El extraño atentado del Líbano contra tropas españolas

Hace un año, con las batallas entre Israel y Hezbolá que arrasaban a la población del Líbano, con una destrucción de nuevo terrible en ese país, el envío de tropas en el marco de un programa de pacificación de la ONU y la Unión Europea no me pareció el peor de los males. Tal vez eso evitaría que siguieran las matanzas de inocentes, aunque también abría la puerta a que entre las víctimas hubiera en adelante soldados españoles.

Y las ha habido. Pero el atentado contra un vehículo del ejército español no parece haber sido obra del ejército israelí ni de Hezbolá, las partes en conflicto. La diplomacia española lo atribuye a “algún grupo” relacionado con Al Quaeda. Y entramos así en la nebulosa lógica conspirativa para explicar ese atentado.

Porque “algún grupo” de Al Quaeda es una hipótesis opaca. Hoy se puede atribuir gratis a Al Quaeda mucho de lo malo que pasa en el mundo. Si ha sido gente de Al Quaeda, ¿por qué en el Líbano, y no en Afganistán, donde lo tienen mucho más fácil, en una situación de guerra entre los talibanes y la Otan? Veamos primero quién reivindica el atentado, y si esa reivindicación esperable está fuera de la opacidad.

Pues también cabe la suposición alternativa de que ese atentado del Líbano haya sido obra de los servicios secretos habituados a este tipo de cosas.

(Ya se sabe: tirar la piedra y atribuirlo al contrario, o poner la piedra en manos del idiota para que la tire él.)

El atentado no es manifiestamente un acto de guerra que pretenda acabar con la presencia militar española o de la ONU: para eso habría de encuadrarse dentro de una campaña de atentados. Ese atentado es un acto político. Pongamos la hipótesis, pues, de que nos hallamos ante un atentado político. Específico contra el ejército de España, esto es, contra su gobierno.

Entonces, una pregunta importante: ¿a quién beneficia el atentado, a quién perjudica? Y la respuesta sería, en términos de la política española, que beneficia a Rajoy, empeñado en igualar ante la opinión pública la presencia en el Líbano con la participación en la guerra de Iraq, y que perjudica a Zapatero, pues erosiona al único dirigente político occidental que se ha atrevido a desafiar abiertamente la política de Bush en Iraq.

En los próximos días veremos qué partido le saca el PP a este raro atentado. Enmarcado objetivamente —en cualquier hipótesis— en la perspectiva electoral española. Por mi parte recomiendo no fiarse de nada y examinar las cosas con algo menos de superficialidad que la habitual en los medios de masas.

En cualquier caso el atentado —que ha costado la vida a unos pobres soldados españoles y emigrantes— pone de manifiesto una vez más la barbarie en que vivimos.

La única manera de que no haya ataques armados es que no haya armas, y poco ayuda, si es que ayuda, llevar más a donde ya las hay.

Hipótesis sobre el fin de Eta

Las premisas del problema pueden ser formuladas como sigue:

1. La gente no puede aceptar —y por tanto el Estado no puede aceptar— que se impongan cambios políticos por la violencia.

2. En Euskadi hay una base social propicia a la continuidad del terrorismo de Eta, probablemente mucho menor que en años anteriores, a la que se puede llamar “búnker” nacionalista radical.

3. Hay organizaciones político-sociales que son el brazo político del “búnker” (y que acaban de perder un tren hacia su consolidación política con la ruptura del “proceso de paz”).

4. Hay organizaciones político-sociales nacionalistas radicales que no apoyan el terrorismo de Eta. Son radicales no violentos. Gente políticamente decente.

5. Para Eta son prioritarios sus objetivos políticos, como la anexión de Navarra a Euskadi y la formación de un Estado vasco independiente. La situación de sus presos ha sido subordinada a esta prioridad, que en la última tregua ha mostrado ser irrenunciable, al exigir que se diera un paso en este sentido. Eta se ha equivocado de medio a medio una vez más.

6. Para las personas de convicciones democráticas serias hay dos “axiomas” esenciales:

a) El dictado y la coacción violentos son completamente inaceptables. Bajo la amenaza nada se puede negociar, como no sea el cese de la amenaza y de las coacciones.

b) Las cuestiones de nación sólo pueden ser resueltas mediante el ejercicio en libertad del derecho de autodeterminación, sin violencia ni coacción ni perspectiva de que éstas reaparezcan.

Y un “corolario”:

c) Cambiar un estatuto institucional mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación exige una consulta popular cuyos resultados sean concluyentes, lo que supone una elevada participación de la población en la consulta para que ésta sea válida y una mayoría cualificada para un cambio de estatuto significativo. De otro modo se crearían las condiciones de un enfrentamiento civil de tipo “balkánico”.

En estas condiciones, ¿cuál puede ser el final de la violencia?

En mi modesta opinión, el final de la violencia no se puede dar fácilmente: Eta ha creado en Euskadi un sentimiento nacionalista radical minoritario pero muy intenso en el que el recurso a la violencia está fuertemente arraigado. La violencia y las coacciones forman parte de la cultura interiorizada por una parte pequeña pero significativa de la población. Incluso en el supuesto de que la dirección de turno de Eta decidiera dejar las armas, sería previsible que una parte relevante de la organización se resistiera a este viraje y el grupo armado se fraccionara, y tal vez se fraccionara igualmente su “brazo político”.

No se debe olvidar que el Ira irlandés llegó incluso al asesinato “interno” de militantes no dispuestos a abandonar la violencia; ni que en la historia pasada de Eta hay casos similares, ni tampoco que durante el reciente “alto el fuego” se han dado casos, probablemente incontrolados, de kale borroka. Al dejar escapar la ocasión de una “retirada ordenada” en sus conversaciones con el gobierno, Eta ha abierto la puerta a que sus conflictos internos acaben dirimiéndose por el método que es consustancial en ella: la violencia.

La derecha social y política —el Pp— sólo ofrece una respuesta a todo esto: la represión. Esta estrategia estrecha e insuficiente es la más cómoda para esa derecha. Porque le proporciona un argumento permanente para las actuaciones estatales autoritarias, y porque le facilita una subsistencia no marginal en Euskadi, que perdería en una situación de libertad (hipótesis en la que sería tan poco operante como en Cataluña).

La estrategia del Pp, que reduce la política a los medios policiales —la represión sería así la política por otros medios—, perjudica al conjunto de la sociedad, sobre todo a las personas efectivamente demócratas y de izquierda, para entendernos, y contribuye a alimentar la convicción del “búnker” radical-nacionalista de que la actividad armada y violenta aún puede ser rentable, porque al menos mantiene su presencia mediática.

El Partido socialista —o sea, el tibio reformismo de la sociedad española— va a experimentar el desgaste producido por los dos radicalismos que le atenazan, violento el uno y amenazante el otro. Ha creído ingenuamente que el final de Eta estaba muy cerca, dada la ausencia de atentados mortales intencionales en los últimos años —aunque el atentado de Barajas difícilmente encaja en esta categoría—, y, desde el gobierno, lo ha hecho creer a mucha gente. El desencanto de las expectativas generadas puede ser un incentivo al descenso de la participación política en las próximas elecciones generales (son signos alarmantes la deriva derechista de la población francesa, el descenso de la participación política juvenil, etc.). El hipotético regreso al gobierno español de la derecha política sería una catástrofe más en este barbarizado mundo de catástrofes: entonces tendríamos Eta para otro rato.

Y parece que esto es lo que desean quienes dirigen Eta: no deja de ser significativo que en su comunicado de “fin del alto el fuego” ni siquiera se mencione al Partido Popular y se “culpe” sólo al gobierno; sin embargo el Partido Popular no ha hecho otra cosa que poner palos en las ruedas del “proceso de paz” ante la opinión pública.

La única manera de acelerar el fin de Eta consiste en tratar de dividir el mundo de la izquierda radical y aislar al “búnker”. Lo que se traduce en la necesidad de mimar al nacionalismo radical no violento, y de escuchar sus propuestas. Es necesario pactar con él un programa de consultas democráticas futuras, aplazadas y condicionadas al cese de la violencia. Aislar al “búnker” violento es asegurarle una muerte lenta “por inanición”, como, en otro orden de cosas, la de los Grapo. Una muerte de Eta por aislamiento y fragmentación no dejará de ser, de todos modos, un proceso lento y lleno de momentos difíciles. Conviene no olvidarlo.

La izquierda social, pese a su debilidad, debe tratar de llevar al Psoe, y a los demás partidos que quieran incorporarse, a una estrategia de este corte. Sus elementos habrían de ser:

1. La represión del “búnker” violento, intensificada y diversificada aunque inexcusablemente dentro de los límites estrictos del sistema de libertades políticas y de los derechos y garantías individuales. Pero esto último merece comentario especial, que se formula más adelante.

2. Una declaración de reconocimiento del derecho de autodeterminación democrática del pueblo vasco, y, al mismo tiempo, de condicionamiento de este derecho al transcurso de un plazo prudencial desde el fin de la violencia política.

3. Acuerdos para asegurar la gobernabilidad de Euskadi dentro de un consenso de fuerzas políticas democráticas, incluido necesariamente el nacionalismo radical no violento, hasta el fin de la violencia política en el país.

4. La adaptación de la población española al reconocimiento de los resultados del ejercicio del derecho de autodeterminación cualesquiera que sean éstos: ya en el plano institucional, mediante la implantación de una estructura estatal federal informada de valores republicanos, ya en el plano material.

Las leyes de excepción deben ser revisadas en un sentido garantista.

La izquierda, como los demócratas de otras ideologías, no puede aceptar ninguna medida legal ni judicial que criminalice el pensamiento o la ideología. Nunca dará cobertura a la tortura. Nunca aceptará que no se respeten principios jurídicos básicos como la presunción de inocencia. En una época en que el “antiterrorismo” es la ideología del sistema, es preciso insistir en todo ello, hoy insuficientemente asegurado. Sólo se pueden perseguir delitos a partir de hechos, y nunca aplicando la doctrina neonazi, pero que está ganando adeptos, de un “derecho penal del enemigo”. Ya la propia expresión ‘antisistema’ —en “manifestantes antisistema”, p. ej.— tiende a dar un cheque en blanco a las instancias represivas. Los llamados antisistema por el poder político y mediático —okupas, p. ej., pero también ecologistas, sindicalistas, etc.—, suelen poner el dedo en la llaga de los problemas sociales reales de este mundo barbarizado. No se olvide.

Por otra parte, los “formadores de opinión” de este país deben hacer una seria autocrítica. Se dejan llevar demasiado por el pensamiento desiderativo y por las alianzas económico-políticas de las empresas que les pagan. La falta de rigor es achacable a todos, y así debemos hacérselo saber.

La izquierda y el pacifismo

La izquierda social y política no acaba de asimilar que el “modelo de 1917” de superación del capitalismo ha pasado al museo de la historia de las ideas. Y, con esta falta de asimilación de la experiencia histórica, su andamiaje cultural se muestra renuente ante la firme posición del pacifismo y su radicalismo de principios. Hay gente que no percibe aún que estamos en una etapa de resistencia a la barbarie, y que los principios, más que el pragmatismo y las componendas, son fundamentales. La izquierda prefiere aún las expresiones ambiguas, como “no violencia”. Os invito a hacer la prueba: “no violencia”, en la izquierda, puede pasar, pero “pacifismo” no pasa: la palabra resulta todavía sospechosa. Por mucho que para cualquier pacifista esté claro el derecho a defenderse de un ataque violento.

Las razones de esta resistencia a ver con claridad lo que necesita la lucha del futuro es la tendencia no ver con malos ojos cualquier cosa que se proclame nominalmente socialista: como el régimen cubano, por ejemplo, o como el populismo de Chávez. Como si la proclama verbal de socialismo lo disculpara todo.

Por sus obras los conoceréis, dijo un rebelde del pasado. Si algo debería estar claro es que lo que cuenta es lo que se hace, y no lo que se dice. Nadie puede presuponer que todo lo que hace un sujeto va a ir en la misma dirección. Chávez, por poner un ejemplo, ha redistribuido en favor de los pobres las ganancias del petróleo, pero también tolera en su gobierno y en su administración dosis gigantescas de corrupción. Y mucha gente le absuelve de eso porque luego se va a ver a Fidel Castro y está políticamente aliado con Evo Morales, que hoy por hoy es lo más limpio de América Latina.

¿Ya ha olvidado la izquierda lo que fue el culto de la personalidad?

Volviendo a nuestro asunto: ¿podría alguien explicar por qué ‘no violencia’ parece preferible a ‘pacifismo’ como signo distintivo de una izquierda que rechaza por invivible esta barbarie en que vivimos?

Fumar puede matar

Efectivamente: desde que los norteamericanos y sus aliados intervinieron en Iraq han muerto más de 750.000 personas, principalmente civiles.

Palestina partida en dos

Lo dijimos hace casi un año en estas páginas: una guerra civil entre palestinos era el objetivo de Israel. Molestaba Arafat y murió de una enfermedad rara; la Unión Europea pedía elecciones democráticas y las hubo, pero las ganó Hammás, y todo el mundo cortó a su gobierno el grifo del dinero. Ahora, esto. Más víctimas civiles de la alta política que se decide al otro lado del Atlántico.

Las elecciones, ¿son la democracia?

Cada vez somos más los que pensamos que no. Hoy lo que hacen los procesos electorales es “sustraer la decisión a los verdaderos protagonistas y fundar un consenso blando sobre el que se apoya la clase dirigente”. Lo dice José Vidal Beneyto en una de sus columnas en El País.

Alhaurín instructivo

Los vecinos han reelegido al alcalde procesado por corrupción. Eso del ladrillo, no se olvide, da de comer a mucha gente, y a fin de cuentas casi todo el mundo saca tajada. Diez empresarios imputados en el mismo proceso recibieron los aplausos de los vecinos al salir de la cárcel bajo fianza. De modo que “los verdaderos protagonistas” de Vidal Beneyto se convierten, a veces, en antagonistas atontados de la democracia. Aunque, claro está, los peores no son éstos.

El comprensivo Tribunal Supremo

Como era de esperar, la ley no es igual para todos: ahora el Tribunal Supremo ha rebajado y dejado en nada las condenas del caso Turismo. Para los que no recuerdan: un montón de implicados de Unió Democrática que se pusieron las botas para ellos o para su partido malversando casi un millón de euros en el Consorcio de Turismo de Catalunya. El mayor caso de corrupción política descubierto en Cataluña.

Así, también quedan en nada los esfuerzos —y los riesgos personales— de los funcionarios que denunciaron el asunto; o el de los periodistas que lo hicieron público haciéndose malvistos por sus empresas.

El Tribunal Supremo sigue en la tónica judicial abierta con el proceso al ex presidente del BBV, Ibarra; con la consideración de normal atribuida a la hipermillonaria indemnización al ex presidente de Argentaria por el Banco de Santander; con el proceso archivado a Botín por fraude fiscal, y suponemos que en el futuro también con César Alierta (uso de información privilegiada cuando presidía la Tabacalera).

Los poderes políticos y económicos son intocables. Ellos no delinquen: sólo incurren en irregularidades. Para que delincan de verdad han de perjudicar a otros de la misma camada, como Mario Conde, que mientras vaciaba Banesto desde dentro era nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense.

Habrá que ver el trato que dan los mass media al caso Alierta, que, por cierto, es hoy el patrón supremo de Telefónica, o sea, del Anunciante supremo y supremo Patrocinador de lo que sea.

El asunto da para una tesina sobre este aspecto del “Estado social y democrático de derecho” de la Constitución de 1978.

Mossas y tortazos

La mossa que abofeteó a una detenida y la despojó de su sujetador, grabado todo ello por cámaras en un recinto policial —unas grabaciones que, por cierto, deberían estar en todos los recintos policiales, y conservarse a disposición de los detenidos y de los jueces—, ha aclarado un poco las cosas: dice que no abofeteó a la detenida, sino que le apartó la cara porque intuyó que la iba a escupir, y añade que hace poco resultó infectada de tuberculosis en otro cacheo. Eso por una parte. Por otra, alega que estaba vigente un protocolo que obligaba a “retirar” los sujetadores “que tuvieran aros”.

De modo que está claro: a la detenida le apartó la cara de una bofetada porque intuyó que la iba a escupir, y además la mossa tiene visión microscópica porque puede ver por donde andan los bacilos de Koch. Por cierto: esa mossa ¿estará ya curada de tal infección de tuberculosis? ¿No sería conveniente que pasara una temporada en algún lugar de montaña, mágica a ser posible?

Interesante es también lo del protocolo. ¿Imagináis a la Autoridad Policial sopesando la peligrosidad de los distintos tipos de sujetador? Pues parece que la Autoridad cobra también por dedicarse a menesteres como ése. Queda una duda, sin embargo: ¿habrá también un protocolo para retirar los calzoncillos de Dolce & Gabanna? ¿O los de Kalvin Klein? El pozo de nuestras ignorancias en materia de la policía autonómica catalana resulta insondable.

Aunque sí sabemos algo: las brigadas antidisturbios, o como se llamen, de la poli catalana no están integradas por personas seleccionadas por características adecuadas al caso: están integradas por voluntarios, esto es, por gente a la que por gusto le va la marcha.

El conseller Saura y el president Montilla harían bien en revisar las disposiciones policiales de la época de Pujol, no sea que tengamos más disgustos.

Cuestión menor: los exámenes de catalán

La posesión de un certificado de “nivel C” de conocimiento de la lengua catalana sigue siendo indispensable en Cataluña para desempeñar funciones públicas —en las administraciones, en la educación y la sanidad públicas, etc.— y para algunas actividades privadas, p. ej. en la enseñanza “concertada” (esa que consiste en financiar los salarios del personal a las empresas educativas de las órdenes religiosas, órdenes que, por otro lado, andan tan escasas de efectivos que no podrían mantener por sí mismas sus escuelas-negocio). Los jóvenes escolarizados en catalán no necesitan de tales certificados, los cuales de todos modos son un eficaz filtro para fomentar la catalanización de Cataluña.

Algunas de las preguntas orales de las últimas pruebas para la certificación del conocimiento al nivel C de la lengua catalana merecen ser destacadas. Por ejemplo: “¿Para qué necesitas el nivel C de catalán?”, o “¿Cuál es tu ocupación actual?” Tuteo indebido aparte, ésas son cuestiones que invaden la esfera privada del ciudadano que se está examinando en el acto mismo del examen. Que por sí mismas descalifican al sistema que las permite. Pero hay otra que se lleva la palma: “¿Piensas en catalán?”.

El autoritarismo intrínseco de tales preguntas posiblemente pase inadvertido para los emocionalmente nacionalistas. Que desgarrarían sus vestiduras —por emplear la expresión bíblica— en el caso de que el Tribunal Constitucional pusiera freno a alguno de estos excesos de la religión de la lengua —por otro nombre, política lingüística— a la que los ciudadanos de Cataluña se van acostumbrando con la mansedumbre de los corderos.