La remodelación del Camp del Barça

El proyecto aprobado para la remodelación del estadio del Club de Fútbol Barcelona no es un simple proyecto arquitectónico: es un proyecto simbólico y político que pretende erigirse en referente laico e interclasista de la catalanidad. Un estadio de colores en el que lo de menos será la funcionalidad deportiva —que sin duda también existirá—, pues sus referencias políticas, su presencia de icono mediático y su indudable función económica —ya hoy el palco presidencial del Nou Camp es lugar de peregrinación de políticos y empresarios, uno de los centros de anudamiento de los intereses transversales de la burguesía catalana— prevalecerán sobre cualquier otra consideración.

Hoy el Barça —no el equipo de fútbol, sino el noumenon que se sostiene bajo los sucesivos equipos, ídolos deportivos, entrenadores, jaleadores mediáticos y directivos— es el principal símbolo real de Cataluña —más que la Abadía de Montserrat, sublimada en el imaginario colectivo por el poeta Verdaguer, pero confesional; más que La Caixa omnipresente, más que la Sagrada Familia—. Faltaba un icono laico del símbolo azulgrana, a la altura de los tiempos mediáticos, un referente monumental y único.

Y eso es lo que se busca con la remodelación proyectada. Que tendrá éxito y se constituirá efectivamente en símbolo. En signo de este tiempo de barbarie, en el que la emoción prima sobre el entendimiento y “lo nuestro” sobre lo justo; en que ganar y ganar, vencer a los “otros” y prevalecer sobre ellos, son ideales de unas masas tan enfervorizadas como enajenadas al tejido de poder económico, político y mediático con que se mantiene su sometimiento.

Inundaciones, ladrillo, política

Llueve torrencialmente cada otoño. Pero las inundaciones se deben, tanto o más que a la lluvia, a la construcción en torrenteras y a los muros de ladrillo ante las playas. El empresariado busca metros cuadrados donde sea y los ediles lo legalizan. Eso es, en realidad, mafia y política. Los desastres los pagan los afectados y, cómo no, los contribuyentes por la vía de las ayudas públicas. El Levante español gobernado por el PP ha de ser declarado Zona Catastrófica.

Más madera

Se destapa el caso de las comisiones ilegales a Convergència y a Unió, en su etapa de gobierno. Veremos hasta dónde es eficiente la administración de justicia. Entretanto, ya tenemos una vara de medir: las donaciones anónimas a Unió Democràtica de Catalunya descendieron el 66% cuando dejó de gobernar, o sea, de decidir la contratación pública.

No es la primera vez que Unió Democràtica de Catalunya se ve en apuros ante la justicia. Pero no pasará nada. Lo que algunos han llamado el círculo cerrado de profesionales de la política así lo exige: hoy por ti, mañana por mí. Y Zapatero, que prometió no defraudar (en el otro sentido de la palabra), ya tiene decidido que para su gobierno futuro, si vuelve a ganar las elecciones, prefiere los apoyos de los nacionalistas conservadores a cualesquiera otros.

De modo que nos encontramos ante lo siguiente: los fraudes de los partidos políticos son un tabú de la democracia, lo mismito que la ley electoral. Asuntos intocables. Cuando los fraudes salen a la superficie paga el pato un chivo expiatorio cualquiera: gajes del oficio. Pero el sistema de poder —económico y electoral— es intocable. Tal es la enfermedad crónica del sistema político español actual.

Parlamentarismo o presidencialismo

A los grandes partidos españoles ya les va bien con el sistema electoral existente. Que es simplemente un sistema de bipartidismo imperfecto. Lo cual dibuja, en la práctica, un sistema más presidencialista que parlamentario.

Ahora los dos grandes partidos están de acuerdo en que el gobierno que salga de las próximas elecciones ha de ser el del partido más votado, no el del que pueda contar con mayor o mejor apoyo parlamentario. En el fondo, PSOE y PP están de acuerdo en materializar el viejo designio norteamericano para el régimen de España, que desde Nixon y su embajador Vernon Walters había de ser bipartidista.

Y, efectivamente, el sistema es bipartidista en la práctica, gracias a la vampirización de buena parte de los votos reales de los ciudadanos por un régimen electoral que premia a los partidos locales (nacionalistas o regionalistas, claro es) y jibariza las opciones no locales distintas a las de los dos “grandes partidos”.

Todo atado y bien atado.

Después de Frankfurt, ¿qué?

Los efectos de la participación independentista en el gobierno catalán se dejan sentir sensiblemente en la cultura política oficializada en Cataluña. Es falso que la lengua castellana esté perseguida ahí: sólo es públicamente ignorada. Con la connivencia incluso de instituciones sociales como las sindicales: hasta Comisiones Obreras ha empezado a omitir la lengua castellana en sus publicaciones catalanas. Será porque le sobran afiliados, o porque la cuota de afiliación es una parte menor de sus ingresos, ya que el 60% de éstos procede de las arcas públicas y, ya se sabe: qui paga mana.

La presencia de la cultura en lengua catalana en la Feria del Libro de Frankfurt ha oficializado este ars ignorandi. Allí la cultura catalana se ha exhibido mutilada, lo que debería suscitar la indignación de los ciudadanos.

Los políticos en el poder —y están en el poder también los que están en la oposición: ‘poder’ se usa aquí en el sentido real, no en el convencional— conciben la cultura catalana como una cultura esencialmente literaria. Cuando con ocasión de la Feria de Frankfurt han hablado de escritores han designado sólo a los literatos.

Ignorar la cultura castellanohablante de Cataluña significa ignorar, para empezar, la cultura de la mitad de su población. Pues la cultura de la gente es la que de verdad cuenta. E ignorar también una parte significativa de la producción cultural (la cultura en el restrictivo sentido burgués de la palabra) catalana, esto es: ignorar gran parte de la ciencia, y la arquitectura, la música, la historia, la filosofía, etc., que se producen en Cataluña. Es también ignorar a una industria editorial y mass-mediática importantísima que sería insostenible en un mercado sólo catalanoparlante —como insostenible es hoy la industria editorial de expresión únicamente catalana, que vive sobre la base de la inyección continuada, directa y/o indirecta, de dinero público—.

Todo eso, en suma, es ignorar demasiado.

La ignorancia política de la lengua materna de la mitad de la población de Cataluña se sostiene gracias a un invento puramente jurídico: el invento de la “lengua propia”. Según este invento, la lengua propia de Cataluña es el catalán.

Eso puede parecer normal y descriptivo en términos históricos, pero no lo es. Por la sencilla razón de que quienes tienen lengua son los hablantes, no las instituciones históricas como “Cataluña”. Afirmar lo de la “lengua propia” es estrictamente equivalente al manifiesto disparate de afirmar que la “religión propia” de “España” es la católica.

Que el catalán fuera la lengua propia de los pobladores de Cataluña fue verdad en el pasado preindustrial, pero dejó de serlo desde mucho antes de los tiempos de Buenaventura Durruti. Y hoy no lo es: los hablantes de Cataluña tienen dos lenguas predominantes —y muchas otras minoritarias debido a la inmigración—. Las instituciones políticas catalanas tienen dos lenguas oficiales. La “lengua propia” es el artificio jurídico local mediante el cual las instituciones dan preferencia a una sola de las lenguas oficiales: una preferencia de tal intensidad que, sin necesidad de prohibir nada, ignora la lengua propia de la mitad de la población gobernada.

La peor de estas preferencias oficiales la constituye la política que instituye a la “lengua propia” como lengua vehicular de la enseñanza obligatoria. Un lastre sin paliativos, innecesario, de un sistema educativo ya de por sí tremendamente deficiente.

Es un mal quizá menor que la “lengua propia” haya de ser mantenida por una costosa policía lingüística pública nada escasa de efectivos. O mediante la “demonización” de cualquiera que se aparte de lo oficializado como políticamente correcto en Cataluña, lo que ofende a la propia libertad cultural en que se fundamenta el reconocimiento público de cualquier lengua.

Las personas, en Cataluña, suelen entender en la práctica las dos lenguas principales, que tienen un origen común, y las buenas maneras de todos eliminan obstáculos a la comunicación privada. Por eso la sangre no llega al río. Aunque el uso preferente de una u otra lengua traza con fuerza creciente una línea divisoria de clase social que ni siquiera la izquierda ideologizada por el nacionalismo es capaz de reconocer.

Sin embargo la utilización continuada, sorda, invasiva y exitosa, de la “lengua propia” institucional no deja de tener peores consecuencias reales: conduce socialmente a una secesión cultural que es el objetivo compartido por todo el nacionalismo catalán, tanto el conservador como el independentista.

Todo este disparate se hubiera podido evitar de haberse usado la excelente norma lingüística del Estatuto catalán de 1932, acogida por la Segunda República española. Decía: “los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los Tribunales, Autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República”.

Nada de ordeno y mando. Que prefieran. No obligaciones sino derechos. Así son, en el terreno lingüístico, los valores cívicos y las libertades de una república bien ordenada.