado, pero que cuenta con el gobierno federal para poder pagar sus cheques de la seguridad social o para poder afrontar sus déficits mediante deuda estadounidense.

En este contexto, es especialmente importante llamar la atención acerca de las consecuencias del diseño doctrinariamente neoliberal del Banco Central Europeo. Esta institución puede ayudar a los bancos en dificultades, pero no a los estados. Puede prestar dinero a bajo interés a las instituciones financieras, pero no puede hacer lo mismo con las instituciones políticas. Y cuando el BCE ha decidido intervenir en los mercados para comprar deuda pública no lo ha hecho para ayudar a Grecia, sino para apoyar a los bancos que la habían adquirido. Del mismo modo que el BCE se ha saltado las reglas para auxiliar a las entidades financieras podía habérselas saltado para obligar a esas mismas entidades a financiar el déficit de los estados. Pero no lo ha hecho. La reforma del BCE se plantea, por tanto, como una exigencia extraordinariamente urgente para distribuir equitativamente los costes de la crisis.

Presionada por las instituciones financieras, especialmente alemanas y francesas, la UE ha creado un “mecanismo europeo de estabilización financiera”, cuyo funcionamiento está regulado por el reglamento de 11 de mayo de 2010 aprobado por el Consejo. Esta norma es la más clara manifestación de la “latinoamericanización” de Europa a que se hacía referencia más arriba.

El reglamento establece que la UE puede conceder préstamos o abrir líneas de crédito a los estados miembros en dificultades financieras. Pero estas ayudas están supeditadas al objetivo de alcanzar “las condiciones generales de política económica (…) con vistas a restablecer una situación económica o financiera sana en el Estado miembro beneficiario” (art. 3.3.b). Para ello, el estado miembro deberá presentar un “programa de ajuste” cuya aprobación se considera requisito previo para la concesión de la ayuda (art. 3.3.c). Además, “La Comisión verificará a intervalos regulares si la política económica del estado beneficiario se adecua a su programa de ajuste” (art. 4.2). Las similitudes con el modelo de las “ayudas” del FMI a los países latinoamericanos en los años ochenta son patentes. Y para acentuar aún más la analogía, el Considerando número 5 del reglamento señala que la activación del mecanismo de estabilización “se hará en el contexto de un apoyo conjunto UE/Fondo Monetario Internacional”. O sea, que ya tenemos al FMI dictando a los estados europeos en dificultades las directrices de su política económica.

Existen, desde luego, alternativas a los planes de ajuste que se han puesto en práctica. Si  de lo que se trata es de reducir la diferencia entre ingresos y gastos, se puede gastar menos, pero también ingresar más. Se pueden gravar más las rentas del capital. Pensemos que no sustituir a uno de cada dos funcionarios que se jubilan permite a Francia ahorrar 500 millones de euros anuales. Sin embargo, las ayudas especiales que se han concedido a las empresas en forma de exenciones contributivas suman 25.000 millones. Una lucha decidida contra el fraude fiscal en España  (y, sobre todo, en Grecia donde los armadores gozan de una patente de corso en materia de impuestos), también reportaría aumentos importantes de los ingresos. Si hay que pagar, los que tienen más deben contribuir en mayor medida. No puede ser que los empresarios griegos declaren como media unos ingresos inferiores a los de los trabajadores y se queden “tan anchos”. Las rentas más altas deben contribuir más, sean las rentas de los capitalistas, o sean las de los Working Rich (que en el sector bancario francés representan el 10% de la masa salarial).

Hace tiempo también que se habla de la Tasa Tobin. Incluso hubo rumores insistentes de que el ECOFIN la iba a implantar este mes de mayo, cosa que al final no hizo. La Tasa Tobin serviría para desincentivar las operaciones financieras mas especulativas. Y con su recaudación se podría crear un fondo para ayudar a las personas que más están padeciendo las consecuencias de la crisis: los parados, los jubilados, las personas dependientes. De esa forma, el sistema financiero (que debería absorber los costes de la tasa) contribuiría, aunque fuera en pequeña medida, a compensar los daños que ha causado.

Del mismo modo que se pueden aumentar los ingresos  gravando a los más ricos, se pueden disminuir los gastos en otras cosas diferentes. Ahí está por ejemplo la guerra de Afganistán, un conflicto al que nadie ve sentido ni justificación y que, sin embargo, cuesta un millón de euros al día al erario público. Ahí están también toda una serie de inversiones en nuevos sistemas de armamentos cuya necesidad nunca se ha justificado ante la población. Que recorten de ahí en lugar de congelar las pensiones o dejar sin ayudas a las personas dependientes. De hecho, desde aquella valiente retirada de Irak, Zapatero no ha ido sino descendiendo hacia los abismos del conformismo con el status quo llevándose por delante  los que habían sido “objetivos “estrella” de su proyecto político. Y los gays y lesbianas tienen suerte de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no le cueste ningún dinero extra al estado, pues en caso de que así fuera se habría visto abolido.

No ahorrar en lo social, sino en el gasto militar, que no paguen los trabajadores, sino los empresarios y los working rich son cambios que no se pueden conseguir sin una gran presión popular. Los sindicatos mayoritarios no parecen estar por la labor. Se encuentran dubitativos, como esperando a ver qué pasa. Sobre todo UGT, por sus vínculos históricos con el partido en el gobierno. Por eso es necesario sacarles del impase y mostrar que por abajo hay un gran sentimiento de indignación. Y que si no la canalizan ellos, encontrará otras formas de manifestarse. Por otro lado, la resistencia contra las medidas de ajuste no debe darse solo a nivel estatal. Hay que aprender de lo que ocurrió con el llamado “proceso de Bolonia”: hubo protestas, marchas, encierros, propuestas alternativas en muchos países: Francia, Alemania, Italia, Grecia, España… pero Bolonia acabó implantándose como si nada hubiera pasado. Es necesario, pues, exigir a la Confederación Europea de Sindicatos que salga de su sueño institucional y burocrático y utilice sus recursos para articular y coordinar las luchas que se dan en los diferentes países.

Hay que dar también a esas luchas un sentido que trascienda la resistencia frente a los planes de ajuste. El sistema financiero debe volver a estar sujeto a regulación para cumplir la función que le compete de canalizar el ahorro y dejar de ser un gigantesco casino global. La medida adoptada por el gobierno alemán de prohibir especular a la baja con títulos que no se tienen, pone de manifiesto a qué grado de sofisticación ha llegado la especulación como consecuencia de la desregulación. Pero medidas aisladas como esa no son suficientes. Es necesario un plan integral de regulación del sistema financiero, de prohibición de muchas de sus actividades, de creación de mecanismos de control auténticamente públicos, de eliminación de las agencias de rating y los mercados de futuros… En definitiva, una reforma integral que debió haberse hecho en el momento de la crisis aprovechando la debilidad del sector financiero, pero que todavía no se ha realizado.

Y en el punto de mira de las luchas que van más allá de la resistencia contra los planes de ajuste debe estar la UE. En primer lugar, el Banco Central Europeo. Hay que cambiar radicalmente su estatuto y ponerlo al servicio de las políticas de los estados y no a disposición de los bancos. Hoy ya se ha puesto de manifiesto lo intolerable del diseño de una institución que puede ayudar a las instituciones financieras en dificultades, pero no a los estados en apuros. No sólo eso. El BCE ha estado prestando dinero a los bancos al 1% para que éstos comprasen unos títulos de deuda que les rendían el 5%. Eso es algo que no se puede tolerar. Es necesario difundir esos hechos y crear un estado de indignación contra la política del BCE que obligue a los estados a ponerse de acuerdo para modificar su estatuto.

Y last but not least es necesario examinar los mecanismos que generan una dinámica perversa en la UE que consiste en lo siguiente: cuando un estado adopta una política neoliberal arrastra a los demás tras de sí y encuentra a su lado el apoyo de las instituciones europeas; sin embargo, si un estado quiere mejorar su política social, se encontrará con que los demás miembros de la UE y las instituciones de ésta actuarán de consuno para minar ese esfuerzo. Para liberalizar la UE basta un solo estado, para socializarla es necesario el acuerdo unánime de todos ellos. Hay ya análisis que explican cuál es la razón de esta diabólica tendencia. Ahora es necesario diseñar una estrategia para revertirla de modo que sea la liberalización y no el refuerzo de lo social la que tenga que enfrentarse a la resistencia sistémica.