Si Shakespeare escribiera en la actualidad, el mundo empresarial le depararía una buena fuente de inspiración. Las ambiciones y la lucha por el poder que aparecen en sus obras protagonizadas por reyes, nobles y militares, son ahora visibles en el comportamiento de los grandes líderes empresariales. Aunque recubiertas de la pátina tecnicista de la terminología económica y financiera, lo que de verdad se deriva en las grandes batallas empresariales es, fundamentalmente, poder y riquezas. El control de recursos, personas y decisiones estratégicas para la colectividad.

Y no cabe duda que la lucha por el control de Endesa es uno de estos casos estrella que dan para mucha creación literaria. No faltan en ella ni tensiones dramáticas ni momentos cómicos. Estos últimos protagonizados especialmente por el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de la Energía que han quedado en ridículo al mostrarse que al fin y al cabo no tenían ninguna capacidad real de influir en serio en el proceso. Quizás el nombramiento de Clos para ministro del ramo constituye un explícito reconocimiento de la liviandad de este área y, puestos a sacarse de encima a un alcalde impopular siguiendo el principio de Peter, mejor colocarlo en un sitio en el que no pueda hacer mucho daño.

Aunque el desenlace final está por decidir, lo que ha quedado claro en toda la operación es la capacidad del núcleo duro del capitalismo español de resistir todos los intentos de desbancarles de parcelas importantes del poder económico. Es una muestra más de un hecho sobre el que vale la pena tomar conciencia. Este núcleo se consolidó a lo largo del siglo XX mediante un control férreo del mercado interno y el establecimiento, reforzado por el franquismo, de una notable interrelación del poder económico con el poder político (lo cual tampoco es un fenómeno puramente local: basta con estudiar el permanente idilio que ha tenido la industria tecnológica estadounidense, desde la General Electric y la aeronaútica hasta las modernas empresas del sector T.I.C.). Cuando la economía española se abrió al exterior muchos pensaron que este poder se habría acabado y que la economía española pasaría a estar controlada por multinacionales foráneas y reinaría la competencia “casi” perfecta. Nada de eso ha ocurrido. Si bien las multinacionales han pasado a controlar una gran parte del sector industrial, este núcleo duro ha sabido maniobrar con éxito para preservar áreas estratégicas como el sector financiero, las obras públicas y los servicios a la colectividad. Y en lugar de un mercado competitivo (que en muchos casos sólo se encuentra en los libros de teoría económica) hemos presenciado en bastantes sectores procesos de concentración de capital. Tal es el caso de las eléctricas que han reforzado su reparto territorial hasta convertirse, al menos en el mercado de consumo, en auténticos monopolios. En algunas regiones, como Baleares o Canarias, simplemente se ha pasado de una empresa pública a una privada, en otras como Catalunya de tres empresas a una sola.

Endesa, el centro de la pelea, es en sí misma una muestra de esta dialéctica público-privada. Inicialmente era una mera gestora de centrales térmicas de carbón, algunas de las plantas más contaminantes del país (As Pontes de García Rodríguez, Ponferrada, Andorra), a las que se sumaron las empresas de distribución pública de Baleares (GESA) y Canarias (UNELCO). En los años ochenta, a medida que las empresas privadas entraron en crisis por la aventura nuclear y el alza de los tipos de interés, el gobierno utilizó Endesa como salvadora de los intereses privados (especialmente de la banca) forzándola a comprar empresas (FECSA, Electra de Viesgo) y activos (planta eléctricas) de empresas en crisis, convirtiéndose en un grupo eléctrico integral. Después vino la privatización, iniciada parcialmente por el PSOE y culminada al 100% por el PP (que perdió la oportunidad para ceder la dirección a personas amigas, valiéndose también del hecho que sea Caja Madrid el primer socio de la empresa). Lo que ha venido después es conocido: OPA de Gas Natural, a la que se acusa de ser un complot catalán y se la bloquea con procesos judiciales, negociación con E.on (con intervención incluida de la UE) y maniobra final por parte de Acciona, seguida por otra parecida de ACS sobre Iberdrola.

Para algunos es al fin y al cabo el triunfo del nacionalismo español. Aunque seguramente si las operaciones en marcha triunfan lo único que ganará el país es quedar en manos de un duopolio eléctrico. Pero de lo que verdad se trata es de una nueva operación orientada a mantener el control por los mismos grupos de siempre. Todos los agentes principales (exceptuando los alemanes de E.on que al final pudieran quedar como personajes secundarios) se encuentran entre el núcleo capitalista, como los March y los Albertos, de ACS, los Entrecanales de Acciona y los dos grandes bancos que juegan un papel activo en la operación, Hay muchas relaciones e intereses cruzados entre ellos si se tiene en cuenta tanto el carácter oligopolístico y de compadreo imperante en el sector de la construcción como la relación privilegiada de estas empresas con la banca.

No se trata tampoco de una situación muy rara. Ya he comentado otras veces que ver Acciona o ACS como una mera empresa constructora constituye un grave error. Estas empresas (y el resto de colegas) hace años que se han convertido en empresas dedicadas a explotar todo tipo de servicios colectivos. Actividades que tienen en muchos casos en común contar con una demanda que crece establemente (en gran parte porque no está sujeta a los avatares cotidianos del mercado, puesto que se basa en concesiones a medio y largo plazo) y en las que se obtiene una rentabilidad asegurada. De hecho, ambas están ya presentes en el sector energético (ACS con la toma de control de Unión FENOSA, Acciona tras adquirir EHN —antes participada por la Diputación de Navarra—, lo que le ha convertido en líder en energía eólica), que es un sector con una demanda cautiva y perspectivas de crecimiento seguro. Al igual que explotan transportes públicos, mantenimiento de equipamientos, servicios portuarios, residencias geriátricas, agua o cualquier otra cosa donde el Estado garantice un buen negocio. Se trata sin duda de un modelo empresarial que garantiza un enorme poder social a sus detentadores y que tiene su reflejo tanto en las relaciones laborales como en los modelos de gestión de los servicios y en la definición del modelo social.

Somos además espectadores de una batalla en la que sólo pueden ganar a corto plazo quienes posean acciones de alguna de las eléctricas implicadas, pero donde el proceso final acabará con un reforzamiento del poder monopolístico del mercado (sea bajo control local o foráneo, aunque tiene gracia que la defensa de la competencia pase por aceptar la creación de conglomerados empresariales cada vez mayores). Un proceso en el que lo que menos importancia tiene es la nacionalidad del capital vencedor (al final en el capital de cada una de estas empresas también es detectable la presencia de fondos internacionales de inversión) y lo que en cambio no se debate es lo que realmente debería interesarnos: cómo decidir democráticamente el modelo energético del futuro, como organizar la gestión energética para cubrir necesidades básicas (incluyendo qué política de precios) y eliminar el despilfarro. Y si estas cuestiones cruciales las pueden garantizar los grandes monopolios privados o deben ser gestionadas de forma colectiva. Tras una década de privatizaciones tenemos ya experiencia acumulada para descubrir las falsedades de la “eficiencia” privada en la gestión de servicios públicos. Pero este es un debate que sólo aparecerá si los afectados insistimos en plantearlo. De momento es tiempo para la representación cruda y pura del reparto del poder.