I

El resultado del último proceso electoral catalán genera más interrogantes y escepticismo que optimismo. Aunque posiblemente las cosas aún podrían haber ido a peor si hubiéramos retornado al reinado convergente o si se hubiera puesto en marcha el nuevo experimento de la sociovergencia. Pero a todo el mundo le queda la impresión de estar ante el mal menor.

En primer lugar está la cuestión de la elevada abstención, la ausencia de movilización política de una gran parte de la ciudadanía. Sin duda es un tema que admite muchas lecturas. Para un sector de la izquierda alternativa es un buen síntoma, puesto que indica el desapego de la ciudadanía respecto al poder. Mi particular posición es que esta lectura es errónea. Sin duda hay desapego frente a lo político (y ello se entiende cuando un día sí y otro también son noticia los casos de corrupción). Pero no se trata necesariamente de un desapego “de izquierdas”. Los movimientos y organizaciones sociales se enfrentan a dosis masivas de “absentismo” de sus potenciales activistas y simpatizantes. En una sociedad que se precia de participativa es difícil encontrar alguna entidad, organización o movimiento que no dependa de un reducido puñado de personas. El absentismo es en gran medida un desapego de lo público sobre el que difícilmente se pueden desarrollar movimientos sociales ni transformaciones de gran calado. Y expresa en parte un apoliticismo y una ausencia de compromiso social en el que la derecha, especialmente la populista, se mueve como pez en el agua. Sin duda las razones del absentismo en las elecciones autonómicas tienen causas diversas. La figura gris de Montilla, los rifirrafes del Tripartit, la sucesión de comicios… han dejado fuera de las urnas a una parte del electorado. A los políticos profesionales les preocupa la abstención en la medida que refleja un déficit de legitimación ( y como ésta no es homogénea, suele castigar más a aquellos grupos políticos con una base menos militante, lo que en Catalunya suele afectar al PSC). A los activistas sociales nos debería preocupar porque ello refleja un fenómeno más general de ausencia de participación en los asuntos públicos.

Si pasamos al análisis de los resultados, en términos globales las cosas han quedado bastante como estaban. El tránsito de escaños ha sido pequeño si se toma como punto de partida la divisoria izquierda-derecha que polarizó la anterior legislatura. A pesar de ser el partido más votado, el avance de Convergéncia i Unió ha quedado lejos de aquellos tiempos en los que alcanzaba la mayoría absoluta. Aunque Artur Mas hubiera roto su compromiso notarial de no pactar con el PP, no habría alcanzado la mayoría necesaria para gobernar. Y en la medida que su campaña se centró en una ataque en bloque al Tripartit, puede considerarse que su estrategia ha resultado fallida. La izquierda sigue siendo mayoritaria, aunque en tal grupo se incluya un espectro de aspiraciones y corrientes ciertamente variopinto y contradictorio. Sí se han producido en cambio variaciones en el seno del bloque, particularmente el ascenso de Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa (IV-EUIA), la muy reducida caída, sorprendente al calor de sus actuaciones, de Esquerra Republicana y, eso sí, la caída más estrepitosa del PSC. Sólo los primeros han aumentado en número de votos, y pueden considerar que han alcanzado una cierta consolidación institucional. El PSC en cambio ha sido el más castigado tanto por la abstención como por el surgimiento de Ciutadans, que posiblemente es en este electorado donde ha obtenido más audiencia.

II

El ascenso de Ciutadans ha sido presentado por algunos sectores como una rebelión democrática frente al poder del establishment. Se ha generado incluso una mítica en la que se explica que estos votos se han alcanzado a pesar del total boicot de los medios de comunicación hacia su propuesta, frente a la que se ha alzado una importante movilización de base. Como muchas otras míticas, especialmente las nacionalistas, se trata de una casi completa falsedad. Es cierto que Ciutadans ni aparecía en los espacios electorales de los programas informativos de los medios de comunicación ni fue invitada al debate de candidatos. Pero esto le ha ocurrido exactamente igual a todas las demás candidaturas que no contaban con representación parlamentaria, con independencia de su mayor o menor arraigo. Quizás es una regla discutible, pero si se cambia debe ser para todo el mundo (lo cual no es necesariamente lo mejor al calor de la inflación de siglas que se presentan a los comicios electorales). Pero lo que sí ha tenido Ciutadans es una gran campaña publicitaria, con cuñas radiofónicas frecuentes (en la Ser) y un enorme apoyo de la prensa derechista (El Mundo, La Razón), así como una buena campaña de actos y propaganda que indica que se ha contado con importantes medios económicos, a años luz del resto de grupos extraparlamentarios (y posiblemente al nivel de las austeras campañas de ICV-EUIA cuando su peso parlamentario era menor). De dónde ha salido este apoyo nadie ha hablado, y no parece creíble que se haya limitado al adelanto de cuotas de militantes como ellos explican.

La obtención de 3 escaños y unos 80.000 votos refleja que ciertamente el tema lingüístico puede tener un cierto apoyo social. Su pretendido laicismo lingüístico difícilmente esconde que lo que verdaderamente reivindican es la defensa del castellano. Y éste es un banderín para sectores diversos para quienes el aprendizaje del catalán constituye algo parecido a un agravio. Se trata de una situación que afecta a sectores sociales diversos, pero puestos a hacer hipótesis parece que es en sectores de clase media baja donde estas actitudes son más radicales (sectores de enseñantes, de funcionarios…). También porque es en estos sectores donde las cuestiones lingüísticas tienen mayor importancia. En empleos industriales, en la construcción, el uso del catalán es menos importante. En la vida cotidiana la gente habla lo que quiere, pero en determinadas profesiones donde la relación con el público es directa la lengua sí que importa y en el caso de empleados públicos la demanda de conocimiento se convierte en imperativo legal. El rechazo es una respuesta que uno puede entender, pero que sin duda ha quedado amplificada por la persistencia de una legitimación de lo español que el franquismo consolidó y que nunca se ha replanteado. Y, a menudo, el rechazo que en algunos sectores genera “lo catalán” en el resto de España tiene posiblemente más que ver con el hecho de que aquí se hable y se defienda otra lengua, lo que no ocurre, por ejemplo, en el País Vasco (a pesar de Lizarra o el plan Ibarretxe nunca se han lanzado campañas de boicot a lo vasco como la del cava).

El pretendido cosmopolitismo de Ciutadans es más que discutible. Aunque en su campaña han predicado “que cada cual hable como quiera”, se trata de una demanda que sólo se aplica al español, pero que se niega para los nuevos inmigrantes parlantes de muchos otros idiomas. No hay por tanto defensa de un derecho universal al uso individual de la lengua, sino reivindicación de lo español sin más. Es en todo caso jacobinismo a la francesa. Quizás hubiera sido una buena solución, pero difícilmente es viable en una sociedad donde el catalán esta consolidado socialmente y en un momento histórico donde el plurilingüismo se plantea como una necesidad civilizatoria. Me resulta extraño entender que alguien encuentre natural aprender inglés y se resista a aprender catalán viviendo en Catalunya (máxime cuando, como ocurre con otras lenguas latinas, la proximidad es real y el esfuerzo de aprendizaje es absolutamente marginal). Es evidente que cuando uno vive en un mundo plurilingüistico debe ser respetuoso con los demás, con su dominio del idioma, con su preferencia en expresarse en uno u otro, pero considero poco aceptable que se plantee sin más un modelo que niegue de facto la posibilidad de consolidar una lengua en el ámbito espacial en la que siempre ha existido. El resultado de unos veinte años de inmersión lingüística en catalán no ha alterado el predominio del castellano en amplios sectores sociales, ha servido como mucho para que la inmensa mayoría entienda, lea o pueda hablar (con mayor o menor fluidez) el catalán y hacer sostenible la fluidez de una sociedad bilingüe sin demasiados problemas de convivencia. Sin duda a veces hay excesos y deben denunciarse, pero las actitudes extremas se encuentran en ambos lados. Centrar un programa político en esta cuestión puede ser el camino más corto para generar radicalización

Sin duda a Ciutadans la reivindicación del español le ha sido electoralmente rentable. Al presentarse como una fuerza progresista ha podido recoger votos de personas que de otra forma quizás hubieran sentido repugnancia de votarlos. Sus problemas empiezan ahora, cuando tendrá que desarrollar una política parlamentaria. Si es de verdad un grupo de izquierdas, posiblemente deberá coincidir más de una vez con los proyectos del Tripartit, lo que le va a alejar de una parte de su electorado potencial. Si opta por un crecimiento rápido quizás su única baza sea la opción populista, en la que la defensa del español-idioma se traduzca también en la defensa del español frente al extranjero. Es una deriva posible y sobre la que hay que tomar conciencia. La construcción de una sociedad mestiza en la que ya estamos instalados en Barcelona (donde la tasa de recién llegados supera el 10% en casi todos los barrios) requiere generar empatías y reconocimientos entre personas de origen diverso. Una de estas vías consiste precisamente en mostrar que el proceso migratorio actual no es más que la continuidad de procesos anteriores. Y cuando las cosas se plantean en estos términos la respuesta más habitual de mucha gente es la de diferenciar entre “nosotros que somos españoles” y “estos que son extranjeros”. No está clara cual de las direcciones orientará el programa de Ciutadans, pero es evidente que siempre es más fácil levantar una bandera simplista que jugar permanentemente en un tablero político en el que se mueven muchas realidades complejas. En todo caso el peor problema a corto plazo es que su presencia parlamentaria puede tener el efecto de reactivar el pesado debate identitario. Puesto que un grupo que ha hecho del tema idiomático su cartel electoral va a estar obligado a sacar este debate de forma recurrente para hacerse oír y dar señas a sus votantes. Un verdadero fastidio.

III

Finalmente, el Tripartit ha salido porque han resultado imposibles otras combinaciones, a pesar de los intentos desde Moncloa de forzar una alianza sociovergente (o cuando menos conseguir un Gobierno de CiU en minoría con el apoyo vergonzante del PSC). No ha sido posible porque si bien éste era el escenario que mayor estabilidad le ofrecía a Rodríguez Zapatero, era un escenario difícilmente digerible por el PSC, Un gobierno de coalición como el que se proponía, solo es justificable en situaciones de emergencia, que ahora no se dan. El pacto corría peligro de desnaturalizar completamente el papel del PSC, desmoralizar a sus bases y militantes y en suma ahondar en su descrédito político. Podía incluso arrastrar a Zapatero, porque hoy por hoy Catalunya es uno de sus principales graneros de votos en las elecciones generales. En cierta medida la apuesta de Moncloa era la búsqueda de dos equilibrios incompatibles. Y al final ha pesado el juego de lo inmediato. Como había insistentemente subrayado Josep Ramoneda, ningún partido con opciones de tomar el poder suele renunciar a él por cálculos a corto plazo. Porque tener el Gobierno significa ampliar las posibilidades de influencia y dar salida a las aspiraciones de sus cuadros. Y esto es lo que ha ocurrido. También porque en Esquerra Republicana de Catalunya sigue pesando su temor ser abducidos en el caso de una coalición con CiU (tal como ocurrió de 1980 a 1984).

No deja de ser paradójico que mientras en Catalunya la reedición del Tripartit es vista con un cierto alivio, en el resto de España (y aquí incluyo una valoración subjetiva de lo que he percibido en recientes viajes a otras ciudades) la cosa se vea completamente diferente. Y es que si bien el nuevo Gobierno no despierta grandes entusiasmos, lo que daba miedo era el retorno de Mas y Durán, crecidos en su papel de salvadores de la patria (como apoyo privilegiado a Zapatero) y recordándonos lo mal que lo había hecho la izquierda. Una CiU que, quizás con un exceso de optimismo, no dudó en lanzar numerosas propuestas reaccionarias, como el carné por puntos a los inmigrantes, la desgravación fiscal a quien hablara inglés y una política de cheques para el pago de servicios privatizados. Una CiU que acabó su mandato con numerosos casos de corrupción y que en 23 años desarrolló políticas muy reaccionarias en todo aquello donde tenía poder: la educación, los servicios sociales, la sanidad… En cambio, por razones diversas, en el resto de España el Tripartit se percibe como el pacto con el “diablo ERC” y el predominio de una apuesta nacionalista por encima de lo social.

Sin duda ERC tiene muchas cosas criticables. Y la cultura nacionalista, expresada en la voluntad de seguir manteniendo una renta per capita superior al resto (o de ser los “líderes” de la economía española per secula seculorum) va más allá de la propia Esquerra. No cabe duda que el Tripartit genera una imagen fácilmente explotable por el PP. Pero si bien todo esto es parte de los problemas que se plantean en una sociedad tan compleja como la española y donde coexisten identidades nacionales tan diferenciadas, tampoco es posible pensar que podría haberse dado una situación diametralmente diferente. De hecho quién más radicalizó los contenidos del Estatut no fue ERC, sino CiU. Aunque la posterior competencia electoral por un mismo espacio y la propia confusión y errores de los republicanos les llevaron a extremar posturas. La sociovergéncia o el gobierno monocolor de CiU (y en contrapartida su apoyo al Gobierno de Madrid) no hubieran ahorrado tensiones en la misma dirección. Y además habrían reforzado una alianza que siempre acaba pasando una factura clara en términos de derechización de los programas del Gobierno (como ya ha ocurrido en la reforma del IRPF). Quienes más apostaban en el PSOE por una salida de este tipo posiblemente lo hacían menos por el temor al coste de pactar con los nacionalistas catalanes que por anclar las políticas del Gobierno en sus variantes más conservadoras, sin correr el riesgo de verse obligados a pactar con fuerzas más a la izquierda. La gente de izquierdas catalana tenemos el deber de empujar al gobierno hacia reformas sociales alternativas. Pero nuestros amigos del resto de España tienen también que ser nuestros aliados (y muchos lo han sido) a evitar que el jacobinismo español se convierta en el mayor aliado del nacionalismo catalán.

IV

No soy entusiasta del nuevo gobierno. Más bien parece que la única lección aprendida es que deben mejorar su respetabilidad, evitando debates públicos entre ellos, actuando centralizadamente y unidos. Posiblemente, la dispersión del anterior gobierno fue uno de sus puntos más débiles frente a la opinión pública (e incluso uno de los factores de aumento del voto IV-EUIA que apareció como un grupo de gente seria y responsable). Pero a cambio no ha habido una reflexión a fondo de las limitaciones de la acción de gobierno, ni un intento serio de discusión de sus contradicciones. Y, dada la hegemonía del conservador PSC en el mismo, los nuevos modos de actuar pueden ser una vía directa para coartar las propuestas más alternativas que representa Iniciativa.

Lo de poner a Saura al frente de Interior suena a jugada maquiavélica de Montilla (un mal orador pero un eficaz hombre de aparato) ya que de una tacada reduce el peso de una rival en su propio partido —Montserrat Tura— y coloca a un rival emergente en una posición realmente complicada. Saura va a ser desde ahora el enemigo número uno de okupas y otros alternativos, al tiempo que ya empieza a percibir el rechazo de una fuerza policial —los Mossos de Escuadra— formada en las ubres convergentes y, como todas las fuerzas de orden, poco amistosa con las ideas progresistas. Que IV-EUIA pueda salir malparada de esta aventura puede tener consecuencias que van más allá de su propia parcela de poder, al fin y al cabo lo menos importante, ya que ello reforzaría en unos el convencimiento de que sólo se puede actuar en movimientos sociales fuera del juego institucional y, en otros, el desprestigio de las ideas de izquierdas. Los terrenos pantanosos de los que nunca podemos escapar.

El nuevo gobierno anuncia una apuesta por lo social. Su proyecto estrella será el crecimiento de los servicios sociales, hasta ahora totalmente infradotados incluso en comparación con otras Comunidades Autónomas. Y se seguirá invirtiendo en la remodelación de los barrios (con experiencias ambiguas, pues en muchos casos se acaba por provocar su “gentrificación” y su conversión en escaparates turísticos, aunque también existen ejemplos notorios de mejoras sustanciales en sus condiciones de vida), o en el mayor gasto educativo. Se espera que la mejora financiera que se deriva del nuevo Estatut permita financiar este gasto. Puede ser sin duda la cara buena de la experiencia, aunque al lado queda el continuismo en muchos otros aspectos, como los modelos sanitario y educativo heredados del pasado o la obsesión, compartida en gran medida por PSC y ERC, por la inversión en grandes infraestructuras. Se trata en parte de obsesiones de los propios políticos y también de la presión de importantes lobbies y grupos de poder que utilizan todo su aparato mediático y organizativo para imponer sus intereses como objetivos nacionales.

Es en este contexto donde IV-EUIA tiene que batirse si quiere demostrar que es posible una intervención social alternativa desde el plano institucional. La apuesta por una transformación ecológica de la sociedad es una necesidad más clara. Al igual que una transformación profunda de nuestra estructura social que permita hacer frente a los problemas que se plantean por ejemplo en el mundo laboral —precariedad, desigualdades, imposibilidad de gestión de la vida cotidiana, autoritarismo, riesgos para la salud, segregación sexual, etc.— o en el campo de la vivienda. Y ello exige cierta osadía propositiva y mucha intervención y movilización social. No está claro que la opción por un gobierno “unificado” en aras a la imagen de seriedad, una concesión excesiva al realismo más plano (como la insistencia en asociar competitividad y ecologismo hecha insistentemente por Saura en toda la campaña electoral), o la propia dedicación al “orden público” vayan a ser terrenos muy favorables para que una voz autenticamente ecosocialista se haga sentir en la acción de Gobierno.

Realmente desearía que el aumento de votos de IV-EUIA se tradujera en un crecimiento de la influencia de las ideas y proyectos que defienden. Y hay que reconocer que, con toda su moderación, han llevado a cabo algunas buenas experiencias. Pero también es cierto que en algunos casos han sufrido ataques que no han podido frenar (empezando por el cese de su anterior Conseller de Medi Ambient por la presión de los grandes grupos empresariales) o que incluso en algunos casos han acabado internalizando las razones de sus socios (por ejemplo no han planteado un debate serio en el campo de la externalización de servicios públicos). Y menos aún están en condiciones de llevar a cabo un capilar esfuerzo de desarrollo de una sociedad civil alternativa capaz de dotar de profundidad a sus propuestas. Hoy por hoy el voto de IV-EUIA es más el voto de las capas medias “progres” que la representación de un amplio movimiento social. En su descargo hay que indicar que tampoco a su izquierda hay muchas fuerzas, y las pocas que hay a menudo están más empeñadas en organizar batallas sectarias que en entablar un proceso dialéctico, sin duda no exento de tensiones, entre la intervención institucional y la movilización social. Faltan energías y faltan cabezas. El reto para la izquierda es que esta nueva etapa de Gobierno no se convierta en otro período de frustración. Evitarlo pasa por empezar siendo conscientes de los riesgos y las debilidades. Porque si en algo estamos en sintonía con el mismo Montilla es en que “no nos podemos permitir otro fracaso”.