Hace unos días la portada de todos los medios de comunicación catalanes (incluido el Telenoticias de TV3) daban cuenta de la experiencia de un ciudadano—Carles Veiret— que al tratar de entrar en una vivienda propia en la calle Urgell (en pleno Eixample) la había encontrado ocupada por cuatro chilenos que habían cambiado la cerradura. Su objetivo de arreglar la vivienda para residir en ella se veía frustrado por unos ocupantes ilegales a los que, para más “escarnio”, la ley protegía hasta que no se demostrara su ilegalidad. Además los residentes alegaban que ellos pagaban un alquiler a una “señora” que les había ofrecido la vivienda y con la que no conseguían contactar.

El suceso incidía de lleno en varios de los debates más virulentos de hoy. Por un lado el tema de los “ocupas”, un movimiento ciertamente implantado en Barcelona y que hace tiempo está en el centro del debate municipal. La derecha no ha cesado de acosar al Ayuntamiento tripartito de connivencia con los ocupas y sobre todo de generar alarma social alertando del peligro de que uno se encuentre su casa ocupada por los amigos de la propiedad ajena. El caso Veiret era la confirmación de sus insinuaciones, por fin se producía el asalto a los domicilios particulares. En el ojo del huracán no sólo estaba el movimiento okupa, sino que el tiro apuntaba a otros dos objetivos. De una parte el proyecto de ley de vivienda de la Generalitat, un proyecto posibilista que trata de ampliar la oferta de vivienda pública y de introducir mecanismos de presión sobre los propietarios de viviendas desocupadas para que las pongan en alquiler. De otra Iniciativa Verds-EUIA, la fuerza política que ha impulsado aquel proyecto, que ha crecido electoralmente en los últimos tiempos y que, a pesar de su moderación, representa de algún modo los viejos y nuevos demonios de la derecha (“rojos”, “verdes”, “feministas” “pacifistas”…). Que su dirigente sea hoy el jefe de la policía autonómica, que la formación se encargue de la vivienda y que su líder municipal sea la compañera sentimental del líder (y realice unas moderadas declaraciones en las que dijo estar más identificada con algunos planteamientos antisistema que con los especuladores) es otra buena razón para atacar ese flanco —no sólo por parte de la derecha sino también por un partido socialista cada vez más temeroso de perder peso respecto a sus tradicionales socios de Gobierno—. El caso Veiret era por tanto un poderoso “tres en uno”, una leyenda urbana apropiada para dar apoyo a las propuestas de una derecha políticamente autoritaria y socialmente regresiva,

El final de la historia está tomando un rumbo que apunta a esta característica de “montaje” mediático. En pocos días los chilenos se han largado y el propietario ha recuperado su vivienda. Pero las nuevas informaciones apuntan a que se ha ocultado parte de la trama. Que los “ocupantes” ya llevaban tiempo en el piso o que al menos habían residido en él con anterioridad. Y que la que se lo alquilaba era una cuñada del ofendido “expropiado”. Seguramente nunca llegaremos a saber toda la historia. Entre otras cosas porque todos los medios de desinformación han metido la pata y preferirán que el tema se olvide a dar cuenta de su ingenuidad o de su manipulación. Y porque lo que realmente queda es un nuevo referente social que apoya la criminalización de la ocupación y la deslegitimación de las políticas que tratan de acotar la propiedad privada. Nos han dado una lección. Quizás porque los alternativos nunca hemos sabido tener políticas de actuación y mediáticas capaces de penetrar en el espacio de prejuicios sobre los que la derecha construye su legitimación.