Se ha anunciado recientemente la reforma del IRPF. Se incrementa del 0,5239% al 7% el porcentaje del IRPF que se destina a la Iglesia Católica. El tenor de esta decisión plantea de nuevo cuestiones que ya son habituales: la financiación de la Iglesia católica, la relación entre ésta y el Estado, la financiación de las ONG, las relaciones de dependencia y clientelismo promovidas por el sistema de financiación o las dificultades enquistadas con las que topa una y otra vez el laicismo.

Carlos Amigo, cardenal de Sevilla, ha calificado esta reforma como un ejemplo de «laicidad inteligente». Con esta expresión, la jerarquía quiere decir lo siguiente: estamos contentos con el acuerdo, nos quedamos más o menos como estábamos… vengan laicismos inteligentes que no pongan en cuestión el statu quo.

Esta inteligencia, choca con otra forma de entender las cosas que apuesta por una desvinculación —también financiera— entre el Estado y la Iglesia católica —y el resto de Iglesias—. Esta inteligencia es compartida por personas —creyentes y no creyentes— y sectores sociales para los cuales es saludable poner fin a maridajes históricos entre el Estado y la Iglesia católica.

Se argumenta a favor del mantenimiento del statu quo diciendo que a través de parroquias e instituciones religiosas se realiza una importante tarea social. Este argumento es relevante, y hay que atenderlo también en relación a la actuación desarrollada por las ONG o por otras instituciones religiosas. No se puede pasar por alto que en no pocas ocasiones el Estado delega o hace dejación por desatención de sus funciones. Ahora bien, esta realidad no da pie a mantener un sistema que consiste en destinar fondos públicos al mantenimiento de una institución religiosa. En cambio, sí habilita para plantear cómo financiar proyectos sociales que son considerados prioritarios. Salvo que queramos perder la inteligencia, no se puede admitir el culto —allá cada uno con sus creencias religiosas— como la realización de un proyecto social solidario.

Ante el anuncio del 0,7%, las ONG han reclamado otro tanto para ellas. Parece razonable dado cómo están las cosas. Todavía está por ver en qué quedará esto. Ahora bien, más allá de lo inmediato, la cuestión de fondo sigue inalterada: el sistema de financiación de las organizaciones sociales ha de cambiar. Por una parte, el sistema —y no me refiero sólo a la casilla de la declaración de la renta— es inestable y precario para la mayoría de organizaciones; por otra parte, el sistema genera unas relaciones de dependencia y clientelismo insalubres. Es éste un terreno de lucha política y social en torno a la democracia y a los contenidos sociales del Estado que no debe quedar reducido al 0,5 o, en el mejor de los casos, al 0,7% del problema.