Antes del bombazo en un aparcamiento de Barajas que ha costado la vida a dos trabajadores inmigrantes casi todo el mundo creía que se daban las condiciones para que ETA, por fin, se resignara a abandonar la lucha armada.

Había argumentos válidos para contemplarlo: tres años sin atentados mortales; la manifiesta inutilidad de los atentados para doblegar la voluntad del estado, representativa en este punto de la mayoría de las gentes y específicamente de los vascos; el aislamiento de ETA y de su brazo político; las declaraciones de los dirigentes de ese brazo político, que aunque no condenaban el uso de las armas sí manifestaban preferir las soluciones dialogadas. Y, por otro lado, había también condiciones previas adecuadas: la admisión por parte del PNV de la conveniencia de aplazar la modificación del estatuto vasco a un momento posterior al cese de la actividad armada, y la composición de un gobierno de España sinceramente deseoso de hacer cuanto pudiera para poner fin al trágico conflicto en que ETA nos ha metido. Por eso la “declaración de alto el fuego permanente” y la voluntad de negociación por parte de ETA pudieron ser tomados en cuenta por todos los grupos con representación parlamentaria, salvo el Partido Popular, y la negociación acogida como un bien por la mayoría de los ciudadanos.

Sobre este panorama, sin embargo, planeaban dos nubarrones.

Uno lo constituía el propio militarismo de ETA. No estaba claro si ETA había aceptado las consecuencias políticas de su derrota militar en curso. De haberlas aceptado plenamente, su propuesta de negociación se habría limitado a un calendario para la desaparición de las armas y un acuerdo sobre el trato —que siempre sería generoso por parte de la sociedad española— para los etarras encarcelados y encarcelables. Si no había percibido la magnitud de su derrota, su negociación trataría de imponer unos objetivos políticos desde su perspectiva mínimos: la anexión de Navarra a Euskadi —una posibilidad a la que está abierta la Constitución de 1978— y el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi, acatando los resultados de una consulta popular al respecto; objetivos que no se podría aceptar.

El otro nubarrón lo constituía la política del mayor partido de la oposición, el PP, que sobre la base de una incomprensión de fondo de su propia derrota electoral ha buscado una confrontación completa y dura con el gobierno para erosionarle con vistas a las elecciones futuras. La política antiterrorista del gobierno no iba a ser una excepción, y el PP no sólo no se sumó a la autorización al gobierno del poder legislativo para negociar sino que movilizó al regresivo sector de la sociedad civil que le es afecto, a los instrumentos de propaganda que domina (el diario El Mundo, la cadena de radio Cope, Telemadrid, etc.), a la principal asociación de víctimas del terrorismo etarra y a su propio personal afín en el seno del Poder Judicial y en el aparato del estado para dificultar y entorpecer la posible negociación. La actual dirección del PP traicionó el limitado Pacto Antiterrorista firmado con el Psoe, que dice que la política antiterrorista debe quedar fuera del debate electoral, ya el 11 de marzo de 2004, al atribuir mendazmente a ETA la autoría de los atentados con el fin de ganar las elecciones de tres días después. Desde entonces ha hecho de este asunto su gran baza electoral y ha combatido al gobierno en el parlamento, en los media y en la calle utilizando a ETA como cebo para pescar todos los votos posibles. Con ello los dirigentes del PP traicionaron también otro principio contenido en aquel Pacto Antiterrorista, según el cual la dirección de la política antiterrorista le corresponde al gobierno de turno, y, con gran deslealtad no sólo con el Psoe sino con la sociedad española, mandaron a ETA un mensaje claro: no respetaremos lo que pueda hacer el gobierno actual; no queremos que sea este gobierno el que acabe con la violencia política en este país.

ETA pretende que las muertes ocasionadas por el bombazo del aeropuerto fueron un imprevisto —ETA avisó de la colocación de explosivos—, un “daño colateral” —la expresión es repugnante para referirse a los dos jóvenes ecuatorianos muertos—, causante de lo que el derecho penal califica de “homicidio preterintencional”. Tal “imprevisto”, sin embargo, revela el burdo mundo intelectual en que viven los dirigentes etarras, pues no es posible dar por descontado que una gran potencia explosiva en cualquier lugar público, y menos en un aeropuerto, no vaya a causar víctimas mortales. Sin embargo, aunque no hubiera habido víctimas mortales ETA debía haber sabido que volaba no sólo un aparcamiento sino también la posibilidad de proseguir la negociación. ETA ha ignorado que o bien negocia o bien pone bombas —o bien se autodisuelve, que sería otra posibilidad teórica—, pues las bombas son incompatibles con las negociaciones, ya que de otro modo éstas serían una invitación a poner más de aquéllas como bazas negociadoras. El comunicado posterior de ETA, afirmando que la negociación seguía abierta y lamentando las víctimas, es puro añadido de una chapuza política a la otra chapuza, la criminal, que ha acabado con la vida de dos personas tan inocentes que ni siquera eran españolas, si puede decirse así.

Es evidente que en la izquierda abertzale el gigantesco error y el crimen del atentado de Barajas no han sido interpretados unánimemente. Declaraciones procedentes de ese ámbito así lo ponen de manifiesto. Algo ha empezado a fisurarse en el brazo político de ETA, que sin embargo sigue siendo incapaz de sustraerse a la dictadura de sus milicos. Y éste es el punto. Porque si las gentes que en la llamada izquierda abertzale (abertzale sin duda, pero “izquierda” ¿de qué?) no toman las armas tuvieran la inteligencia y el valor de distanciarse efectivamente de ese aparato “militar” que se mueve sin sentido, tal vez podrían hacer más por los etarras condenados y por la extinción de la violencia que las negociaciones ahora dinamitadas.

Tendrán algo de tiempo para ello. Cualquier negociación es imposible en esta legislatura. Es más: eso sería un suicidio político para Zapatero y el Psoe después del bombazo, el posterior comunicado de ETA y el ensañamiento de PP. También porque, de perdidos al río, ETA, tras el fracaso del proceso de paz, puede preferir un gobierno del PP, del PP dirigido por los mentirosos del 11-M, para complicar las cosas y para intentar “acumular fuerzas” —que dicen ellos— a partir de la reacción de sus bases a la previsible andanada represiva de un gobierno en el que Acebes volviera a ser Ministro del Interior. No podemos olvidar que forma parte del código genético de ETA jugar al juego macabro del “tanto peor, tanto mejor”. En consecuencia, entra dentro de lo posible que reanude sus atentados en las vísperas electorales, para hacer más daño al gobierno actual. Hay también otras razones menos especulativas: que ETA se ha autodescalificado para negociar, salvo que en el futuro inicie un proceso de acciones reales, una práctica sostenida, que haga impensable la comisión de nuevos atentados.

Y a todo ello se deben añadir otros factores que nadie parece tener en cuenta. En el pleno parlamentario dedicado a la ruptura del proceso de paz, el representante del PNV advirtió de unas posibles “goteras en el CNI”, esto es, en los servicios secretos, los cuales se suponía que estaban vigilando a ETA para “verificar la realidad del alto el fuego” y desarrollando otras actividades para la seguridad del estado en el ámbito internacional. Sería propio de ingenuos descartar que en ese mundo tenebroso alguien haya ocultado información o se la haya dado a quien no debía con el objetivo de ponerle la zancadilla a Zapatero. El CNI, como servicio de información de un Estado de la OTAN, trabaja codo con codo con la CIA. Y seguro que Bush prefiere a Rajoy antes que a Zapatero, por lo de la retirada de las tropas de Iraq y porque, desde su óptica, un país con una base como la de Rota, tan decisiva para el despliegue militar en Oriente Medio, debe estar gobernado por políticos obedientes.

En su simplismo y en su abertzalismo de campanario, ETA y su mundo ignoran o les trae al pairo lo anterior. Asimismo hacen abstracción de que el Estado —y su gobierno— no puede aceptar lo que ETA ha propuesto. El Estado está obligado a defender los derechos y libertades de todos, incluidos los ciudadanos vascos. Y por eso no puede permitir, materialmente, que impongan cambios políticos unos minoritarios que pretenden situarse por encima de la voluntad de la ciudadanía. Nadie se lo podría perdonar. Sería, además, una invitación para un terrorismo de extrema derecha o para un golpe de estado.

Y, por otra parte, sabemos de sobra que ETA no podrá incluir en un hipotético viraje hacia la paz de su política a todos sus militantes: sin duda, siempre quedará un resto que prefiera echarse al monte una vez más… para acabar como los militantes del Grapo. El especial universo ideológico creado en tantos años de violencia no se dispersa simplemente ventilando las estancias. En el mejor de los casos, lo más razonable es esperar un final parecido a lo que fue ETA político-militar: declaración de abandono definitivo de las armas y anuncio de disolución, negociaciones con gran protagonismo de su brazo político (la Euskadiko Ezquerra de 1981, la de Mario Onaindía y Juan María Bandrés, tan diferentes por desgracia de Otegui y compañía), y alguna escisión. Conviene armarse de paciencia y observar este asunto con perspectiva histórica. En el País Vasco en 1978 actuaban ETA militar, ETA político-militar, los Comandos Autónomos Anticapitalistas y el Batallón Vasco-Español. Hoy sólo queda la ETA heredera de ETA militar.

¿Qué es lo principal ahora?

Debemos distinguir el plazo digamos corto, de un año, y el plazo más largo.

En el plazo corto el principal peligro político es justamente el Partido Popular dirigido por Rajoy, Acebes y Zaplana.

Este PP cree con Goebbels que una mentira repetida indefinidamente equivale a una verdad. Lo demostró en su afirmación sostenida de que ETA estaba tras los atentados de los trenes en Madrid, cuando el gobierno de Aznar tenía informaciones —además de las procedentes de los atentados anteriores en Marruecos contra bienes e intereses españoles— que evidenciaban la autoría (inoportuna para el PP, empantanado en Iraq) del terrorismo islamista. A la empecinada mentira de entonces sucedió una interminable retahila de insidias, incluso en el Parlamento, acerca de complots imaginarios que, sostenidos por El Mundo y por la Cope, han intentado deslegitimar las evidencias policiales y judiciales. Esa propaganda ha calado entre algunos de esos especiales conciudadanos que, como dijo el poeta, embisten cuando pretenden usar de la cabeza.

El comportamiento del PP en la fase de “alto el fuego” de ETA no fue mejor, sino incluso peor: le puso al gobierno tantas trabas como pudo incluso a costa de politizar al poder judicial, cuya cúpula le es aún afín, e impulsó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo a convertirse en una jauría humana. El PP bajó a la calle para torpedear al gobierno. No ha bajado para condenar el atentado de Barajas con los cientos de miles de ciudadanos que sí lo hicieron.

Y eso lo hace un partido que tiene la corrupción en su armazón más íntimo. Innumerables alcaldes y cargos públicos autonómicos y provinciales del Partido Popular han empezado a visitar la cárcel tan pronto como ha sido dotada de medios la fiscalía anticorrupción. Los tránsfugas que obtiene vienen del mundo de la mafia del ladrillo y las recalificaciones: ésas que hacen imposible el acceso a una vivienda de tantas gentes trabajadoras jóvenes. Y, sobre esta base corrupta, hacen un guiño a toda la España que trapichea —y que desgraciadamente no es poca— diciéndole: “¡Devolvednos al poder!”.

Por eso, a corto plazo, el objetivo principal para que no empeore la situación social del país es impedir que el Partido Popular gane las elecciones. Cualesquiera elecciones, pero sobre todo las legislativas del año que viene. Ha de ser derrotado nuevamente en las urnas. Quienes están de verdad a favor de un proceso de paz para el País Vasco deberían estar de acuerdo con esta premisa, pues con el PP en el gobierno no habría, con toda certeza, posibilidad alguna de reabrir ni siquiera la expectativa de un final negociado de la violencia política. Por otra parte, solo una derrota del PP puede provocar una crisis interna que conduzca a un recambio en sus órganos directivos, un objetivo que debería ser compartido por todos los que no desean más regresiones de nuestro renqueante sistema de libertades. No hay que confiarse, y habrá que ir a votar, pues la derecha tratará de rebañar hasta el último voto favorable para ella, y usará todas las malas artes que la caracterizan para conseguirlo. Nos esperan, pues, meses de asco.

Un asco redoblado por la alarmante erosión del “Estado de Derecho” que representan sucesivas sentencias del Tribunal Supremo. Últimamente éste ha proclamado que las declaraciones de detenidos ante la policía, formalmente ante un abogado, pero desmentidas luego por coacción ante los jueces de instrucción, han de considerarse válidas. ¡Como si el abogado estuviera presente en todo el período de detención, prolongado más de 72 horas en los supuestos de la ley antiterrorista, y como si no hubiera torturas que no dejan huellas físicas, indetectables por los forenses! El Tribunal Supremo ha abierto una puerta más a la arbitrariedad —y a los deseos de hacer méritos de posibles funcionarios desaprensivos, o inflamados de “patriótico celo” que decía Alonso Martínez—. ¿Adónde vamos a parar?

Sin embargo, pese a todo, a más largo plazo, y con inteligencia política, se podrá conseguir que el grueso de los militantes de ETA abandone la lucha armada. Pues día a día se muestra que carece de sentido y empeora su propia situación.

Por nuestra parte, defenderemos en primer lugar la pacificación de Euskadi y la reconciliación entre los vascos, una tarea a la que podrían contribuir, mediante acciones moleculares y poco vistosas, todos los que ahora quieren hacer algo para lograr una paz duradera y viable. Defenderemos las negociaciones cuando se den las condiciones necesarias para ellas. La reconciliación exige algo más que esfuerzos políticos: también acciones sociales, “comisiones de la verdad” como en Sudáfrica, o iniciativas análogas. También defenderemos el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos de Euskadi sólo ejercible después de un período de paz que permita la cicatrización de las heridas sociales. En paz, todo es discutible y debatible públicamente.

Pero ya desde ahora defendemos el regreso a los principios democráticos del ideal de “Estado de Derecho” que una serie de decisiones del poder judicial está poniendo en cuestión.