¿Pacto social?

I

Cada vez que tenemos para masivo surge un clamor a favor de un pacto social. La visión de la economía nacional como una especie de organismo colectivo constituye una representación cultural potente, reforzada cuando las cosas van realmente mal. Una visión socialmente aceptable porque se fundamenta en una cuestión esencial: la importancia de la cooperación social para alcanzar cualquier objetivo importante y, especialmente, cuando se trata de hacer frente a situaciones graves. Al fin y al cabo la concepción orgánica de la economía nacional no hace sino proyectar a una escala superior la cultura de la cooperación y el objetivo colectivo que cohesiona el funcionamiento cotidiano de todas las instituciones de menor nivel que organizan nuestra vida material y social. Familias, empresas, organizaciones sociales, clubs deportivos…desarrollan esta misma idea de interés colectivo que promueve la cooperación, aunque a menudo ello sirva también para esconder las desigualdades, jerarquías, conflictos de intereses que conforman su verdadera realidad.

La idea de una economía nacional tiene también su significado cuando se advierte que los estados nacionales son aún un espacio significativo de regulación de la actividad económica y laboral, donde persisten fuertes diferencias tanto en la regulación pública como en los modelos de especialización y organización productiva privada de cada país. Aunque el capitalismo es un sistema global, su realidad se manifiesta en un mundo caracterizado por fuertes desigualdades nacionales, no reducibles a un mero proceso de división mundial del trabajo decidido desde un centro mundial. Subsisten espacios de intervención nacional nada despreciables, que explican que países de parecido nivel de desarrollo (por ejemplo en términos de PIB per cápita) mantengan importantes diferencias en la distribución de la renta, el peso del sector público o el nivel de innovación tecno-productiva.

A la izquierda radical nunca le han gustado los pactos sociales. Su rechazo incluye razones estratégicas y tácticas. En el primer plano la cuestión crucial es la legitimación del sistema capitalista en general o de alguna de sus variantes particulares, lo que se supone impide desarrollar una conciencia social crítica. En el plano táctico, el contenido concreto de las concesiones. Esta fue por ejemplo la crítica que muchos realizamos a las políticas de pactos de la década de los ochenta, que coincidieron con la introducción del capitalismo neoliberal y conllevaron importantes concesiones en términos de salarios reales y derechos laborales. Pero sin negar que estos riesgos existen, no puede pasarse por alto que cualquier estrategia pacífica de transformación social incluye procesos sociales que de algún modo incluyen acuerdos sociales más o menos tácitos. La cuestión central es ver en que condiciones, bajo que supuestos, se realizan dichos acuerdos. En qué medida suponen mejoras sociales importantes y abren o cierran vías de transformación social.

II

La paradoja del momento actual es que ha sido la CEOE la que ha renunciado a un pacto social. Creo que una vez más ha mostrado tener una estrategia mucho más definida que la de sus interlocutores (gobierno y sindicatos). Más allá de sus demandas maximalistas, los líderes empresariales tienen claro que poco pueden sacar de un pacto que sólo les reportaría mejoras menores (aunque no despreciables, como la rebaja de cuotas de la Seguridad Social) a cambio de dar alas a un Gobierno del que desconfían. A pesar de su vacuidad  y de sus incoherencias, Rodríguez Zapatero sigue siendo demasiado estricto en no sobrepasar algunos límites que la patronal quiere superar. No hace falta pensar en una conspiración para entender que la patronal prefiere un gobierno de derecha dura y confía que el desgaste generado por el paro masivo acabará por desplazar del poder al PSOE. Pocos gobiernos en el mundo consiguen repetir en una situación de paro masivo y la experiencia española también apoya esta conjetura: Felipe González perdió las elecciones en 1996 cuando el país llevaba tres años de paro masivo, no en 1993 cuando era más agudo el debate sobre los GAL y la corrupción. Una victoria del PP quizás no traiga consigo todo el programa maximalista que ha lanzado la patronal. Pero puede conducir a la aprobación de muchas de las reformas del estilo de las propuestas en el manifiesto de los cien, que si tenemos que valorarlo por la machacona insistencia y la variedad de canales por los que se trata de propagar es, de forma aproximada, el programa de reformas que trataran de colar.

Por ello es tan necesario que quienes defienden otro pacto social, o quienes simplemente piensan que hay que acumular fuerzas sociales para resistir a esta ofensiva y tratar de empezar a cambiar la orientación esencial de la política económica, empiecen por desarrollar algunas ideas-fuerza y alguna explicación clara que permita ganar audiencia, generar respuestas y minar los argumentos neoliberales.

III

El debate sobre el pacto social puede ser útil si empezamos por formular la cuestión en términos de “¿para qué un pacto?”, cuya respuesta lógica es “para crear las bases de un modelo económico más sostenible, estable, justo”. Hay que esperar que la respuesta convencional sea la conocida salmodia de la competitividad. Sobre la misma, la derecha y los neoliberales han construido su canon de propuestas simples en forma de reducción de salarios, de derechos sociales, de impuestos. Hay en cambio más de una evidencia para mostrar que ha sido la continuidad en este modelo la que ha conducido a la situación actual.

Los datos están ahí y son fácilmente consultables en la página de Eurostat. España ha sido el país europeo que en la última década ha reducido más los costes de salarios unitarios (un 6,4% entre el año 2000 y el 2007, frente a una reducción en la UE-15 del 2,8%), Estamos también a la cola en gasto social, salario mínimo, etc. Y en cambio nuestra balanza comercial, la que sirve para medir la relación social con el exterior, no ha parado de empeorar (excepto en el último año, debido a la recesión). No parece que insistir en bajos salarios y bajos costes sociales sea una vía útil ni siquiera para los planteamientos convencionales de la competitividad.

La razón del fracaso de estas políticas es relativamente fácil de entender: si la competencia se basa en salarios bajos hay muchos otros países que nos pueden ganar; no sólo parten de condiciones sociales peores (y por tanto socialmente más toleradas) sino que, por su tamaño, están en mejores condiciones de actuar como grandes proveedores internacionales (la economía española siempre ha padecido de un problema de escala). Tampoco tenemos el desarrollo tecnológico ni la capacidad productiva y organizativa de las economías maduras. La economía española lleva años metida entre dos espacios en los que es incapaz de competir. De hecho, los problemas de competitividad provienen tanto de la incapacidad de crear mercados a la producción local como del consumo intensivo de bienes de importación. Si de estrategia competitiva hay que hablar, la única posibilidad es, como siempre, la de desarrollar “nichos” de mercado especiales, que indudablemente requieren mas tecnología y mejor organización y cooperación social. Y ello requiere un trato más cuidadoso de la fuerza de trabajo y más intervención pública, lo contrario a recortar salarios e impuestos, como la derecha y buena parte de los economistas convencionales proponen.

La única medalla de oro española en el mundial de atletismo se la ha llevado Marta Domínguez en 3000 metros obstáculos. Creo que parte de su mérito ha sido el saber elegir una prueba que por ser nueva en el campo femenino, y relativamente técnica, era más fácil de ganar que otras más convencionales donde caribeñas y africanas tienen un monopolio consolidado. Si quieren es un ejemplo tonto, pero expresa bastante bien la lógica del éxito competitivo: buscar un espacio adecuado a los propios recursos, con una cierta posibilidad de desarrollo productivo autónomo, relativamente nuevo, y no entrar a competir en aquellos campos donde los oligopolios ya están asentados.

IV

Si hay que hacer algún pacto social éste debe orientarse a cambiar en serio las limitaciones del modelo vigente. No es posible sostener el tipo de especialización que ha explicado los presuntos años de “vacas gordas”, y también resulta evidente que el modelo tiene otra deficiencia grave en su insostenibilidad ambiental y social. La sociedad española es más desigual que muchas de su entorno y el modelo de familia mediterránea al que históricamente recurrió para cubrir muchas deficiencias (recurso basado sobre todo en el trabajo no reconocido de las mujeres y en una potente solidaridad intergeneracional) ya no tiene capacidad de soportar las cargas sociales que genera el sistema actual. Por razones como los cambios en la propia estructura familiar, la nueva y creciente demanda de cuidados que genera el (por otra parte deseable) alargamiento de la vida humana, la incorporación masiva de las mujeres adultas al mercado laboral, o el creciente endeudamiento generado por el propio modelo de distribución y consumo.

Poner la economía sobre nuevas bases es introducir cambios estructurales que posibiliten vivir con dignidad y un grado satisfactorio de seguridad. Y eso será imposible de realizar sin cambios significativos en los mecanismos de distribución de la renta, tanto primaria (reduciendo el elevado diferencial de salarios, aumentando el salario mínimo y poniendo límites a las rentas más altas) como secundaria (cambios en el sistema impositivo que castigue las fórmulas de ganancia parasitaria, mejoras en la provisión de servicios básicos), así como sin un pacto que garantice una dotación adecuada de servicios públicos de cuidado. Cambios que son a la vez distributivos, del papel del sector público y del empleo. En la misma línea, se deben empezar a potenciar planes para alterar aquellas actividades que generan los mayores impactos ambientales negativos, como el transporte, el consumo energético. etc. Cualquier cambio que no vaya en esa dirección tiene poca capacidad de cambiar el modelo. Y por tanto la continuidad del actual “pacto social implícito” (el que de facto determina el modelo impositivo, distributivo actual) sólo puede generar la repetición o el agravamiento de los problemas que hemos padecido los últimos años.

En una propuesta de cambio serio del modelo actual cabe preguntarse si no se requieren, también, algunas reformas en la reorganización del mercado laboral. Hay algunos casos donde ello es evidente. Empezando por todo el complejo de formación profesional-cualificación-organización del trabajo. Cuando en España se insiste en la existencia de un diferencial negativo en la educación de la fuerza de trabajo se suele pasar por alto que la diferencia se encuentra sobre todo en la formación profesional. Hablando en plata, este es un país regido por señoritos que han ignorado la importancia de la formación laboral y han primado una educación superior asociada al estatus. Y en ello han tenido la complicidad de un empresariado poco interesado en desarrollar una formación que a la larga podía traducirse en mayores salarios y en un modelo organizativo más democrático. La reforma de toda la línea que supone formación profesional-formación ocupacional-formación de adultos es sin duda una importante prioridad. Un cambio que, por otra parte, puede tener efectos positivos sobre el tan preocupante problema del fracaso escolar.

La segunda reforma fundamental debe ir en la línea de lo propuesto anteriormente. Un modelo de negociación colectiva y de “voz” sindical orientado a reducir las enormes desigualdades laborales y a permitir la implementación real, especialmente en la diáspora de las pymes, de los derechos laborales en temas como seguridad e higiene laboral, contratación irregular, conciliación de la vida personal, desigualdades de género, etc. Una vía que pasa por lo opuesto de lo que proponen los “economistas teóricos” defensores de la fragmentación de la negociación colectiva. Sólo con políticas centralizadas es posible generar derechos comunes. Sólo con mayores derechos reales de participación democrática es posible evitar los abusos.

Sin duda todo es revisable. Y si hay una negociación real deberán matizarse muchas cuestiones. Pero creo que cualquier propuesta de pacto debería comenzar por lo que he tratado de proponer: un diagnóstico adecuado de los males y defectos del actual modelo económico y social, una propuesta en positivo de la orientación de los cambios. Y un trabajo cultural, de debate social al respecto. Mucha gente ha pensado, comentado, escrito al respecto. Parece, sin embargo, que la pretendida izquierda política y sindical sigue demasiado perpleja, tímida o incapaz de formular algunas ideas clave, en contraste con una patronal irresponsable pero que sigue teniendo claro como defender sus privilegios. El tiempo de las respuestas se acorta.

Brotes verdes o más de lo mismo

Los augures están optimistas. Algunas economías importantes han empezado a tener tasas de crecimiento positivo. Algunos de los bancos que recibieron ayudas voluminosas no sólo las han devuelto sino que anuncian beneficios. Y en bastantes lugares la bolsa sube. Los augures dicen que la pandemia ha sido sólo una gripe pasajera y que en un par de años volveremos a estar en pleno crecimiento. Eso sí, seguirá habiendo mucho paro. Ya se sabe que todos los problemas no se pueden resolver a la vez y los parados y paradas, como corresponde a gente modesta y sin ambiciones, deben tener paciencia. Cuando los negocios vuelvan a marchar a toda vela ya vendrán tiempos mejores y hasta puede que consigan un empleo temporal.

Que los datos de crecimiento den valores positivos no significa que el malestar económico vaya a desaparecer. En cualquier recesión importante hay fluctuaciones (al igual que en las fases de crecimiento) ligadas a los ciclos cortos, las intervenciones públicas, etc. La cuestión, desde esta perspectiva, es si persisten las razones que han abocado a la economía a una fase de recesión profunda. Y la experiencia de periodos pasados da para prever que podemos haber entrado en una fase de enorme incertidumbre y estancamiento. Por ejemplo, en la crisis de los años 70 del pasado siglo la caída del PIB en las economías capitalistas avanzadas no fue tan brutal como la actual y el período de incertidumbre, recesión y elevado desempleo se prolongó desde 1973 hasta mediados de los años ochenta.

El problema principal es que no parecen haberse resuelto, ni siquiera enfocado correctamente, ninguno de los determinantes estructurales que dieron lugar a la crisis. Empezando por el principal responsable, el sistema financiero. Nada serio ha cambiado en las regulaciones financieras. Los trabajos más rigurosos de los economistas críticos (algunas referencias importantes ya, como el número de julio del Cambridge Journal of Economics, o el libro colectivo editado por la Real World Economic Review, o las propuestas de Paul Davidson) inciden en la necesidad de una reforma radical tanto del sistema de divisas internacionales como del sistema financiero en su conjunto, principal factor de creación de riesgo sistémico y de una economía de rentistas. Más bien parece que, pasado el peligro, cedido el riesgo al sector público, los bancos que han salvado la quiebra, debidamente engrasados, vuelven con sus prácticas de siempre. En las páginas de la prensa económica leemos a diario noticias que dan cuenta de la reaparición de los productos estructurados (precisamente el tipo de productos financieros que desencadenó la crisis), de captación de dinero con bonos preferentes, o de la recompra con fuertes descuentos de bonos que se vendieron a inversores privados a 100 y se recompran a 70 (primero se les vende un producto basura, después se les espanta con que el producto será más basura y se recompra a un precio menor, con lo que el banco consigue una notable plusvalía).

Que algunos de los bancos que ha recibido ayudas haya podido devolverlas en tan poco espacio de tiempo, más que indicar una economía sana apunta a tres cosas: a) que realmente se ha transferido toda la porquería financiera al sector publico, y que por tanto lo que se transfiere es un enorme agujero que afectará a las cuentas públicas en los próximos años; b) que con el dinero recibido se ha vuelto a las operaciones especulativas que son las que permiten grandes ganancias a corto plazo; c) que se está permitiendo a los bancos nuevas modalidades de contabilidad creativa con las que hacer aparecer buenos resultados allí donde no existen. Posiblemente la historia real sea una combinación de todo ello.

También en España las llamadas a la regulación son contradictorias. Recientemente por ejemplo se ha procedido a liberalizar la forma como los bancos contabilizan los créditos hipotecarios impagados y las aseguradoras sus inversiones en títulos financieros. Hasta ahora, si un banco tenía una hipoteca impagada tenía que provisionar al cien por cien el valor del impagado (o sea si le debían 200.000 euros, debían crear un depósito de sus fondos con este valor) y si tenía muchos impagados debía provisionar mucho dinero que ya no quedaba libre para prestar (y por tanto se reducía su rentabilidad). Ahora, puede calcular cuál es el verdadero valor de mercado del activo (el valor del piso) y sólo debe provisionar por la diferencia entre el total del crédito y ese valor. La cuestión es que no queda claro quién determinará dicho valor y ello deja la puerta abierta a que los propios bancos hagan una valoración optimista para reducir sus provisiones, aumentando su riesgo. De la misma manera, las aseguradoras se enfrentaban al problema de que las caídas en bolsa de sus activos financieros generaban grandes pérdidas. Ahora, se abandona la idea de que el mercado es quien mejor evalúa los títulos financieros y se incluye otro método que deja más libertad a las aseguradoras para evaluar sus activos. En definitiva, la quiebra del mercado como buen evaluador se está traduciendo en dejar que sean las propias entidades financieras las que se autoevalúen. Y aunque la cuestión quizás tenga algo de razonable, todo apunta a que la voluntad de restablecer la liquidez del sistema financiero está abriendo nuevas vías de especulación que plantearán nuevos cracks futuros.

El problema está en que en el nivel de endeudamiento que han asumido los estados un nuevo rebrote de crisis financiera puede encontrarse con más dificultades de intervención. Por lo elevado del endeudamiento y por la persistencia del tabú de los bajos impuestos. Y es que si algo han conseguido generar treinta años de hegemonía neoliberal es una base social de clases medias ignorantes y ensimismadas que consigue bloquear las propuestas reformistas más elementales, como la reforma sanitaria norteamericana o la progresividad impositiva en general. Por eso, más que nunca es necesaria una intervención colectiva sostenida de educación económica y de desarrollo de un programa económico alternativo.