La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Joaquim Sempere
Una trabajadora doméstica, ministra del gobierno boliviano
Casimira Rodríguez Romero, de 39 años de edad, es la actual ministra de Justicia del gobierno boliviano. Nació en Mizque, cerca de Cochabamba, en una familia quechua pobre. Es una de las cuatro ministras de un gobierno de 16 miembros (las otras son: Alicia Muñoz en Interior, Celinda Sosa en Producción y Microempresa y Nilda Heredia en Salud). Desde los 13 años ha sido trabajadora doméstica, “trabajadora del hogar” como ella prefiere decir, y trabajó durante largos periodos de su vida por techo y comida, sin siquiera sueldo ni descanso. Promovió la Organización de Trabajadoras Domésticas de Bolivia, de la que ha sido dos veces secretaria, desde la cual se impulsó una Ley de la Trabajadora del Hogar promulgada el 9 de abril de 2003, que regula el horario de trabajo y el derecho al aguinaldo, entre otras cosas.
La Asociación de Abogados de Bolivia pidió, sin éxito, al presidente Evo Morales que la quitara de su cargo de ministra por falta de formación. ¿Elitismo, clasismo, corporativismo, racismo, machismo o una mezcla de todo un poco? La presencia de una mujer indígena, pobre y trabajadora del hogar es un escándalo para los que siempre han mandado y una baza más y un motivo de esperanza para esa mayoría popular que finalmente se ha levantado con su voto para decir que ya es hora de que el poder del Estado se ponga a su servicio. Para la oligarquía y sus elites, y para quienes tienen la mente sierva del poder, cualquier licenciado o ingeniero cínico, corrupto e incompetente puede ser candidato a gobernante, pero no alguien que trabaja con sus manos, en algo tan digno y necesario —pero carente de prestigio social, según una inversión de valores que solemos aceptar sin pestañear— como la higiene y el cuidado doméstico, y menos si es mujer, pobre e india. No saben que la inteligencia, la honestidad y el sentido de la justicia y el respeto son las mayores virtudes que se deben pedir a quienes gobiernan, y esas virtudes ¿dónde abundan más, en qué categorías sociales y étnicas?
Cómo explicó recientemente en un viaje a la Argentina (véase Página 12, periódico de Buenos Aires, 28-7-2006), Casimira Rodríguez quiere —entre otras muchas cosas— hacer convivir la Justicia ordinaria con la Justicia comunitaria ancestral. Lo contó con una anécdota: “De pronto dos hermanos tienen [un contencioso], cada uno un lotecito, cada uno con bastantes llamas, con bastantes ovejas y vacas; van a la justicia ordinaria y las vacas van pagando la justicia, así [pasan cinco años] sin que ninguno ceda. Finalmente en la comunidad se enteran de que ya han perdido sus vacas y no han resuelto el problema. La autoridad de la comunidad les pregunta si quieren resolverlo. En un día se parte la mitad del terreno y sin gastos. Así, muchas veces, los problemas se pueden resolver transparentemente, tan sólo escuchando”. Que la justicia sea justicia y no se vuelva negocio, que los problemas se resuelvan con rapidez y transparencia: buena herencia de la tradición comunitaria. Será interesante seguir esta experiencia de la que tal vez también nosotros podamos aprender para mejorar nuestro sistema judicial. “Otra diferencia —añade la ministra— es que en la Justicia comunitaria la sanción no incluye la cárcel (generalmente se opta por el trabajo comunitario o la expulsión de la comunidad), mientras que en la Justicia ordinaria normalmente el conflicto se agranda con la cárcel, y hasta ahora las cárceles se manejan con una puerta para el que tiene más recursos y otra puerta para el que tiene menos.” Y subraya que el nuevo gobierno no pretende instalar una nueva forma de justicia en Bolivia, ni imponer la resolución ancestral de conflictos, pero sí lograr la convivencia de ambas Justicias. “La Justicia comunitaria es rápida, no tiene intermediarios, no necesita de recursos y es muchas veces la verdadera justicia.” En Europa estamos ensayando la justicia de proximidad, los juicios rápidos, los procedimientos de mediación entre víctima y agresor… En Bolivia están, a la vez, recuperando su identidad ancestral tratando de insertarla en los esquemas modernos de organización social y política (cosa muy distinta de un simple retorno al pasado sobre bases tradicionalistas e identitarias). Las palabras finales de Casimira Rodríguez son también hermosas porque evocan la larga noche triste de los pueblos indígenas americanos y su frágil esperanza de futuro: “Nunca habíamos pensado en un buen vivir, ahora sí, pensamos en todos, en la comunidad, en la solidaridad y en un buen vivir”.
9 /
2006