En estos momentos se encuentra en fase de tramitación parlamentaria un Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Dicho Proyecto de Ley no aborda una cuestión clave: los datos sobre exportaciones han sido clasificados como secreto de Estado (materia reservada) por el Gobierno (acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986). Están clasificados los datos de producción, adquisición, suministros, transportes de armamento y munición. También están clasificadas como secretas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU). La JIMDDU es el órgano administrativo colegiado que analiza las solicitudes de exportación de armamento y productos de doble uso y otorga la licencia de exportación; de esta manera se hace imposible conocer y verificar la manera en que se aplica el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.

En la práctica el Gobierno español ha dado muestras continuas de irresponsabilidad al permitir exportaciones a países como Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Ecuador, Colombia, India, Israel, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Singapur, Tailandia, Sri Lanka, Angola, Ghana, Pakistán y Kenia. La política española en esta materia es favorecer las exportaciones de la industria española de defensa y seguridad a toda costa, sin preocuparse demasiado por quién recibe dichas exportaciones y sin preocuparse por respetar los acuerdos europeos o internacionales en esta materia.

Desde Justícia i Pau nos oponemos a la guerra y a la cultura de la guerra en todas sus manifestaciones. Dentro de la cultura de la guerra tiene especial importancia lo que nosotros llamamos el “ciclo económico militar”, uno de cuyos elementos es el comercio de armas y de los productos de doble uso, civil y militar.

Desde Justícia i Pau consideramos que debería prohibirse totalmente la exportación de armamento a países en conflicto o a Estados cuyos gobiernos violan sistemáticamente los derechos humanos, en aplicación del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. Una política irresponsable en este sentido tiene como consecuencias agravar la inestabilidad regional o mundial, favorecer la escalada de conflictos latentes, y alargar la duración de guerras existentes. En definitiva, supone exportar sufrimiento humano en distintas partes del mundo.

Desde Justícia i Pau entendemos que la transparencia en el comercio de armas es el mejor mecanismo de control de las exportaciones de armamento. La transparencia posibilitaría un control efectivo tanto de los países de destino de las exportaciones, como de la política gubernamental en esta materia. La transparencia es, además, una medida de fomento de la confianza, que reduce la escalada de armamentos en el mundo.

Desde nuestro punto de vista, el secretismo en las ventas de armas es inmoral porque implica hacer negocios con el sufrimiento de la población. Pero además es ilegal, por que el conocimiento de los actos de las exportaciones de armamento no pone en peligro ni supone un daño para la seguridad y defensa del Estado. En un Estado democrático, el Gobierno no puede utilizar el secreto de Estado para favorecer las exportaciones de armas ocultando sus decisiones a las ciudadanas y a los ciudadanos.

Desde Justícia i Pau estamos luchando, de forma pacífica y noviolenta, contra el secretismo en las ventas de armas. Una de las iniciativas que hemos llevado a cabo dentro de esta lucha es solicitar copia de las autorizaciones de exportación de material de defensa, materiales de uso policial y de seguridad, y productos y tecnologías de doble uso a Marruecos, Ghana y China, durante los años 2005 y 2006. También hemos solicitado copia de los informes emitidos por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso en relación con esas autorizaciones.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría General de Comercio Exterior se ha negado a entregarnos esos datos. Alegan que las actas de la JIMDDU están clasificadas como secreto de estado y que las autorizaciones están cubiertas por el secreto comercial con base en la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública.

Pensamos recurrir esta denegación, primero ante la propia Secretaría General y después, si siguen sin darnos la información que pedimos, ante los tribunales. Están en juego la calidad de nuestra democracia y la dignidad y la vida de muchos seres humanos de nuestro planeta. El secretismo en el comercio de armas sólo sirve para ocultar el hecho de que se está exportando sufrimiento humano. La Ley sobre el control del comercio exterior de materia de defensa y de doble uso, que se encuentra en tramitación parlamentaria, debería prohibir que se declaren secreto de Estado las actas de la JIMDDU.