Todos los países sudamericanos, con la excepción de Perú, han manifestado una honda preocupación por el anuncio de que Colombia va a ceder el uso de siete bases militares al ejército norteamericano. Las negociaciones para el acuerdo estaban siendo llevadas en secreto y las “destapó” la revista colombiana Cambio, el mes de julio. Obama replicó, diciendo una verdad a medias, que Estados Unidos no tenía planes de instalar una base en Colombia. Y es verdad que no va a haber ninguna base titularidad norteamericana en ese país. Pero también lo es que las fuerzas del Comando Sur podrán utilizar las instalaciones de siete bases de titularidad colombiana con autonomía operativa. El tema de las bases ha ocupado el centro de atención de las dos reuniones que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha llevado a cabo en agosto.

Las bases militares han sido uno de los instrumentos fundamentales de la política imperialista de Estados Unidos en relación con Latinoamérica. E imperialista ha sido casi constantemente esa política desde la proclamación de la doctrina Monroe en 1822. Las excepciones relativas las constituyen las presidencias del segundo Roosevelt y de Jimmy Carter. No está nada claro que la presidencia de Obama vaya a ser una tercera excepción.

Las bases militares han jugado un papel primordial en las numerosas intervenciones del ejército estadounidense en los países de la zona. Guantánamo, por ejemplo es una buena muestra de la tradición imperialista norteamericana. La base se creó en 1902 como un instrumento para garantizar el derecho de intervención que los norteamericanos se habían reservado en la constitución cubana.

Con la devolución del canal a Panamá en el año 2000, los estadounidenses tuvieron que desmantelar las bases que tenían en ese país. De ese modo, perdieron unas instalaciones estratégicas para el control del subcontinente. Dos años después llegaron a un acuerdo con el gobierno de Ecuador que les cedió el uso parcial de la base de Manta. Los norteamericanos utilizaron las instalaciones ecuatorianas para operaciones de detección y rastreo del tráfico de drogas (o eso dijeron).

Este año el presidente Correa se negó a prorrogar el acuerdo que permitía a las tropas del Comando Sur usar la base situada en Ecuador. De hecho, la nueva constitución ecuatoriana prohíbe la presencia de bases extranjeras en su territorio. Pero la razón más inmediata de la decisión de Correa tiene que ver con la incursión que el ejército colombiano realizó en Ecuador para atacar el campamento del jefe de las FARC, Raúl Reyes, en marzo de 2008. Pues esa operación contó con el apoyo logístico de los militares norteamericanos de la base de Manta.

No es extraño que tanto Ecuador como Venezuela vean la presencia norteamericana en las bases colombianas como una amenaza para su seguridad. Ecuador porque ha sufrido una invasión de su territorio y Venezuela, porque, coincidiendo con la negociación sobre las bases, Chávez ha sido acusado en repetidas ocasiones de proporcionar armas a las FARC. Hay que tener en cuenta que Obama, cuando aún era candidato a Presidente, apoyó sin reservas la incursión colombiana en Ecuador. Dijo literalmente a un periódico de Miami: “apoyamos el derecho de Colombia de combatir terroristas que buscan ponerse a salvo cruzando su frontera”.

Desde la perspectiva de Sudamérica en su conjunto, la instalación de las bases en Colombia  constituye una estrategia de socavamiento de la UNASUR. La Unión de Naciones Suramericanas es una organización, promovida por Brasil, que pretende servir de instrumento para resolver los conflictos regionales y plantear estrategias de seguridad y defensa comunes. Su creación fue posible por el cambio en la correlación de fuerzas que se ha producido en Latinoamérica en la última década. El único presidente decididamente pro-norteamericano que ha sido elegido en ese periodo ha sido el colombiano Uribe.

La importancia de la UNASUR no puede ser minimizada si se tienen en cuenta los esfuerzos que ha realizado Estados Unidos para que Europa no tuviera una política de defensa propia y autónoma y siguiese sometida a la OTAN. Lo que Europa no había conseguido, sí que parecían a punto de lograrlo los países sudamericanos cuando crearon el Consejo de Defensa Suramericano en el seno de la UNASUR en marzo de este año. Para minar esa iniciativa regional Estados Unidos ha utilizado una táctica que conocemos sobradamente en Europa: la táctica del caballo de Troya. El papel que aquí ha jugado Gran Bretaña y, en ocasiones, Dinamarca, allí le ha tocado a Colombia. El gobierno de Uribe, mientras apoyaba nominalmente la creación del Consejo de Defensa Suramericano en la UNASUR, estaba ya negociando la cesión del uso de las bases a Estados Unidos. El sueño de una Sudamérica libre de instalaciones militares norteamericanas se ha ido, de ese modo, al traste, cuando parecía que había sido finalmente alcanzado.