A estas alturas el debate de la sequía en Catalunya ya se ha convertido en un mal vodevil del que nadie en la Administración sabe encontrar un desenlace aceptable. Si no fuera por la gravedad del tema y los indicios que apunta podríamos solazarnos con el material que la actuación de los políticos han suministrado a programas como Polònia (de la catalana TV3).

I 

Hay dos hechos que enmarcan el inicio del “rifirrafe”. Una sequía duradera que, en principio, apunta a lo que podemos esperar del cambio climático en años venideros. De otro lado, que el gobierno tripartito había asumido un modelo de política del agua bastante racional: recuperación de aguas freáticas, políticas de ahorro, desalinizadoras para evitar trasvases, sistema de tasas del agua por tramos (para desanimar consumos excesivos)… Una política que en parte había roto con la anterior política de CiU de promover el aumento de la oferta para satisfacer una demanda siempre creciente. En gran parte la política del agua se estaba desarrollando con el asesoramiento de los mejores especialistas en el tema (muchos de ellos agrupados en la Fundación Nueva Cultura del Agua). Y tenía el precedente de movimientos sociales que habían generado un amplio debate social: el movimiento vecinal sobre los impuestos del ciclo del agua y la movilización contra el Plan Hidrológico Nacional. El primero fue un movimiento salido de los barrios obreros de la metrópoli barcelonesa. Aunque inicialmente se trató de una lucha contra la escalada de impuestos, permitió generar una discusión más general y al final consiguió racionalizar el sistema de tasas públicas introduciendo un sistema de tramos que en la práctica tiende a encarecer el consumo excesivo (se fija un volumen de consumo en función del número de personas residentes en el hogar). El sistema no es completamente racional por cuanto no se pudo tocar la parte correspondiente de las tarifas que cobran las compañías gestoras del servicio. En el área barcelonesa están controladas, básicamente, por el poderoso grupo Agbar. La lucha contra el trasvase del Ebro, que dio impulso a la “nueva cultura del agua”, fue básicamente una respuesta de las comarcas del sur de Catalunya aunque consiguieron movilizar a amplios sectores sociales más allá de su territorio y dieron un impulso a la nueva gestión del agua que ha tratado de implantar la coalición de izquierdas y, en especial, Iniciativa-EUiA como responsables del área ambiental del Govern.

II 

Y vino la sequía y empezaron las incoherencias. Primero de todo en el propio Govern. Su actuación se enmarca entre dos explicaciones alternativas. Una, la más conspirativa, apunta a que la sequía ha sido aprovechada por los sectores trasvasistas para impulsar sus proyectos. Se comenta que Agbar, la todopoderosa compañía del agua (participada mayoritariamente por la Caixa y el grupo francés Suez), llevaba largo tiempo presionando para evitar que avance una política de racionalidad ambiental que presiona a la baja su volumen de ventas (este es un problema que suelen pasar por alto los partidarios del “ecologismo de mercado”, la dificultad o imposibilidad de las empresas privadas de funcionar en un contexto de crecimiento cero o decrecimiento). Parece indudable que entre sus presiones figuró la sustitución del anterior Conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, una persona que mantuvo siempre unos planteamientos más sólidos que su sucesor Francesc Baltasar. La otra hipótesis, menos “vistosa”, es la que simplemente las élites políticas del país han demostrado una vez más su incapacidad de previsión a largo plazo, su improvisación permanente y sus respuestas irreflexivas cuando se plantea una cuestión que puede tener repercusión electoral. Existía pánico ante una situación que hubiera comportado cortes de agua en un área que ya ha padecido graves problemas en el transporte ferroviario y el suministro eléctrico. Es posible que el proceso real se haya movido entre estos dos polos, que el miedo real a la sequía haya generado respuestas inmediatistas y que en este contexto los largos brazos de Agbar hayan sabido jugar mejor sus propias cartas, incluida alguna campaña de prensa tendenciosa. Para completar el cuadro hay también que situar el papel del poder central, en un contexto de claro distanciamiento entre Zapatero y Montilla (éste trituró un pacto permanente de Gobierno PSOE-CiU que pasaba por dejar a los convergentes el virreinato catalán). La actuación prepotente de Zapatero y Fernández de la Vega, apostando abiertamente por el minitrasvase, no sólo ha reforzado la sensación de deriva de la Generalitat sino que además ha reactivado los argumentos de los trasvasistas de todo el estado, haciendo evidente el nulo compromiso con la sostenibilidad del nuevo gobierno.

III 

Tampoco las respuestas sociales dan para el optimismo. Lejos de abrir un debate en profundidad sobre una gestión racional del agua más bien se ha abierto un debate en el que el fondo es la tradicional animadversión entre la Catalunya metropolitana y la Catalunya rural, en la que hay muchos pescadores en río revuelto. A medida que se iban conociendo propuestas (el minitrasvase del Segre, la compra de derechos de agua a regantes…) surgían movimientos locales de oposición en los que el punto en común era mas el “nos roban el agua, Barcelona impide nuestro desarrollo” que no la apertura real de un debate ordenado para una gestión racional del problema. Incluso algunos sectores del ecologismo se apuntaron a este planteamiento de oponer la metrópoli derrochadora al abandonado mundo rural. Un enfrentamiento en parte irreal pero que a escala local concede muchos réditos a quien lo promueve.

Irreal porque es incierto que el área metropolitana de Barcelona sea en sí misma una gran derrochadora. De hecho el consumo per capita de la ciudad de Barcelona se sitúa entre los más bajos de las ciudades europeas. Aunque estas cifras cambian cuando se considera la población del área metropolitana donde han proliferado poblaciones cuyos modelos urbanísticos (especialmente viviendas con césped, piscina, etc.) generan un consumo que en algunos casos cuadruplica el de la ciudad central. Pero en la última década ni este crecimiento ni estas formas de vida se reducen al área metropolitana. Han crecido la mayor parte de poblaciones y comarcas catalanas y el modelo de consumo es a menudo tan irracional en la metrópoli como en el resto. De la misma forma que hay mucho campo de mejora en la gestión del agua para la agricultura, que sigue representando la mayor proporción al consumo. De hecho mientras hay una oposición generalizada en el mundo rural al minitrasvase, se sigue presionando con éxito a la Generalitat para que aporte fondos públicos a proyectos más que discutibles de canales para regadíos como el del Segarra-Garrigues.

Una parte de las medidas racionalizadoras del consumo del agua están bloqueadas por algunos grupos agrarios que consideran que el agua es casi una propiedad o un derecho propio y no están dispuestas a aceptar ningún mecanismo de control sobre las mismas (establecimiento de contadores del consumo, etc.). Ni muchos intereses urbanísticos locales que tampoco están interesados en una ordenación del territorio que pusiera en pie una racionalización del proceso. Bajo la llamada “tenemos derecho al desarrollo” se han puesto en pie plataformas locales en diversos puntos de Catalunya que lejos de cuestionar el modelo general se apuntan a la tradicional oposición comarcas-Barcelona. Una buena experiencia de lo que nos espera en el futuro cuando la crisis ecológica vaya generando episodios de corte parecido.

IV 

Finalmente se adoptó la propuesta de conexión de Tarragona con Barcelona que de hecho suponía aceptar el trasvase del Ebro. Una medida que anteriormente se nos había dicho que no llegaría a tiempo de solucionar la sequía persistente (mayo del 2009 cuando se espera que esté en funcionamiento la planta desalinizadora de el Prat). En la reunión de la Mesa de Sequía en la que se convocó a entidades cívicas a discutir el tema, se impidió la intervención de profesionales de prestigio, que abogaban por retrasar la toma de decisiones, y se desoyeron propuestas alternativas (de Ecologistes en Acció). La decisión del trasvase estaba tomada desde antes y a los pocos días se firmaba el contrato para su construcción. Como era previsible la dirección recaía en Agbar (a pesar que esta empresa hace un par de años vendió su división de construcción, la empresa Acsa) y en la obra participaban cuatro de los seis grandes grupos españoles (ACS, Sacyr, Acciona, FCC) y dos de los de segunda línea (la catalana Comsa y la andaluza Sando). El clásico proyecto que da negocio al “necesitado” sector de la construcción.

Después hubo la importante movilización de las comarcas del Ebro (30.000 en Amposta). Un movimiento liderado por defensores de la nueva cultura del agua, y que se ha preocupado de tejer relaciones con el resto del territorio, incluido Barcelona. Y llegaron las lluvias, copiosas, persistentes y que en menos de un mes han más que duplicado las reservas. Cuando escribo estas líneas, aunque cada día cambia la coyuntura, parece claro que el trasvase finalmente no se va a realizar. Aunque no sabemos cuánto van a recibir los adjudicatarios del proyecto si éste no se lleva a cabo. Está, sin embargo, abierta la polémica sobre si realizar otro minitrasvase que fuera una versión camuflada del inicial. Las lluvias han dejado de nuevo desnudos a los que apelaban a la urgencia (de hecho todos los informes metereológicos apuntaban lluvias sostenidas en mayo). Quizás el trasvase finalmente no se realice, pero en medio han quedado muchos costes importantes. Un debate territorial viciado y que nadie ha tratado de racionalizar. Una nueva justificación a los partidarios de trasvases y de una política de oferta ilimitada. Un nuevo descrédito de la política ante el continuo espectáculo de unos políticos que ni han sabido explicar la política que hacían, ni se han enfrentado a los intereses de los depredadores del agua y que además han estado contradiciéndose un día si y otro también. Sin duda la figura peor parada es la del Conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, con una actitud a ratos titubeante, a ratos autoritaria con sus críticos (muchos de ellos miembros, simpatizantes o votantes de su propio partido) e incapaz de explicar la coherencia con que hasta ahora se estaba tratando de gestionar el agua. Un Conseller que tampoco ha sabido mostrar firmeza a la hora de denunciar los tejemanejes de las eléctricas en la gestión del enésimo incidente nuclear de la planta de Ascó. Preocupante sobre todo porque puede laminar la presencia institucional de una fuerza política que al menos genera algún contrapeso a la irresponsable política desarrollista del PSC.

V 

Lo ocurrido con el agua puede volver a plantearse. El cambio climático anuncia la recurrencia de tales fenómenos. Y el crecimiento de los últimos años impide la adopción de medidas que apunten a una gestión sostenible. No sólo por el cambio demográfico sino también por la expansión de nuevas formas de vida y desarrollo urbano que favorecen el aumento del consumo per capita (no sólo de agua, también de energía, espacio y materiales). Y el turismo, en sí mismo un importante consumidor, sigue estando en el centro de nuestro modelo de especialización productiva. Y la agricultura sigue presionando por ampliar regadíos y mantener formas de uso del agua poco sostenibles. Si no queremos que la próxima vez volvamos al rifirrafe es necesario empezar ya el debate de la gestión sostenible del agua. Una cuestión que no sólo entraña un debate sobre las técnicas, sino que incluye necesariamente plantearse el modelo de consumo, de producción, de desarrollo territorial. Es a lo que deben emplazarse aquellos movimientos y entidades que ya ahora han empezado a trabajar en otras direcciones. La relación que por ejemplo ha establecido la Plataforma del Agua con entidades vecinales y ecologistas de Barcelona constituye, quizás, la única nota optimista en el marasmo generado por la sequía.