Comunicado conjunto JpD y UPF

1.- La Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia quieren manifestar su honda preocupación por la repercusión social que está teniendo la existencia de sendas causas penales por supuestos abortos ilegales en Madrid y Barcelona, así como por determinadas actuaciones administrativas, de motivación poco transparente, dirigidas contra clínicas donde se practican abortos acogiéndose a las indicaciones legales.

2.- Ante todo, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales creen imprescindible remarcar que el aborto dentro de los supuestos legalmente previstos ha supuesto en éste y en otros países una conquista histórica de las mujeres en el ámbito de la lucha por sus derechos y su plena autonomía personal y social, resultando al respecto inexplicable la renuencia que a la efectividad de tal derecho se encuentra en el esquema de sanidad pública.

3.- Ahora bien, ello tampoco debe llevar a considerar la legislación vigente inoperante o inaplicable. Lo cierto es que los abortos practicados fuera de toda interpretación socialmente adecuada de los supuestos actualmente legales resultan perseguibles penalmente. No podemos ignorar la existencia de casos donde por intereses meramente económicos ciertos profesionales de la medicina eluden sus obligaciones y construyen expedientes puramente ficticios sin sometimiento a exigencia alguna. Son estos casos los que merecen el reproche penal, mayor para los profesionales y legalmente menor para las mujeres afectadas, en quienes además habrá que estudiar la existencia de cuantas circunstancias modificativas de su responsabilidad puedan razonablemente concurrir.

4.- Por todo ello, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia:

• Estiman inadmisible que la existencia de los procedimientos judiciales sirva de excusa a ciertos sectores sociales para poner en cuestión y desarmar el derecho a decidir de las mujeres en los supuestos legales.
• Consideran que las causas penales en curso, por sus propias características, deben ser extremadamente respetuosas con el derecho a la intimidad de las mujeres que han acudido a dichos centros y cuyas historias clínicas obran en los mismos, manteniendo en la más absoluta reserva los datos acopiados hasta su definitiva depuración y selección de supuestos ilegales.
• Exhortan al Legislador a:
  • Ampliar la legislación en el sentido de implantar un sistema de plazos.
  • Regular específicamente la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina en el ámbito de la salud pública con el fin de evitar que con invocaciones genéricas en tal sentido se prive a las mujeres de su derecho de acceso a la sanidad pública.

Comunicado del Secretariado Permanente de la UPF

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales, ante la reciente aprobación por las Cortes Generales de la Ley de Memoria Histórica quiere manifestar lo siguiente:

Recibimos con gran satisfacción el texto legal que aborda tan importante materia que recupera un pasado difícil de olvidar.

Como asociación progresista, la UPF, no puede guardar silencio sobre esta cuestión. No olvidemos la gravedad de lo que ocurrió en nuestro país: un gobierno elegido democráticamente fue derrocado por un golpe de estado que instauró un régimen dictatorial, que suprimió las libertades públicas más elementales y reprimió brutalmente durante cuarenta años a todo aquel que se considerase opositor al régimen, con violaciones constantes a los derechos humanos.

Teniendo una de las Constituciones más avanzadas de la época —la Constitución de 1931— sobre la que poder construir una sociedad más justa, libre e igualitaria, sin embargo, el golpe de estado auspiciado por unos militares traidores —cuyos aliados eran la Alemania nazi y la Italia fascista— nos despojó de ese futuro, sumergiéndonos en una sociedad en la que, como en todas las dictaduras, era algo habitual la tortura, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, supresión de libertades tanto políticas como individuales, etc.; colocándonos en el vagón de cola de los países de nuestro entorno.

El régimen franquista supuso, además de la mencionada supresión de libertades políticas e individuales, años de retraso cultural, científico, económico, social y de toda índole que tanto ha costado superar y que tantas generaciones han tenido que sufrir.

La necesidad de una Ley de Memoria Histórica ya fue defendida por la UPF en otras ocasiones, como en el XXI Congreso de la UPF celebrado en La Coruña en mayo de 2006.

Es imprescindible en una sociedad democrática rendir homenaje y reconocer sus derechos a las víctimas de la guerra y a todos los que fueron objeto de represalias por defender la legalidad republicana o tener ideas que se oponían a la Dictadura.

Asimismo, era necesario declarar la ilegitimidad de los tribunales del franquismo y las condenas dictadas por éstos por motivos políticos, ideológicos o de creencia contra los que defendieron la legalidad republicana o pretendieron el restablecimiento de la democracia.

Entendemos que la Ley tiene sus limitaciones, y pudo haber llegado más lejos y haber declarado la nulidad de los procesos y expedientes administrativos y de las resoluciones y sentencias dictadas en los mismos por los motivos antes mencionados —políticos, ideológicos, etc—, aspectos que, por otra parte, hay que reconocer tienen una gran complejidad técnica. En este sentido ya se pronunció esta asociación en su XXI Congreso.

Por ello, sin dejar de reconocer que esta Ley, en su redacción actual, es mejorable, debe ser valorada positivamente y entendida como un primer eslabón susceptible de un desarrollo más profundo en el futuro.

Unión Progresista de Fiscales, Secretariado Permanente, 10 de enero de 2008