La cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tendrá lugar en Cancún del 10 al 14 de setiembre, constituye un espacio político en el que impera el doble lenguaje: liberalización del comercio para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo económico. Pero desde el 30 de octubre de 1947, en que 23 países firmaron los primeros acuerdos del GATT en Ginebra, no se ha reducido la pobreza ni propiamente tampoco se han liberalizado más que los aspectos que favorecen a las transnacionales y a los países ricos. El GATT dio lugar, el 1.º de enero de 1995, a la OMC. La trayectoria de esta institución, que integra 146 países y que debería poner orden en el comercio internacional, resulta un ejercicio constante de proteccionismo exclusivo de los intereses de las grandes empresas transnacionales y de los países ricos.

Vicente Fox, antes director de la Coca Cola de México y de América central y hoy presidente del gobierno anfitrión de la reunión, ha declarado recientemente: «A partir de ahora, nuestra prioridad absoluta será reforzar el mercado interior. Hemos abandonado la idea de que era necesario ir hacia una economía neoliberal que no nos ha beneficiado estos últimos años». Son declaraciones que seguro no repetirá en el interior de la reunión ante la Conferencia Interministerial. El director general de la OMC, el tailandés Supachai Panitchpakdi, continúa defendiendo que los intercambios internacionales son el motor del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza. Por su parte, Franz Fischler, comisario europeo de agricultura, ha adoptado un tono más duro, al referirse a los países en vías de desarrollo: «Si quieren comerciar deberán tocar de pies en el suelo. Si pretenden continuar con su odisea en el espacio, no llegarán a las estrellas ni alcanzarán la luna; se marcharán con las manos vacías».

No parece que la forma de entender la liberalización comercial de la OMC tenga razones fundadas en la teoría ni en los resultados empíricos para continuar defendiendo su trayectoria en el tiempo. Dani Rdrik, profesor de Harvard, experto en temas de negociaciones comerciales internacionales y nada sospechoso de simpatizar con los movimientos altermundialistas, considera que: «Los estudios empíricos muestran que no existen pruebas convincentes de que la liberalización del comercio entrañe, forzosamente, un crecimiento económico más sostenido. Esto pone en cuestión seriamente la prioridad que se suele dar a la política de integración en el mercado mundial en los programas ortodoxos de reforma».

Es importante considerar los diferentes grandes ámbitos en que se está negociando: agricultura, industria, servicios e inversiones.

En agricultura, el proyecto de acuerdo, redactado por el presidente del consejo general de la OMC Carlos Pérez del Castillo, presenta un contenido lleno de vaguedades (en relación con los objetivos, no señala fechas ni indica cuantificación alguna), de modo que difícilmente servirá para resolver los evidentes desacuerdos: subvenciones a la exportación; ayudas internas, directas e indirectas, a la producción agrícola, y supresión de aranceles. Incorpora, además, una clasificación de países perjudicial para los países emergentes y beneficiosa para Estados Unidos y para la Unión Europea: países en vías de desarrollo y países importadores netos para los cuales se prevén cláusulas de tratamiento especial y preferencial, lo cual parece ser una puerta abierta a marginar, paulatinamente, países emergentes exportadores (Brasil, India, China). Sin que aquí podamos, además, entrar en el grave y urgente tema del comercio de productos genéticamente modificados.

En industria, los americanos reclaman simplemente la eliminación total de aranceles para el 2015; la UE, por su parte, propone una reducción del 15% al finalizar la ronda de negociaciones. Cabe señalar que según el FMI los derechos de aduana proporcionan el 15% de los ingresos fiscales en los países en vías de desarrollo y el 34%, de los países africanos más pobres. Brasil y Chile, en cambio, cuentan con ceder en esta cuestión a cambio de obtener concesiones en el terreno de la agricultura.

En Servicios, los asuntos implicados son de gran trascendencia y da la impresión de que se prefiere mantenerlos fuera de los focos mediáticos. El sector servicios representa apenas el 20% del intercambio internacional y, en cambio, es un sector que apunta a convertirse en la primera fuente de actividad económica en muchos países. En este ámbito, además, la capacidad exportadora de los países del norte no tiene rival en el sur. Sin embargo, trece países africanos han exigido una moratoria; Malasia, Indonesia y Tailandia, por su parte, han reclamado «cláusulas de excepción». Estas posturas han desplazado las negociaciones hasta finales del 2004. La resistencia de países del sur cuenta con el apoyo de varias ONG y de sindicatos en el mundo occidental, pues la liberalización de los servicios constituye una verdadera amenaza para los servicios públicos en todos los países. De ahí que esté en marcha una campaña «Stop AGCS!» (AGCS: Acuerdo General sobre Comercio de Servicios).

En Inversiones, la fuerte oposición a abrir negociaciones en esta cuestión (que en definitiva no es sino un nuevo intento de establecer el fracasado AMI) por parte de 68 países ha determinado a Carlos Pérez del Castillo a contemplar, en su informe, dos opciones para la declaración final interministerial: iniciar las negociaciones o aplazarlas. (Es todo un modelo de «tocar de pies en el suelo» no contemplar la posibilidad de dar definitivo carpetazo al tema.)

Este apretado resumen nos indica que las tensiones, divergencias y enfrentamientos que se producen intramuros llegan a dibujar graves y profundas líneas de fractura. De ahí que hoy parezca necesario reclamar una evaluación de los acuerdos de liberalización de la OMC por lo que a las consecuencias políticas y sociales se refiere, y principalmente en términos de medioambiente. Mientras tanto, cabe exigir una moratoria en todas las negociaciones.

Probablemente, con independencia de la declaración final de esa gran escenificación publicitaria de la OMC, la marcha de las negociaciones no se detendrá; pero sí parece posible limitar el alcance, sectorialmente, de esas negociaciones sobre la base de situar la Declaración de los Derechos Humanos como prioridad a la cual someter los derechos del comercio, lo cual significa considerar el derecho a la alimentación (y las garantías de seguridad y trasparencia), a la salud, al conocimiento, etc. como excluyentes de su estricta e ilimitada comercialización. En este sentido, por ejemplo, Greenpeace orienta su acción en contra de los OGM (en base a la contaminación del maíz mexicano debido a las importaciones procedentes de Estados Unidos). Precisamente en temas de agricultura (que será posiblemente donde se concentren las presiones de las transnacionales) es importante destacar el problema de la inestabilidad de los precios agrícolas como una cuestión capaz de desestabilizar la producción agrícola de muchos países.

Fuera de las negociaciones, extramuros del gran espectáculo publicitario institucional, el movimiento altermundialista se ha movilizado para intervenir también en decisiones que no representan los intereses de las poblaciones. Sin poder entrar aquí y ahora en detalles de las múltiples protestas de índole altermundialista, sólo destaquemos la denegación de autorización a José Bove de salir de Francia; la prohibición de acercarse a menos de 10 km de distancia del recinto donde se celebra la conferencia; la amplia movilización de caravanas en México que intentarán celebrar actos alternativos Precisamente la población del lugar donde la OMC se reúne este año ha sido víctima de las condiciones de expolio que significaron las promesas de la ALCA; hoy esa población reclama una renegociación porque «el campo no aguanta más».