El Conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, ha presentado recientemente, con amplio eco mediático, el “Plan de acción 2008-2015 para la educación inclusiva en centros ordinarios”, que tiene por finalidad la ampliación del número de alumnos con discapacidad escolarizados en los Centros ordinarios de educación.

Al parecer la inclusión educativa —un principio de contenidos difusos, límites evidentes para una parte de personas con discapacidad, pero que goza de gran aceptación y predicamento entre amplios sectores de teóricos y  profesionales de la psicopedagogía— es el “mantra” elegido para contrarrestar/anestesiar la contestación social a la ley de educación de Catalunya aprobada recientemente.

Durante el Curso 2008-09, el sistema educativo catalán  ha acogido a 15.668 alumnos  con discapacidad, un 43,8% escolarizados en Centros de educación especial (6.868 alumnos) y el 56,2% restante (8.800 alumnos) en  Centros de educación ordinaria.

El objetivo final del plan es que en el año de su conclusión  —2015— únicamente el 30% de los alumnos con discapacidad permanezcan en los Centros de Educación especial (conocidos por las siglas CEE) y el 70%  restante sean escolarizados en Centros Ordinarios (conocidos por las siglas CO).

En la  presentación del plan, el Conseller Maragall soslayó las cifras de distribución del alumnado con discapacidad entre CO de titularidad pública y los centros concertados. Tampoco cuantificó los recursos disponibles actualmente por los CO para atender a  los alumnos con discapacidad (casi inexistentes para quien conozca la realidad docente de los centros ordinarios o la haya padecido).

Todo ello apunta a que el peso de la inclusión de los alumnos con discapacidad seguirá recayendo sobre los CO de titularidad pública, que deberán atender, con escasos recursos, las múltiples necesidades educativas especiales de los “nuevos incluidos”.  Una vez más, llueve sobre mojado.

No parece que el Conseller vaya a disponer de los recursos necesarios destinados a  levantar la pesada carga de su “ambicioso proyecto inclusivo”. Entre la documentación que acompaña al Plan no se incluye su Presupuesto por programas, desglosado por ejercicios presupuestarios (la traducción en compromisos reales y concretos de las previsiones de incrementos de recursos anunciados en el  acto de presentación del plan).

La dotación económica del Plan —21,3 millones de €— equivale a un  escuálido  0,36% del Presupuesto anual de educación de la Generalitat.

La anunciada contratación de 765 profesionales especialistas —cuyo coste estimado es de 19,4 millones de €,  equivalente al 0,74% de la partida de gastos de personal del Presupuesto anual de educación– supone en realidad la aportación de 1 nuevo  profesional  por  cada 11 alumnos con discapacidad  escolarizados actualmente en CO.

La amplia tipología de discapacidad de los alumnos escolarizados actualmente  en CO —el 83% de alumnado con d. auditiva, el 93% con d. visual, el  63% con d. física, el 54% con d. intelectual, el 25% con trastornos generales del desarrollo, el  62% con alteraciones graves de conducta y el 6% con discapacidades múltiples— nos advierte de las múltiples y variadas necesidades  educativas  especificas  del alumnado, perfila la insuficiencia de los recursos anunciados y nos avisa de los riesgos asociados a la misma: el  estancamiento y/o deterioro del alumnado con afectaciones graves o medias.

Por ello, bajo la rúbrica de “optimización de recursos existentes” se pretende paliar la  insuficiencia de  recursos  transfiriendo 234 unidades escolares de los CEE existentes en la actualidad a los CO (lo que supone en realidad lo transferencia de una parte del presupuesto dedicado a CEE a los CO), incrementando el número de “Unidades de Soporte educativo de educación especial a los CO” (de 284 unidades disponibles se pasará a 518 a lo largo del año 2015) y se incrementarán en 85 las unidades destinadas  actualmente a “educación post obligatoria”.

Si a lo referido anteriormente añadimos lo que el Conseller anuncia como un “proceso de ampliación del número de CEE convertidos en centros de referencia para la educación del personal con discapacidad en CO”, descubriremos que lo que  eufemísticamente  se presenta como “optimización de recursos”  supone en realidad “un proceso de reconversión de los CEE”  cuyas consecuencias recaerán sobre los alumnos cuyas limitaciones impiden la participación en el proyecto inclusivo.

La reconversión llevará aparejada el despido o prejubilación de una parte de la plantilla de personal docente (compuesta por 749 maestros) y de personal técnico especializado (compuesta por 750 personas) de los centros de educación especial de titularidad  privada. Es oportuno recordar que el 65% de los CEE son centros concertados, constituidos en tiempos no demasiados pretéritos por padres y/o profesionales del sector ante la falta de centros públicos. Los CEE de titularidad pública también verán menguados sus recursos docentes, ya que la reconversión supondrá un trasvase de “enseñantes” y personal técnico de soporte a los Centros Ordinarios. Ello supone  desvestir un santo para malvestir otro.

Siguiendo la consigna de la optimización, se ha iniciado un proceso de revisión a la baja  de los conciertos educativos suscritos con  los CEE.

Por tanto, cabe concluir que lo que el Conseller Maragall ha presentado como “un proyecto de inclusión educativa” es en realidad  un ampuloso disfraz para “un lenitivo” a la precaria situación del alumnado con discapacidad escolarizado actualmente en Centros ordinarios, obtenido del  recorte de los recursos que disponen los Centros de educación especial.

El lema del Plan, “Apendre junts, per viure junts”, quedará reducido a una simple coexistencia en un medio precario (Centros ordinarios de titularidad pública), de dudosos beneficios para un sector del alumnado con discapacidad, comprometiendo seriamente la cobertura de las necesidades educativas de los alumnos cuya discapacidad presenta serias limitaciones que precisan de intervenciones educativas intensivas en recursos, con contenidos específicos y adaptados al perfil concreto del alumno, que exigena menudo acciones individualizadasy requieren espacios educativos diferenciados —ésta y no otra es la aportación de los  centros de educación especial—.

Para quien quiera advertirlo, bajo el principio de la inclusión educativa se esconde a menudo un falso igualitarismo que sirve de pretexto a  prácticas de cicatería social como las expuestas.