La propuesta del Partido Popular de rebajar la edad de responsabilidad penal de los menores a los 12 años nos parece un error que se fundamenta en la desconfianza hacia la respuesta que el Estado de Derecho está dando de forma normalizada a las situaciones de conflicto social y se  enmarca en un planteamiento populista que supuestamente pretende resolver conflictos complejos con el derecho penal.

No se niega que con los menores de 14 años que cometen un delito haya que intervenir, pero esa intervención no debe ser penal, sino educativa y social. Esta intervención no penal tiene posibilidades educativas y efectos más beneficiosos a medio plazo, tanto para el menor como socialmente. Hay ámbitos en los que el castigo penal no puede entrar, como son los casos de los niños o los enfermos mentales, pues el propio concepto de civilización y de progreso ético y moral impide aplicar una sanción penal a quienes por ser seres humanos en formación o tener gravemente alteradas sus facultades precisan intervención educativa o sanitaria.

La propuesta se fundamenta en el denominado “populismo punitivo”, planteamiento alejado del intento de resolver los problemas de la delincuencia con rigor, convencido de que las políticas de mano dura son un caladero de votos en barrios periféricos donde existe un tejido social deteriorado. Plantear un debate sobre algo tan importante como el límite de la edad penal en una campaña electoral aleja la posibilidad de tratar el tema con rigor y serenidad y  puede suponer que empiece una especie de puja sobre quién es más punitivo, tan perjudicial para la intervención en menores y jóvenes.

Tampoco la medida va avalada por ningún estudio empírico que revele problemas importantes de inseguridad ciudadana causados por niños de 12 o 13 años, sino que lo que demuestran estos estudios es precisamente lo contrario. Los informes de especialistas encargados por el Consejo General del Poder Judicial apuntan en sentido contrario y evidencian que la delincuencia violenta de los menores de 14 años es muy escasa en relación con los menores de 14 a 18, que es la franja de edad actual.

La intervención con menores y jóvenes precisa de un debate sereno en el que tengan cabida todas las variables de este fenómeno tan complejo, y desde luego más medios por parte de las Comunidades Autónomas, pues es precisamente la actual falta de medios lo que está impidiendo el cumplimiento de los objetivos legales y a veces confunde a la ciudadanía sobre una falsa ineficacia del contenido educativo y socializador de las leyes. El modelo de justicia de menores requiere mejoras pero no precisamente en el sentido apuntado de rebajar la edad penal.

Finalmente decir que la propuesta nos aleja de los principios de la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España, y que apuesta por las medidas educativas en la intervención con menores.