En un país que exilia, encarcela y asesina a sus poetas todo es posible. Hasta es posible que sesenta años después del genocidio franquista un fiscal se oponga al auto del juez Garzón que busca establecer los hechos de aquellos asesinatos abominables.

Lo más bonito de la actuación del fiscal es su tergiversación de la propia memoria. Afirma que los hechos están amnistiados por los pactos de la transición. No es así. Los pactos que llevaron a la Constitución de 1978 incluían un acuerdo de amnesia. Pero fue un gobierno preconstitucional, anterior a eso, el primero de Adolfo Suárez, el que dictó los decretos de amnistía, hechos a la medida del poder reformista, no rupturista, que los dictaba. Gracias a estos decretos nunca ha sido posible investigar las responsabilidades no ya políticas del genocidio franquista, sino las criminales, y tampoco ha sido posible establecer siquiera, simplemente, las responsabilidades civiles. El estado alemán aún hoy paga por los crímenes nazis, muchos de ellos cometidos, como los franquistas, contra su propia población. El estado español nada de nada. Hoy se protege desde el estado a las víctimas del terrorismo de hoy, pero se ponen trabas al reconocimiento de las víctimas del terrorismo franquista, que además fue un terrorismo de estado.

Vergüenza para los que gobiernan y para los que han gobernado.

La oposición del fiscal al auto del juez Garzón posiblemente encontrará respaldo en el conservadurismo mayoritario entre los magistrados de la Audiencia Nacional. ¿Qué podemos esperar, cuando sólo de boquilla es estado de derecho el estado español? Para que un estado al menos parezca un estado de derecho se necesitan magistrados neutrales, que actúen a tiempo, según la ley. En este caso la ley es la ley universal, superior incluso a la constitución, que hace imprescriptibles los delitos de genocidio y de lesa humanidad.

Las asociaciones y los familiares de víctimas del franquismo tendrán que hacer probablemente un largo recorrido jurídico. Es altamente probable que las magistraturas de la Unión Europea les den la razón si se recurre a ellas. Pero tememos que primero habrá que pasar por el sainete jurídico español, donde la justicia cobra las dimensiones del esperpento.