El día 14 de febrero de este año (2007) el Parlamento Europeo aprobó el informe final sobre los vuelos secretos de la CIA (con destino a Guantánamo y a otros lugares), que habían sobrevolado el territorio de la Unión Europea o hecho escala en él. De acuerdo con este informe, un total de 1.245 vuelos utilizaron el espacio aéreo de la UE o aterrizaron en su territorio. El propósito de estos viajes era trasladar prisioneros secuestrados en diversos lugares (especialmente Afganistán, pero no sólo) a cárceles como la de Guantánamo o a instalaciones secretas situadas en países donde pudieran ser torturados sin violar formalmente las leyes de Estados Unidos.

El informe del Parlamento Europeo señala que en el territorio de la UE se produjeron al menos 21 secuestros. De hecho, en Italia y Alemania hay procesos penales abiertos contra agentes de la CIA por llevar a cabo operaciones de este tipo en su territorio o contra sus ciudadanos. En el caso italiano, la persona secuestrada fue un clérigo musulmán, el imán Abu Omar, al que se trasladó a Egipto donde fue encarcelado y torturado. La víctima sigue en Egipto, pues las autoridades de este país no le dejan salir de su territorio. Además, le prohíben hablar de su “experiencia” bajo la amenaza de ser nuevamente encarcelado y sometido a tortura.

Dada la dimensión de las operaciones de la agencia de espionaje estadounidense, resulta inverosímil pensar que los gobiernos de los países de la UE no sabían nada de este asunto. Así lo señala el informe del Parlamento, que exige a los Estados miembros investigar y depurar las correspondientes responsabilidades. En el caso español, se ha descubierto ya que el gobierno de Aznar no sólo estaba al tanto de las operaciones, sino que envió policías a Guantánamo, para interrogar a personas trasladadas allí. También Berlusconi firmó con Bush un acuerdo de colaboración (secreto) en temas antiterroristas.

Que a este gobierno estadounidense le parezcan excesivos los límites que imponen los derechos humanos al ejercicio del “monopolio de la violencia” estatal no resulta sorprendente. Tampoco lo es en el caso de personajes como Aznar o Berlusconi. Pero las connivencias van más allá. Recientemente ha trascendido el contenido de una conversación en torno a esta cuestión entre los dirigentes europeos y la Secretaria de Estado norteamericana Condolezza Rice, que tuvo lugar en diciembre de 2005. Por lo que se ha sabido ahora, hay bastantes dirigentes europeos que apoyan las prácticas de la CIA (especialmente los gobernantes de los nuevos países miembros de la UE). Y los que no están de acuerdo con la política de secuestrar para torturar no defienden esta postura por una cuestión de principio, sino porque puede crearles dificultades con la opinión pública.

Parece, pues, que con muy honrosas excepciones (como la de los noruegos), los dirigentes de la UE no se sienten moralmente implicados en la defensa de los derechos humanos más elementales (como la vida, la libertad o la integridad física), sino que esto es un asunto, a lo sumo, de conveniencia política. Es una muestra más de la decadencia moral de la clase política europea, que cada vez aparece más corrupta, insensible y motivada exclusivamente por el mantenimiento del poder y sus privilegios. Es algo a tener en cuenta cuando se arroguen la facultad de dar lecciones a otros acerca de la defensa de los derechos humanos.