Los dos últimos meses han sido intensos en medidas de gran gobierno. En intervención pública discrecional. Aquel tipo de intervención que los monetaristas habían satanizado en los inicios de la contrarrevolución neoliberal. Pero ya se sabe que una cosa son los principios y otra las necesidades. Ningún liberal se ha escandalizado por la transferencia masiva de fondos al capital financiero, la salvación de entidades en situación de quiebra, la reducción de tipos de interés para alentar el nivel de las cotizaciones bursátiles… Otra cosa hubiera sido si esta intervención se hubiera orientado a garantizar rentas salariales y pensiones, a transferir gratuitamente viviendas a la gente necesitada. Y aunque traten de presentar esta intervención como un cortafuegos para evitar males mayores a la sociedad, no podrán eludir la verdad desnuda: el capitalismo liberal ha vuelto a topar con los mismos problemas que ya provocaron se decadencia hace unos setenta y cinco años.

Las crisis financieras han sido la tónica del periodo neoliberal. Pero mientras las anteriores tuvieron su epicentro en áreas periféricas (Latinoamérica, Asia, Rusia), o se concentraron en empresas específicas (Enron, las puntocom), ahora la crisis ha afectado de pleno al núcleo central del capitalismo financiero-especulativo (no confundir con el capital financiero de Hilferding) que ha hegemonizado la marcha de la economía neoliberal. Tenemos buenos argumentos para la crítica y la acción. Pero de momento lo que se ciernen son nuevas amenazas sobre la economía real y sobre las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.

Lo que se ha hecho hasta ahora es un plan de rescate del sistema financiero, en muchos casos endeudando a los Estados por mucho tiempo, sin cuestionar las bases organizativas de la estructura financiera mundial. No hay garantías de que los ingentes fondos destinados a la salvación bancaria reviertan en una dinamización económica. El agujero financiero, la ausencia de transparencia y la desconfianza sobre la fiabilidad de las empresas se traduce en estos casos en restricciones crediticias y “trampa de la liquidez”. Japón experimentó en la década pasada un largo período de interés cero sin que esto sacara a su economía de la crisis. No hay tampoco garantías de que la mayor liquidez de los bancos no se traduzca en nuevas operaciones especulativas. De hecho es lo que ha estado ocurriendo después de las numerosas intervenciones financieras públicas de las dos décadas anteriores. Sin una intervención pública directa y sin un desmantelamiento del ficticio edificio engendrado por el liberalismo financiero, el peligro de recaídas es evidente. Y las estrechas relaciones de los grupos financieros con los responsables políticos que van a negociar la “refundación del capitalismo” no generan confianzas. Habría que vetar a todos los políticos relacionados directamente con el mundo financiero y jubilar a todos aquellos técnicos, economistas, que han colaborado en legitimar el modelo actual (incluso exigir la devolución de más de un premio Nobel de Economía, al igual que se exige con los medallistas olímpicos pillados en un affaire de dopaje).

Aunque el sector financiero esta en el ojo del huracán, la crisis no es meramente financiera. El desplome inmobiliario es en gran medida el producto de una sobreinversión sectorial que por fuerza debía acabar en una sobreoferta: un ejemplo de libro de lo que los clásicos llamaban “anarquismo del mercado capitalista”. La crisis de endeudamiento es asimismo el resultado de combinar políticas de expansión del consumo por un lado y de distribución cada vez más desigual de la renta por otro. Sin cambios en la distribución de la renta y en las pautas del consumo el endeudamiento creciente es inevitable. Y éste no puede aumentar indefinidamente. Sin oportunidades claras de mercado las inversiones se colapsan y la recesión es inevitable. No es sólo el sistema financiero el que está en crisis, aunque las restricciones del crédito la agudizan.

En este contexto el crecimiento sólo podría venir, como fue en el pasado, de una expansión de la demanda pública en forma de más inversiones en infraestructuras y en servicios sociales y quizás en mayores transferencias de renta que aumentaran el consumo. Pero el dominio de la ideología del Estado demediado impide de momento desarrollar esta política y fuerza a los Gobernantes a atarse al guión de que frente a la crisis hay que ser austeros. La ayuda masiva al sector financiero agrava el problema al acrecentar el endeudamiento público en actividades que además no generan empleo. Refuerzan los argumentos en pro de la austeridad y nos conducen a un laberinto sin salidas: sólo se nos pide, una vez más, que esperemos que el capital se anime a invertir y nos saque de la crisis. O sea que “el mercado” (los capitalistas) siga siendo el agente principal de dirección económica.

Una política que no sólo augura desempleo masivo, sino que al calor de las dificultades alienta nuevos ataques a los derechos sociales. Hay signos en todas partes: desde la promesa de Obama de reducir impuestos (y por tanto de bloquear la necesaria reforma de la Seguridad Social e inversión en servicios básicos) hasta los signos que se perciben en nuestro país. Por ejemplo que, en el protocolario encuentro Zapatero-Rajoy, éstos se pusieran de acuerdo en impulsar la reforma de la Seguridad Social. O la renuncia a dar información sobre las entidades financieras que reciban ayudas (si están en peligro: ¡que las cierren o las nacionalicen, no que lo escondan!). O la parálisis del desarrollo de la ley de dependencia (una fuente potencial de empleo y mejora en el bienestar). O el renacimiento de las propuestas de establecer el copago en las visitas a la Seguridad Social (sin tocar en cambio el sistema de gasto farmacéutico, no sea que los laboratorios y las farmacias vean mermados sus ingresos). La crisis no sólo pone en peligro el empleo, sino que implica nuevo retroceso de derechos sociales.

La crisis puede ser también una gran coartada para bloquear cualquier intento ecológico de racionalización: Presentando como “paralizantes” las medidas de control del cambio climático y tratando de impulsar el crecimiento económico en los mismos sectores de siempre, como muestra que el plan de apoyo al sector del automóvil anunciado por Unión Europea. O, como tendremos ocasión de ver, con la las propuestas de inversión en infraestructuras.

Planes insensatos que de momento tienen poca respuesta social. Al miedo de la mayoría de la población se suma la inexistencia de alternativas de izquierda. Ausencia debida tanto a la debilidad del pensamiento crítico y de la organización política y social de las clases subalternas como al sectarismo, autocomplacencia y desconfianza mutua que predominan en la mayoría de núcleos activos. Es hora de impulsar iniciativas de diálogo, reflexión, elaboración de propuestas y movilización. Tarea díficil pero necesaria. Que necesariamente deberá empezar por iniciativas modestas, pero que debe convertir esta crisis en una oportunidad de rectificación de la dinámica social.

Hay además algunas cuestiones sobre las que articular demandas sociales que deberían implicar movilizaciones, demandas y políticas sociales:

• Extensión de los servicios sociales con objeto de aumentar el bienestar y generar empleo.
• Oposición a los recortes de derechos sociales e introducción de medidas para el control de las rentas excesivas y el desmesurado poder del sector financiero (medidas de control, transparencia, de limitaciones a la movilidad de capitales).
• Inversiones públicas orientadas a reorganizar la actividad productiva en términos de sostenibilidad ambiental. En el mismo sentido deberían desarrollarse los planes de reorganización productiva.
• Ayudas directas a los afectados por la crisis, especialmente las personas afectadas por el paro y/o la crisis hipotecaria.
• Apoyo a las formas no capitalistas de actividad productiva (la “economía social” es un buen terreno de experimentación social).
• Una reorganización eficaz requiere una nueva articulación del mundo laboral y la vida social: la crisis no debe acabar tampoco con las mejores políticas de conciliación de la vida mercantil y no mercantil ni con las demandas de igualdad de género.

No olvido que hay otras muchas tareas que realizar. Pero como de la educación y de la innovación ya se encargan otros, creo que una política de las clases subalternas debe ser insistente en los elementos que quiere potenciar. Sólo si convertimos propuestas de fondo en alternativas concretas y conseguimos una movilización y concienciación social adecuadas podremos evitar una nueva catástrofe social. Por ello, hoy el primer paso consiste en tejer los mimbres básicos de una adecuada respuesta social a una situación que amaga con perdurar.