En cierto modo, ha ocurrido lo esperado. La torpe reacción penal contra la viñeta de El Jueves disparó las críticas y sátiras sobre la familia real. Primero en los periódicos y en la red, luego en la calle. El último episodio de estas reacciones han sido las manifestaciones de Girona, donde se han quemado retratos del rey.

Un nutrido sector de la clase política y jurídica ha condenado drásticamente estos hechos y ha aplaudido la intervención del fiscal pidiendo la pena prisión para los responsables. Ya cuando se publicó la humorada de El Jueves, de hecho, muchos recordaron airados que los miembros de la familia real también tenían “dignidad”, y que la libertad de expresión no incluía el derecho al insulto. No obstante, lo que pueda considerarse “insulto” o ataque al “honor”, no puede ser lo mismo tratándose de los miembros de una institución pública que de un ciudadano de a pie. Mucho menos cuando esa institución, como ocurre con la monarquía española, goza de un estatuto privilegiado y carece, prácticamente, de responsabilidad política y jurídica.

Lo llamativo del caso es que lo que aquí rasga las vestiduras de declarados liberales y de no pocos “republicanos juancarlistas”, en otros países europeos se acepta, de mayor o menor gana, como contenido innegociable de la libertad ideológica. En Inglaterra, las caricaturas a la familia real se remontan a tiempos pre-victorianos y resultan usuales en la prensa amarilla, como atestigua la celebre metáfora del tampax del príncipe Carlos. En otros países monárquicos como Suecia, Dinamarca, Holanda o Noruega, existe análoga tolerancia. En España, en cambio, el blindaje de una institución terrenal como la monarquía es casi el mismo que en los países islámicos pretende darse a Mahoma, quien al cabo es una figura considerada sagrada para millones de personas.

En realidad, desde la revolución francesa hasta nuestros días, los símbolos del poder, político o religioso, siempre han sido satirizados o ridiculizados. En la soledad del sótano de una imprenta, en las algaradas callejeras e incluso en los festejos populares, como prueban las fallas valencianas o los carnavales gaditanos. Tales gestos suelen tener una carga vindicativa o ideológica añadida a la simple sátira o burla de papel, y quizás por eso acostumbran a suscitar mayor desasosiego en ciertos sectores políticos e intelectuales «respetables». No obstante, una sociedad democrática debería ser capaz de verlos, no tanto como violentos ataques al orden público, sino como un sano, y a veces necesario, ejercicio de libertad ideológica y de catarsis ciudadana. En Estados Unidos, la jurisprudencia que sitúa las quemas de banderas y otros símbolos públicos bajo el amparo de la Primera Enmienda, se basa en un razonamiento de este tipo.

No es lo que está ocurriendo en España. Entre otras razones, porque la mayoría de estas críticas podría subsumirse en algunos de los delitos contra la Corona contemplados en el llamado Código Penal de la democracia. Este tipo de previsiones son incompatibles con cualquier régimen que pretenda garantizar el pluralismo político junto a la libertad de expresión e ideológica. A casi un siglo de la persecución de Valle-Inclán por sus ácratas invectivas contra la Corona, o de la condena a prisión de Unamuno por “ultraje al rey”, la mitificación de la monarquía como símbolo intocable de la transición sigue siendo fuente de tabúes y un obstáculo para la libre discusión ciudadana. En un contexto así, siempre será preferible una quema de símbolos del poder a que el propio poder acabe abrasando espacios de crítica irrenunciables en cualquier sistema democrático.