Expertos de la OCDE consideran que Francia, Alemania Italia y España han de cambiar el enfoque financiero de las pensiones para poder alcanzar, en el 2020, su mantenimiento. Este informe curiosamente se da a conocer tras las recientes protestas sociales en Francia y Alemania en contra de los planes de recortes de las pensiones. En Francia, tres organizaciones altermundialistas defienden propuestas alternativas que apuntan a reclamar una contribución de las rentas del capital y no sólo de las rentas del trabajo.

La prolongación de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad repercuten en el envejecimiento de las poblaciones europeas; el paro y el retraso en la edad de incorporación a la vida activa recortan las aportaciones contributivas en forma de cotización para la jubilación. Todo ello, se suele argumentar, hace necesario la reforma del actual sistema de pensiones de jubilación que amenaza el equilibrio presupuestario. En los cálculos interesados sobre las perspectivas ni tan siquiera se contempla la aportación que en Europa pueda significar la fuerte inmigración.

Propuestas interesadas en recortar los costes salariales son: prolongar la edad de jubilación; aumentar los años de cotización directa exigibles para generar pensión (con las diferentes matizaciones de reducción según menos años del total); fomentar los planes privados de jubilación. No son alternativas. Simplemente pretenden en los tres casos reducir, en la dirección de negar, el derecho social a las pensiones públicas y por tanto equivalen a una reducción de las rentas del trabajo.

Las organizaciones francesas Fundación Copérnico, el sindicato CGT y ATTAC proponen cambiar de enfoque y considerar el asunto un problema también para las rentas del capital y no sólo para las rentas del trabajo. En contra de las opiniones alarmistas de la OCDE, señalan que con un crecimiento moderado (del 1,7% anual) en el 2040 se doblaría el PIB francés, de modo que la base para financiar las pensiones sería mucho más amplia. Indican además que el problema fundamental en estos momentos, porque no crece suficientemente la productividad, es que en lugar de reinvertir las empresas distribuyen beneficios que acaban integrándose en el circuito financiero. De ahí que resultaría un estímulo para la inversión productiva grabar moderadamente los beneficios distribuidos. Además ello significaría compensar mínimamente la pérdida relativa del 10% de las rentas salariales en el PIB en los últimos veinte años.

La propuesta de privatizar las pensiones significa no sólo romper la solidaridad intergeneracional sino también abrir un nuevo campo de mera depredación social como medio de generación de ganancias para el capital a costa de empeorar las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones.