Referendum irlandés y ratificación española

El enviado especial de El País a Dublín, Andrea Rizzi, en su crónica del 12 de junio, previa a la celebración del referendum sobre el Tratado de Lisboa en Irlanda, decía que “oyendo a los activistas, todas las críticas tienen un denominador común: el sueño de una Europa mejor. Pero excavando en las bases, la impresión es que en el rechazo pesan más los miedos que los sueños. Fundamentalmente, perder bienestar y los privilegios conquistados en estos años”.

Es decir que para ese periodista resulta impensable que las razones del “no” puedan ser realmente “idealistas”. No cree que el fundamento de la postura crítica sea el ideal de una Europa mejor o una comprensión cabal de las consecuencias de la regulación contenida en el tratado. Los motivos reales tienen que ser reducidos a mezquinos intereses para mostrar que la oposición al tratado de los irlandeses carece de fundamentación racional.

Sin embargo, uno podría preguntar al tal Rizzi si conoce realmente el contenido de la normativa europea. Quizá el desconocimiento esté más de su lado que del de los activistas irlandeses contra la ratificación. Pues, por ejemplo ¿hay algún argumento para seguir defendiendo la falta de responsabilidad política del Banco Central Europeo ante los ciudadanos? ¿Es posible seguir manteniendo que el banco pueda adoptar medidas que afectan gravemente a las economías domésticas y que detraen recursos públicos para inyectarlos en el sistema financiero privado sin tener que responder por ello ante nadie?

En cualquier caso, los congresistas españoles deben pensar que sí existen esos argumentos, pues el 26 de junio aprobaron, de forma casi unánime, por 322 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, a favor de la ratificación del Tratado Lisboa. IU votó en contra, pero ICV se abstuvo: quizá tendría que explicar el por qué de esta ambigüedad a quienes votaron por esa formación. Puede que ICV considere que no hay suficientes razones de peso para oponerse clara y rotundamente a un tratado que prosigue en la línea de la imposición de las políticas neoliberales por la vía de la integración europea.

La jornada laboral de 60 horas 

Para muestra, un botón. En su reunión de 9 de junio el Consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores aprobó una modificación de la directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. En su Artículo 6, esa norma prevé que la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días. La nueva propuesta, como es sabido, permite que contando con el consentimiento “libre e informado” del trabajador, los estados puedan introducir una excepción que permita prolongar la jornada hasta 60 horas semanales.

Una de las disposiciones en las que se funda la competencia del Consejo para adoptar este tipo de normas es el artículo 136 del Tratado CE que señala que “La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo (…) la mejora de las condiciones de vida y de trabajo”.

Desde luego, no deja de ser un sarcasmo que la finalidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo sirva de fundamento para prolongar la jornada laboral hasta las 60 horas. La retórica jurídica progresista del tratado sirve de base para la adopción de medidas netamente regresivas.

Este proyecto de directiva supone un cambio muy importante. Las políticas europeas habían constituido hasta ahora un obstáculo para el mantenimiento de los derechos sociales. La defensa de esos derechos quedaba en manos de cada uno de los estados por separado y las políticas económicas que los socavaban tenían toda la fuerza conjunta de la UE. Sin embargo, ahora las políticas europeas se orientan directamente al desmantelar los derechos y conquistas sociales. No se trata, pues, sólo de que no haya una Europa social, sino de que estamos ante el nacimiento de una Europa antisocial.

La directiva de retorno 

La llamada “directiva de retorno”, constituye otro buen botón de muestra. Fue aprobada por el Parlamento Europeo en primera lectura el 17 de junio. Esta norma prevé que el internamiento de los extranjeros indocumentados se pueda mantener durante un período de seis meses, que podrá prorrogarse otros doce más si los estados lo consideran necesario.

De esta norma se ha dicho que es “progresista”, porque impone límites temporales al internamiento de los extranjeros en situación irregular en los países donde esos límites no existían. Dejando de lado que 18 meses para tramitar una expulsión parece un periodo desmesuradamente dilatado, la afirmación sólo es parcialmente cierta. Pues tres de esos países, Irlanda, Dinamarca y Reino Unido “no participan en la adopción de la Directiva y, por tanto, no están vinculados en su totalidad ni sujetos a su aplicación”.

También se ha dicho que, en el caso de España, la directiva no tendrá efectos negativos para los inmigrantes, pues en nuestro país en plazo máximo de detención es de 40 días. Sin embargo, el informe elaborado en diciembre de 2007 por la consultora STEPS para el Parlamento Europeo sobre las condiciones de las personas detenidas a la espera de expulsión habla de una realidad diferente. Así, en el apartado dedicado a España se dice que la duración máxima de la detención en los Centros de Internamiento de Extranjeros es efectivamente de cuarenta días. Pero que, en la práctica, los extranjeros pueden ser detenidos de nuevo a su salida del centro y acumular, así, múltiples periodos de detención de 40 días.

La directiva de retorno es la primera que se aprueba en materia de inmigración. Eso pone de manifiesto la hipocresía europea frente a los inmigrantes irregulares. Mientras las cosas van bien, se tolera su presencia. Pero cuando empieza la crisis ellos son las víctimas propicias para sufrir sus consecuencias en primer lugar. Los acontecimientos que se han concentrado durante este mes de junio han puesto de manifiesto con claridad cuál es el camino que sigue la actual Unión Europea. Es hora ya de intentar impulsar proyectos alternativos, antes de que la integración los lamine definitivamente.