No hace mucho, en el desfile militar que celebraba el día de la hispanidad, el gobierno decidió invitar a dos delegaciones que tenían una especial relevancia para el tema que nos ocupa aquí. De un lado los representantes de los españoles que habían liberado París de los nazis bajo las ordenes de la División Leclerc, del otro los representantes de la División Azul que había luchado en el frente soviético también durante la Segunda Guerra Mundial. El hecho produjo conmoción, pero para el actual gobierno no revestía más significado que homenajear a españoles que habían luchado durante la gran conflagración mundial. Al fin y al cabo, relataba El País, si unos habían luchado contra el totalitarismo nazi en las calles de París, los otros habían librado sus batallas contra el totalitarismo comunista en las estepas rusas: su lucha era equiparable, también lo era entonces el homenaje. El problema vino después, cuando en el acto el representante de la División Azul apareció con una Cruz Gamada en su solapa, provocando la incomodidad de los representantes institucionales presentes. ¿Es que no había entendido que era un representante de la lucha contra el totalitarismo? Evidentemente los que no habían entendido nada eran los bienintencionados gobernantes de nuestro país. Manipular la historia en el presente siempre tiene unos límites y unos riesgos: que la historia irrumpa de golpe tal como fue y no como uno querría que fuera.

Legislar sobre el pasado no significa decretar un fin de la historia. No significa decretar la paz universal, el punto final, la reconciliación o la satisfacción engreída de un presente que pretende saber más que sus antecesores sobre qué se dirimió en las arenas de Clío y de qué manera se deberían cerrar las heridas. El origen de la Ley de la Memoria Histórica se encuentra en este sentido en el espacio que se abrió en los últimos años del gobierno del Partido Popular antes de la llegada del nuevo PSOE. En ese espacio, en un momento de durísima ofensiva cultural de la derecha gobernante, se hizo evidente una realidad: la nueva democracia española, sustentada en las legitimidades construidas en las narrativas de la transición, necesitaba de una base de actitudes y valores temporales que fueran más allá de unos pocos años de nuestra historia. A la vez esta democracia se sustentaba sobre un silencio, el de cuarenta años de una de las dictaduras más feroces que jamás haya conocido el viejo continente. Evidencias que nos llevan a la República —como principal antecedente de democracia en nuestro país— y el franquismo. Se trataba entonces de rememorar y reparar. Rememorar la República, reparar a las víctimas. Pero lo que estaba claro en los momentos que antecedían a la llegada del nuevo gobierno ha ido deviniendo oscuro de nuevo. Ahora la República vuelve a ser uno de los bandos en la guerra —un bando que como tal no puede ser exaltado—, el franquismo es un régimen de seguridad jurídica —que como tal no puede ser violentado anulando sus sentencias— y los archivos donde se encuentran los nombres de los verdugos seguirán cerrados como en el medio siglo que antecede a nuestro presente.

Es cierto: se darán más indemnizaciones; es cierto también: no se permitirá la exaltación del franquismo y se habilitarán medidas para que las víctimas sean encontradas. Pero en el proceso, de nuevo, se protegerán más los derechos de los verdugos que los de las víctimas. Claro está que si se considera que la Divisón Azul y la Leclerc son equiparables, a partir de aquí todo es posible. Se trata de no violentar a nadie, pero si nada se violenta, nada se repara. A lo mejor esta Ley, tal como está, ya debería contener un solo artículo: que los gobernantes de nuestro país sepan que la División Azul no luchó contra el totalitarismo, sino que era ella en sí misma la portadora del totalitarismo que una vez reinó en España. Debe ser rememorado todo aquello que supuso un obstáculo a su imposición, debe ser reparado todo aquello que fue destruido en sus manos. Sería un buen principio.