El Gobierno Zapatero sigue imparable en su vía reformista. En un breve lapso de tiempo ha conseguido alcanzar acuerdos diversos para llevar adelante nuevas reformas en el plano de las relaciones laborales, las pensiones y la fiscalidad. Nadie les puede disputar que se trata de un verdadero gobierno reformista. Otra cosa es que las reformas sirvan para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Pero ya sabemos que esto no forma parte de la agenda de la política de estos tiempos.

I

Pese a su modestia general, sin duda es la reforma laboral la que se plantea objetivos más explícitos, especialmente el de reducir drásticamente el empleo temporal, escandalosamente elevado en nuestro país. El Gobierno ha llegado a cuantificar en 1 millón el número de nuevos contratos fijos de aquí al 2008. Aunque la cifra suena contundente, su impacto sobre el modelo laboral sería, en caso de cumplirse, modesta. En el caso, poco probable, de que lo único que cambiara fuera la conversión de un millón de empleos temporales en fijos (o sea que el empleo no creciera en absoluto ni se destruyeran empleos fijos) la medida sólo conseguiría reducir la tasa de temporalidad del 33,3% actual al 27%: una reducción importante pero incapaz de generar una alteración del modelo. Quizás si el acuerdo hubiera incluido una cláusula que obligara a aplicar la obligación de hacer fijos a los empleados temporales que ya han acumulado mucha actividad en la empresa el impacto hubiera sido menor. Pero al no introducir un mecanismo de retroactividad la medida tendrá un impacto menor.

El acuerdo trata de atajar dos de las grandes vías de precarización del empleo: la extensión de la contratación temporal y la subcontratación en cadena. En el primer caso se ponen límites al encadenamiento de contratos (la misma empresa contrata periódicamente a un mismo trabajador, directamente o mediante una ETT), se elimina uno de los contratos- basura (el de inserción) y se encarece algo el coste relativo de los contratos temporales. En el segundo se crean algunos derechos sindicales para las subcontratas que coexisten en el mismo lugar de trabajo y se define de forma más precisa la ilegal cesión de trabajadores. Medidas todas ellas adecuadas, pero muy tímidas para revertir la situación, ya que seguirán persistiendo muchos escapes legales para colar la temporalidad. Nada nuevo en materia de regulación del empleo ilegal, en especial el que afecta a la contratación de extranjeros, hoy el verdadero generador del “efecto llamada” de la inmigración sin papeles. Sólo el compromiso de aumentar las plantillas de la Inspección de Trabajo abre alguna posibilidad al respecto.

A cambio de estos tímidos avances la patronal saca una tajada muy sustanciosa. De una parte la ampliación de los supuestos en los que la indemnización máxima por despido es de 33 días por año trabajado (en lugar de los 45 días). El otro es la reducción en las cotizaciones al desempleo (0,5 puntos en 2008, 1 punto para las ETTs) y al Fondo de Garantía Salarial. Un buen chorro de dinero para las empresas, a las que hay que sumar las generosas subvenciones en los contratos temporales. La extensión de las percepciones de desempleo (mayores de 45 años sin cargas familiares, fijos discontinuos y socios de cooperativas, cotización a la Seguridad Social para las Rentas Activas de Inserción) y la mejoras en las garantías salariales son una pequeña, aunque no desdeñable, compensación por el ahorro de costes laborales que experimentarán las empresas. Y es que los empresarios españoles sólo son liberales de boquilla. En la práctica están siempre pendientes de la teta del estado, como lo muestra el hecho que el peso que tienen las subvenciones en las políticas de empleo sea el doble que en el resto de Europa (de cada 100 euros dedicados a políticas activas de empleo, 45 van a subvenciones en España, frente a los 22 de media en la UE-15). A pesar de que existen numerosos estudios que apuntan a la inutilidad real de las mismas, subvencionan empleos que se hubieran creado sin ellas, son “peso muerto”.

Más allá del análisis en términos de concesiones y contrapartidas —siempre muy claras las que reciben los empresarios, y mas difusas y etéreas las que favorecen a los trabajadores—, lo que se observa es la inexistencia de una lectura estratégica de los problemas del empleo, especialmente por parte sindical. Ciertamente en los últimos años la acción sindical ha conseguido algunos avances en la reducción del empleo temporal en sectores como la industria y algunos servicios (a un precio caro en términos de moderación salarial, flexibilidad de las condiciones laborales, abaratamiento del despido, subvenciones), pero estos han quedado globalmente contrapesados por el enorme crecimiento del empleo en sectores donde la precariedad es la norma —especialmente la construcción— y por la brutal extensión de la precariedad en el sector público y sus aledaños. Sin un cambio radical en la organización laboral, la especialización productiva y las normas de distribución de la renta (incluidas las pautas de fijación de salarios) es casi imposible reconducir la situación. Cuanto menos se podía haber aprovechado la negociación a tres bandas para exigir al gobierno un cambio en las políticas de empleo público, donde la interinidad, la contratación precaria y la externalización se han convertido en la norma de gestión.

II

Ya se sabe que la fortuna llama a la fortuna. Y a los empresarios no sólo les ha tocado la lotería de la rebaja de las cotizaciones sociales. También han sido agraciados con la reforma fiscal, especialmente la del Impuesto de Sociedades donde la rebaja es del 5%. El Gobierno ha tratado de lavarse la cara con algunas medidas compensatorias, como la eliminación de muchas desgravaciones en el Impuesto de Sociedades y la ampliación de la cotización del ahorro, pero —no fueran a desanimarse los ricos— limitada al 18%, lo que sigue convirtiendo el IRPF, en la práctica, en un mero Impuesto del Trabajo Personal. Las cosas irán seguramente a peor. Convergencia i Unió, siempre tan consecuente con sus intereses de clase, ya ha pactado con el gobierno el adelantamiento de los recortes en el Impuesto de Sociedades y el tratamiento más generoso de los planes de pensiones en el IRPF. Las presiones empresariales, levantando la bandera del I+D, están a punto de reintroducir alguna de las desgravaciones antiguas.

No hay dos sin tres. A impuestos y contratación laboral le ha seguido Seguridad Social. Una reforma ciertamente modesta, con recortes limitados y alguna concesión. En la línea de las anteriores y en todo lo que atañe a la concertación social. Una concertación en la que la que siempre domina la estrategia patronal y el tipo de realismo (de visión de la realidad, para ser claros) de los neoliberales. Un realismo del que están excluidas las grandes demandas igualitarias e incluso las reformas que pueden provocar un cambio social de cierto calado. El “orden financiero” y la “acumulación de capital” imperan por doquier y seguimos instalados en un modelo social injusto, depredador y socialmente ineficiente (pues no garantiza la satisfacción universal de necesidades básicas).

Por ello, no es de extrañar que en este contexto España siga apareciendo como un país con grandes desigualdades —aunque como en el cuento del sabio, siempre encontraremos a alguien peor, empezando por las ex colonias del imperio en el que nunca se ponía el sol, herederas de una larga tradición de clases gobernantes de crueles señoritos—, tanto en la distribución de la renta como en los salarios, y que no sea difícil descubrir grandes bolsas de pobres. Menos mal que el mediterráneo es un clima venturoso y al lado de los cachorros competitivos persisten muchas estructuras informales de apoyo social. Sólo cuando empecemos a preocuparnos por estas desigualdades extremas y por la irracionalidad global del modelo empezaremos a desarrollar líneas estratégicas que se orienten a cambiar de modelo o, cuando menos, a pasar al terreno de las grandes reformas.