El Parlamento danés aprobó en noviembre pasado un “paquete” de medidas contra los “vándalos” (lømmelpakken) en previsión de la Cumbre sobre el cambio climático que debía celebrarse en diciembre en la capital danesa. Se trata de disposiciones que amplían el poder de los policías para detener a las personas y que permiten sancionar con cuarenta días de cárcel a quienes obstruyan su labor.

Aplicando estas nuevas medidas la policía detuvo a más de 1.500 personas en las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar durante la Cumbre. A estos manifestantes se les ataron las manos a la espalda, se les dejó largo tiempo en el frío suelo de las calles danesas y se les metió en unas jaulas de 12 metros cuadrados a razón de once personas por jaula. Estas jaulas habían sido dispuestas en una antigua factoría de cervezas Carlsberg y los detenidos no pudieron ir al lavabo, ni realizar ninguna llamada mientras estuvieron encerrados allí.

La versión de estas medidas que incluyó el Ministerio de Asuntos Exteriores danés en su página web en noviembre decía que se limitaban a ampliar el plazo de detención policial de 6 a 12 horas y que los manifestantes pacíficos no debían tener miedo alguno porque las nuevas disposiciones no iban dirigidas contra ellos. Todo eso ha resultado meridianamente falso.

En primer lugar, las medidas no se limitaban a ampliar el plazo de 6 a 12 horas. Sino que también (y eso es lo más importante) autorizaban a la policía a realizar detenciones “preventivas”. De hecho, en todos los países se prevé un plazo mayor o menor durante el cual la policía puede tener detenida a una persona (en España son 72 horas). Pero los estados que respetan el derecho de libertad personal sólo permiten que la policía detenga a personas sospechosas de haber cometido un delito (no una infracción cualquiera, sino un acto tipificado como delito en el Código Penal). En el caso danés se echó por tierra esta protección al permitir a la policía que privara de su libertad a personas que no hubieran hecho nada, sino que, simplemente fueran potencialmente peligrosas a juicio de la propia policía.

El efecto de la adopción de estas medidas fue que un quinto de la población danesa declaró que no saldría a manifestarse en esas condiciones. Ese fue el resultado de una encuesta que se realizó durante la Cumbre y de la que informó la revista Politiken. La misma revista señaló en un editorial que el paquete de medidas promovido por el ministro de justicia Brian Mikkelsen constituye una violación de los principios de culpa individual y sospechas concretas en favor de una práctica de detenciones indiscriminadas y preventivas. Como  señaló Henrik Stagetorn, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de Dinamarca, las disposiciones adoptadas por el Parlamento danés tienen como efecto hacer que la gente tenga miedo de manifestarse. Cualquier persona o grupo de personas que participe en una manifestación, aunque ésta sea legal y pacífica, puede ser detenida por la policía. Por tanto, los manifestantes no violentos no pueden estar tranquilos a diferencia de lo que declara el Ministerio de Asuntos Exteriores danés. Los nuevos poderes policiales constituyen un chantaje para que la gente renuncie a ejercer su derecho de manifestación.

Es muy importante denunciar este tipo de medidas. Se trata de algo que no debe ser pasado por alto, aunque los “constitucionalistas de guardia” de nuestro país lo hayan hecho. Los estados que organizan este tipo de actos se imitan unos a otros. Cada uno hace lo que considera que en el otro ha sido eficaz y no ha dado una “mala imagen” al mundo. Copenhague ha dado una imagen penosa. Ahora, muchos la llaman “Cop-enhagen” (de “cop”: poli y de las siglas de la cumbre —Conference Of the Parties—). Podríamos traducirlo libremente como “Policilandia”. Es necesario recordarlo con insistencia para hacer desistir a otros de seguir su lamentable ejemplo.