En el artículo de opinión publicado en La Nueva España del 27 de abril, titulado “Educación para la Ciudadanía: ¿cuál es el problema?”, se dan cuatro razones que el autor, Silverio Sánchez Corredera, entiende contribuyen a la polémica sobre la nueva asignatura. Entre ellas se refiere a la razón “político religiosa”. Estando de acuerdo con la totalidad del artículo, quisiéramos referirnos a esta última.

Permítasenos una breve introducción al contexto para, posteriormente, mostrar lo que queremos decir

En los pasados tiempos hubo una burguesía, que fue la protagonista de la revolución liberal y para la cual emanciparse suponía acabar con el absolutismo, con los privilegios de la nobleza y del clero. Surgió, por aquel entonces, la nueva clase obrera, propiciada por el incipiente desarrollo del capitalismo, y para ella emanciparse pasaba por sacudirse el yugo de la burguesía en cuanto clase dominante, distribuir la riqueza y socializar la producción. Se quería, en aquellos tiempos, poner las bases de una real existencia ciudadana, querían, en definitiva ser ciudadanos de pleno derecho. Era el nacimiento de una incipiente ciudadanía social.

Ahora, otro tiempo, la derecha junto con los obispos, reinventando el género del exabrupto ideológico y de la más trasnochada reacción, intentan no perder el dominio en el terreno social con declaraciones en las que la siempre omnímoda y privilegiada Iglesia Católica, junto con una derecha postfranquista, quisieren volver a aquellos tiempos en los que decían qué era lo bueno y lo malo, qué se tenía que hacer y que no.

Es en este contexto en el que las llamadas a la “rebelión”, debido a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EPC), adquieren su cénit y no por “grupos extremistas católicos” sino por la propia jerarquía católica. Una asignatura que lejos de adoctrinar y de perseguir a nadie ––olvidándose que en la historia las mayores persecuciones religiosas fueron llevadas a cabo por las propias religiones––, es garantía de neutralidad ante las creencias y conciencias.

Los obispos y algunos líderes de la derecha, junto con algún filósofo, convencidos de estar tocados por un soplo divino, se erigen en los únicos depositarios de la verdad y de los valores humanos y arengan a sus fieles a acabar con una situación en la que España está entrando por el abismo de la aberración y de la concupiscencia.

Ellos, los obispos, saben que plantean una falsa polémica y que la asignatura de Educación para la Ciudadanía no es adoctrinadora. Lo que les ocurre es que la galopante secularización de la sociedad y de la juventud española les va a dejar a ellos, a sus prebendas y al uso sectario que hacen al aprovecharse indebidamente de la obligatoriedad escolar y de los fondos públicos para ––ellos sí–– adoctrinar, fuera de juego. Siendo, a su vez, conscientes del peligro que puede suponer la Educación para la Ciudadanía al poder tomar conciencia el alumnado de que la catequesis está de más en el sistema educativo, van a poder “ver” cómo la laicidad es uno de los pilares en los que se apoya una sociedad democrática en la que para ser ciudadano y ciudadana no hacen falta “ diseños inteligentes” ni personajes con verdades absolutas que les marquen el camino que deben de seguir sus vidas. Y cómo una cosa son los pecados, que dependen de la conciencia de cada cual, y otra muy distinta los delitos, dependientes éstos de las leyes compartidas por toda la sociedad.

Ciudadanía rima con democracia, con solidaridad. Ser ciudadano y ciudadana es entrar en un mundo de relaciones horizontales; todo lo contrario de ser feligrés o creyente.

Pero para que la ciudadanía no se quede en una asignatura más o menos teórica debe de convertirse en el eje de una práctica realmente democrática dentro del contexto escolar en el que va a desarrollarse, proyectándose más allá de las paredes de la institución escolar.

Entendemos que capacitar para el ejercicio activo de la ciudadanía exige, además de enseñar la EPC, que la Escuela Pública esté organizada democráticamente, permitiendo la participación, la toma de decisiones, el compromiso y la puesta en acción de los valores democráticos. Nos estamos refiriendo a las relaciones entre el profesorado, familias y estudiantes. Si no es así, la EPC hará bueno aquello de “todo para el pueblo pero sin el pueblo”.

Educar para la ciudadanía debe de ser una tarea compartida y comunitaria. La escuela es preciso que abandone la soledad en la que se encuentra y se corresponsabilice con toda la comunidad social. Sólo un Plan de Convivencia Escolar en el que padres, profesorado, alumnos y alumnas y entorno social se comprometan en su elaboración, desarrollo y evaluación puede realmente hacer de la Educación para la Ciudadanía un proyecto democrático y efectivo.

Una escuela pública que construya mediante el pensamiento racional y riguroso una práctica en donde los valores como el diálogo, la reflexión crítica, etc., se oponga y destierre el imperio del dogma, la verdad revelada y su acatamiento moral. Es decir, una ciudadanía social.