En el interior del PP 

Que las decisiones administrativas tienen un valor económico es una de las pruebas a que están sometidos los sistemas políticos, resguardados cuidadosamente del control popular y por tanto bastante ciegos ante los negocios mafiosos. El control de muchas actividades impropias o delictivas queda en las casi siempre atadas manos de los funcionarios públicos del Tribunal de Cuentas y de Poder Judicial. Ello da lugar a episodios o prácticas continuadas de corrupción que afectan sobre todo al plano local. Es en ese ámbito donde la mafia económico-política encuentra el terreno ideal de operaciones, para sus construcciones.

Ninguno de los dos grandes partidos está libre de la actuación de desaprensivos. Pero el Partido Popular aparece, en estos momentos, como una especie de coto particular. Ciertos “casos” se eternizan en los tribunales, como los que afectan al gafasoleado Fabra, sempiterno capo de Castellón; otros parecen alcanzar a personas destacadas del partido en la comunidad valenciana, incluso pertenecientes a cordadas políticas contrarias. Y los casos que se dan en la comunidad de Madrid, en que distintos clanes del mismo partido en el poder en esa comunidad amagan con arrojarse lodo los unos a los otros, y con expresiones —las que resultan de las escuchas telefónicas decretadas por los jueces— que los muestran como vulgares matones, y no sólo como negociantes, siempre traficando influencias en busca de adjudicaciones de obras y de privatizaciones —ahora las apetitosas aguas de Madrid—, superan lo que cualquiera podía suponer. El PP no ha encontrado mejor política para minimizar los daños que arremeter contra jueces y fiscales: tratar de atemorizarles. Si lo consiguieran amordazarían la democracia, pero por lo visto no les importa.

La mayoría nunca pensó —algunos nos lo temimos— que la descentralización administrativa abriría paso a mafias locales. En mi modesta opinión una república bien ordenada tendría que repensar el reparto de competencias a las comunidades autónomas, que tan caro le resulta al contribuyente en comisiones a políticos y en ejércitos de funcionarios que jamás fueron necesarios.

La ignominia de Madrid sólo tiene un efecto beneficioso: dejar malparada en sus ambiciones políticas a la señora bajo cuya responsabilidad última se perpetran muchas de esas prácticas poco elegantes, por dejarlo en eso. La señora Aguirre, cuya fotografía los madrileños que la votaron hubieran debido mirar bien —esa sonrisa que no se traduce en los ojos, esa dura línea vindicativa de los labios—, ya mostró su modo de hacer con la entrada de su consejero Lamela como caballo siciliano en las urgencias hospitalarias madrileñas, aterrorizando a los médicos. A ella, a quien corresponde la responsabilidad política última, se le debe que hoy morir en Madrid entrañe un grave riesgo añadido de sufrimiento. Que esa señora se postule como candidata a dirigir el principal partido de la oposición es hoy tan descabellado que, mira por dónde, la corrupción política produce —eso sí, a costes altísimos— resultados inesperados.

La querella del PP contra el juez Garzón y la famosa cacería en la que el cazador Bermejo resultó cazado —falta de mano izquierda con los jueces mediante—, con su enorme impacto político, obligan a pensar. Pues pensemos. La dimisión y cese de Bermejo le da al gobierno un plus de seriedad. “Aquí cumplimos”, nos viene a decir. Pues veamos el otro lado. ¿Por qué sigue Fabra inmutable en su puesto? Pues porque tiene el apoyo del presidente de la Comunidad Valenciana, Camps. Por algo lo debe tener, porque de otro modo no se explica. Y ¿por qué puede apoyarle Camps, cuando eso es un coste político serio? Pues porque Camps es necesario para Rajoy: éste, sin su apoyo, no podría seguir presidiendo el PP. De modo que las cosas están así: Rajoy prisionero de apoyos nada deseables. Y entretanto asoma un problema con la tesorería del PP. La pregunta: ¿sólo hay por ahí una pandilla de indeseables a los que la actual dirección del PP no quiere retirar el apoyo, o hay algo más sistémico, más adentro del partido? En manos de los jueces están las cosas. Menos es nada.

Imperatores supra lex regunt 

En referencia a la administración Bush, responsable de tantos delitos internacionales e internos, Obama ha dicho que es preciso mirar hacia delante y no hacia atrás. Eso quiere decir que el actual Imperator es en eso igual que los demás.

Ya Bush padre consiguió que Clinton ordenara no investigar las irregularidades y mentiras de su mandato. América primero. Ahora el actual presidente no está dispuesto a que se persigan las autorizaciones a la tortura (y específicamente la preferida, la bañera, que los antifranquistas recordamos bien), las atrocidades en la guerra de Iraq, y un muy largo etcétera.

Tampoco se sabrá por ahora qué ocurrió realmente el 11 de septiembre de 2002. Sabemos —gracias a cámaras oportunas— que dos aviones se estrellaron sobre las Torres Gemelas de Nueva York. Y hemos visto a ciudadanos norteamericanos arrojarse al vacío para no morir abrasándose. Pero el caso de los atentados neoyorkinos, que permitió entrar en guerras a un presidente votado como no intervencionista en política exterior, presenta demasiados puntos oscuros. Como el derrumbamiento en vertical de tres edificios —contra uno de los cuales no se estrelló nada— de una forma que sólo se puede atribuir a la demolición controlada. O ese avión presuntamente estrellado contra el Pentágono, del que no fue posible recuperar los restos de los motores pero sí los del equipaje de los supuestos pasajeros. Probablemente la fábula de las Torres Gemelas ocupará a los historiadores del futuro, pero nadie se atreve a que ocupe las páginas de los diarios del presente.

La inexigencia de responsabilidades a Bush y a su banda significa, por segunda vez en pocos años, que la Presidencia norteamericana se sitúa por encima de la ley. Justamente lo contrario de lo que propugnaban los padres de la patria de los norteamericanos. Obama no es Bush, cierto. Pero ya ha perdido su crédito. No va a moralizar en serio la administración norteamericana. También él queda por encima de la ley. Nos hicimos algunas ilusiones, aunque menos que los votantes norteamericanos.

Inscripción de fetos malogrados 

Entre las necesidades expresadas por la gente aparece una nueva, no necesariamente antiecológica: dar nombre a los fetos malogrados para que sea posible que tengan un sepelio como si fueran personas. Y numerosas personas pagadas por los contribuyentes van a elaborar, tras deliberaciones y estudios, una propuesta en este sentido. Todo sea para bien. Pero que no se limite a los fetos: también debería valer los abortos, para partes del cuerpo humano, para animales de compañía y qué sé yo qué más. La oreja de Van Gogh debiera haber tenido un nombre y no ser conocida por un grupo musical en este mundo al revés. ¡Venga, un registro más! Con su registrador, sus administrativos, su espacio amueblado, su ventanilla y sus tasas.

Gobernador independiente se independiza 

El Gobernador actual del Banco de España, una de esas autoridades independientes del neoliberalismo, que no tiene que rendir cuentas a nadie, ha aprovechado la coyuntura para pedir el abaratamiento del despido. No está en sus atribuciones hablar de eso, pero si le tosemos aludirá a su libertad de expresión. Sacrosanta. Que se vaya.