El pasado 19 de mayo, el Comité contra la Tortura de NN.UU. pidió el cierre de la prisión de Guantánamo por considerar que en ella se llevan a cabo prácticas que violan la Convención Internacional contra la Tortura. Ese mismo día, en el auditorio de la Facultad de Periodismo de la Universitat Pompeu Fabra, se inició el VI Memorial Octavi Pellissa, dedicado en esta ocasión a la reflexión acerca de la salud de los Derechos Humanos en el mapa mundial, al análisis de la incidencia de las medidas antiterroristas adoptadas en Occidente tras el 11-S en los derechos y garantías de los ciudadanos, así como a las consecuencias de la presentación oficial de la relación entre seguridad y la libertad como un dilema entre la eficacia y las garantías.

La primera sesión, dedicada al análisis de la Degradación de los Derechos Humanos después del 11-S, contó con la presencia de Yolanda Román (Amnistía Internacional), Jennifer Daskal (Human Rights Watch) y David Bondia (Director del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya).

Yolanda Román centró su exposición en el análisis de las tendencias legislativas en el seno de la UE tras el 11-S. Se centró en el Estado miembro cuya legislación antiterrorista ha resultado más represiva: el Reino Unido. Imbuidos por la idea expresada por Blair según la cual las reglas del juego habían cambiado (también las reglas de los derechos humanos), idea ya presente antes de los atentados de Londres, se impulsaron una serie de medidas legislativas de tal calibre ablativo que obligaron al Reino Unido a renunciar a la aplicación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la UE para poder aplicarlas. Los resultados de esta legislación han sido detenciones ilegales, secuestros, listas negras de supuestos terroristas o arrestos domiciliarios bajo amenazas de deportación en un contexto social de creciente islamofobia.

Jennifer Daskal dedicó su intervención a reflexionar sobre las políticas antiterroristas de EE.UU. En su opinión, éstas poseen un cariz agresivo y militarista que echa mano de un estado de emotividad social iracunda del pueblo estadounidense, al tiempo que presentan el respeto a los derechos humanos como un límite a la soberanía del propio Estado. Además, hizo referencia al ya aludido informe de NN.UU. en el que, entre otros muchos aspectos, se citan prácticas de tortura concretas como el water boarding(ahogo simulado) o la intimidación con perros practicadas en Guantánamo y otras prisiones bajo control estadounidense. Este informe aclara que los supuestos de incomunicación indeterminada de los detenidos comprendidos en la convención de Ginebra son sólo aplicables a los espías a fin de cortar su comunicación, y no a todos los detenidos, y recuerda que la obligación de aplicar las convenciones internacionales relativas a derechos humanos ratificados por un Estado debe extenderse a todos los territorios bajo control efectivo de las autoridades civiles o militares.

Finalmente, David Bondia hizo un dibujo de la situación de los derechos humanos en Cataluña y España, donde en su opinión no existe una vulneración sistemática y generalizada de los mismos, aunque sí violaciones puntuales no atendidas suficientemente por parte del gobierno español. Se ha asumido el tipo penal de la tortura, pero no su imprescriptibilidad, se han ampliado los plazos de incomunicación de los detenidos hasta los dieciocho días en determinados supuestos, los centros penitenciarios (que dependen del Ministerio del Interior y no del de Justicia como en la mayoría de países occidentales) han aumentado en un 30% sus reclusos en los últimos veinte años, la prisión provisional tiene una duración de dos años prorrogables a dos más, se ha regulado la inmigración de una forma difícilmente compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, condenando a un buen número de inmigrantes a la alegalidad o a vetustos y degradados centros de internamiento… Configura, todo ello, un paisaje enormemente mejorable de los derechos humanos en España.

Dentro de la segunda sesión (Recorte de derechos: cómo y por qué), la exposición de Zolo (“Las razones del terrorismo”) constituyó una singular explicación acerca de cómo bajo la amenaza de un concepto laxo y jurídicamente indeterminado como el de terrorismo, la coalición angloamericana, con la ayuda o aquiescencia puntual de algunos aliados, ha iniciado una guerra cuya duración, enemigos y objetivos son indeterminados, algo que parece encajar con ese exitoso concepto de The long war. Lo que sí parece claro es que esta guerra se hace al margen del derecho internacional positivo y bajo la convicción de que todos los terrorismos son iguales, pues los señores de la guerra creen que hay que ignorar totalmente las razones del terrorismo para no dar espacio a las reivindicaciones de los terroristas y, con ello, incentivar a todo pueblo oprimido a utilizar formas de terrorismo. Contrariamente a estas tesisneocons, Zolo sostuvo que sólo intentando comprender las causas del terrorismo se podrán hallar las soluciones adecuadas para acabar con quienes pretenden incidir en la política mediante acciones violentas indiscriminadas. Ello pasa por un diálogo entre la cultura occidental y la islámica y por una revisión profunda de la “guerra contra el terrorismo”.

José María Tortosa basó su reflexión acerca de “Derechos Humanos, violencia y pobreza en el mundo” en una sólida base estadística presentada global y sectorialmente. Estos datos, referidos a situaciones que van desde los 1.100 millones de personas que viven con menos de un dólar al día hasta el tanto por ciento del PIB que invierten los Estados en presupuesto militar, pasando por los 11.111 incidentes de terrorismo registrados en Iraq desde el inicio de la guerra en marzo del 2003, le llevaron a concluir que, desde el punto de vista de los derechos humanos, ninguna pobreza ni ninguna violencia es tolerable. Esto no constituye únicamente un desideratum que se vacía de sentido cuanto más se repite, sino un presupuesto necesario para que la globalización no devenga en una localización de los derechos humanos en el mundo desarrollado, el único que reúne las condiciones materiales necesarias para su existencia.

La tercera y última sesión, dedicada a La defensa de los Derechos Humanos en las sociedades con democracias imperfectas, tuvo como ponentes al eurodiputado por ICV, Raúl Romeva, y a la profesora de la Universidad de la Rioja Isabel Pérez Cepeda.

Romeva explicó que la utilización del espacio aéreo europeo por la CIA no es una suposición, sino un hecho, de igual forma que también lo son las detenciones y traslados ilegales del Sr. El Masri, del Sr. Abú Omar y de seis señores argelinos de origen bosnio capturados en Rumanía. Tales hechos constituyen una violación del artículo 6 del Tratado de la Unión, relativo al respeto a los derechos humanos, pues el Convenio Europeo de Derechos Humanos entiende que la inactividad del Estado que tiene conocimiento de que se vulneran en su territorio supone una infracción del Convenio. Situaciones como éstas, en opinión de Romeva, son las que hacen zozobrar la idea de la construcción europea.

En la última intervención del VI Memorial Octavi Pellissa, bajo el título “Guerra enemigos y orden penal”, Pérez Cepeda partió de la base de que nos encontramos ante una reconstrucción del valor de la Seguridad en la denominada “sociedad del riesgo”. Asistimos, en su opinión, al ascenso del Estado penal en paralelo al modelo neoliberal de Estado postfordista. En este modelo, la debilidad de los poderes públicos a la hora de intervenir en el sistema económico contrasta con un Estado fuertemente intervencionista en lo que se refiere a la incidencia en los derechos ciudadanos de raíz no económica. Si a ello añadimos que cuatro quintas partes del mundo ven negados sus derechos humanos por el subdesarrollo o por la guerra, no es posible aludir a éstos más que nominalmente. La superación de esta situación, pasa, según Pérez Cepeda, por la creación de instituciones globales de gobierno en un contexto de mundialización en el que imperan las imperfectas leyes del mercado, y pasa también por la cesación de la segregación política y punitiva de los llamados “colectivos de riesgo”, la no criminalización de la pobreza y, sobre todo, la extensión del principio de justicia universal, algo para lo que la puesta en marcha en 2002 del TPI constituyó un principio de esperanza.

Con esta intervención se dio por finalizado el VI Memorial Octavi Pellissa. La realidad de la tortura, de los campos de concentración, del militarismo, de la destrucción medioambiental, de las lógicas excluyentes, de la explotación y el abuso exigen pensar la democracia y derechos humanos como instrumentos de lucha que contienen una idealidad: lograr un mundo mejor que el que tenemos o, por lo menos, no estropearlo más.