Cuando Manuel Azaña dijo “España ha dejado de ser católica”, la voz ‘España’ estaba por ‘el estado español’. Pues era de la laicidad de la República española de lo que estaba hablando, de la aconfesionalidad del estado. La población, sin embargo, era mayoritariamente católica aún entonces, por mucho que hubiera aceptado la república aconfesional.

Hoy, en cambio, es la sociedad española la que ha dejado de ser católica. Es mayormente laica. E incluso el “catolicismo” residual de la sociedad resulta ser, sobre todo, un asunto de bodas y entierros, de rituales que compartir en ocasiones especiales. Sobrevive, cierto es, un amplio espectro de creencias arcaicas, del género de las evidenciadas por los futbolistas que se santiguan antes de empezar los partidos, como si a algún dios pudiera interesarle su suerte particular en un campeonato. Pero este primitivismo no es siquiera cristiano, sino simple superstición, compulsión psicológica. En España los seminarios están prácticamente vacíos, al igual que los conventos y monasterios; las órdenes religiosas, por mucho que medren con el negocio de la enseñanza, no se renuevan generacionalmente. E ir a misa incluso ha dejado de ser lo que era: un acto social. La población, en todo caso, no parece diferir en lo substancial de otras poblaciones europeas a efectos de creencias religiosas o de lo que es más común: de la ausencia de ellas.

La Constitución del 78 define la laicidad del Estado, aunque —concesiones de la transición— hace mención especial de la Iglesia Católica en función del pasado histórico cristalizado en los bienes culturales que esta institución administra, pero cuya legítima titularidad de fondo, claro es, corresponde al pueblo español. Sin embargo los gobiernos de derecha y de centro derecha —no hemos tenido otros— han hecho muy poco por materializar la nueva situación constitucional de la Iglesia Católica ni el cambio sociológico en las metafísicas de los españoles. Le vienen prolongando a esta Iglesia una serie de privilegios que resultan crecientemente intolerables.

Se trata ante todo de beneficios fiscales: la Iglesia recurre para su financiación a las arcas públicas, por una parte, y al trabajo recaudatorio de la administración del estado, por otra. Cuando la Iglesia Católica tiene el deber de financiarse por su cuenta en vez de gorronear y sablear a una ciudadanía que en su mayoría es ajena a ella.

A la periclitada doctrina sexual de la Iglesia Católica se deben ataques a derechos ciudadanos fundamentales. Así, sólo por su influencia no se ha legislado una ley de plazos para la interrupción del embarazo, lo cual, unido a campañas de acoso contra las mujeres que ejercen este derecho y contra los facultativos que las asisten, lesiona injustificadamente un derecho fundamental de todas las mujeres. Hay que exigir una ley de plazos para la interrupción del embarazo. Ya.

A la misma influencia, que ya se manifestó y se manifiesta en campañas contra las leyes del divorcio y del matrimonio —que ampara por fin distintos modelos de vida en común—, se debe la no regulación del derecho fundamental de todos a una muerte digna y sin sufrimiento físico. También en este punto la Iglesia se convierte en una entidad acosadora. Es preciso reformar la restrictiva legislación sobre la muerte, reconociendo el derecho a la disponibilidad de la propia vida y a la asistencia médica correspondiente, con todas las cautelas que el caso, naturalmente, requiere.

La Iglesia ha hecho de la educación su negocio, gracias a la llamada enseñanza concertada, consistente en que la mayor parte del sueldo del profesorado de los centros privados con ánimo de lucro es pagado con dinero público. Siendo la instrucción un derecho fundamental, no debe seguir siendo el objeto de un negocio lucrativo, como no sea, provisionalmente, en términos estrictos de mercado. Es preciso aprobar un plan cuatrienal para eliminar progresivamente la enseñanza concertada y garantizar la financiación de una educación pública de calidad, orientada hacia la instrucción y no hacia el lucro.

La Iglesia católica, sobre aprovecharse de la concertación educativa, ha convertido su catequesis en disciplina escolar y se ha opuesto a la enseñanza de los deberes y derechos ciudadanos elementales, a la educación para la ciudadanía. Pero el adoctrinamiento religioso y parapolítico es incompatible con la neutralidad en el ámbito educativo. Es preciso echar de la enseñanza a quienes no respeten los valores democráticos, por lo que las aportaciones públicas a la enseñanza privada que subsistan deben ser incompatibles con idearios que no respeten los valores democráticos.

El estado español puede mantener relaciones como tal con el estado vaticano, pero en cambio los miembros de la Iglesia española son exclusivamente ciudadanos como los demás. Por esta razón es preciso exigir la denuncia de los Acuerdos del Estado con el Vaticano de 1979.

Hay que eliminar también todos los símbolos y ceremonias religiosas en los edificios, actos e instituciones públicas.

Convendría que las gentes de izquierda fijaran su atención en las principales organizaciones y personajes significativos del fundamentalismo “católico”: la Legión de Cristo (Alicia Koplowitz, Ángel Acebes, Ana Botella, Francisco Camps, José María Ruiz-Mateos), grupo dedicado a captar a la burguesía a través de instituciones de enseñanza; E-cristians (J. Miró i Ardèvol, grupo significativo en Cataluña); Comunión y Liberación (secta afín a “rojos” conversos como Pío Moa o César Alonso de los Ríos); y, naturalmente, los purpurados Cañizares y Rouco: sus tomas de posición permiten calibrar la elevada temperatura del catolicismo talibán más inclinado a cercenar derechos fundamentales. Hay que pararles los pies.