Marbella vuelve a ser portada mediática por su política municipal. El enésimo escándalo ha puesto en evidencia la ingente cantidad de recursos que pueden atesorarse cuando se combina acción pública y especulación inmobiliaria. La investigación que ha llevado a la cárcel al tercer equipo municipal sucesivo parece haber llegado más a fondo que nunca. Pero el caso de Marbella no puede quedar en simple anécdota, en la historia de una banda mafiosa organizada alrededor del fallecido Jesús Gil. Más que una anécdota, es un símbolo del modelo de desarrollo del capitalismo español en general y del de la última década en particular. Ésta en la que el país se ha caracterizado por un crecimiento más intenso que el de nuestro entorno y que ha permitido alimentar ilusiones en torno a la desaparición del desempleo o el déficit público.

Sin duda, en la Costa del Sol este modelo se presenta en estado puro: urbanismo desmesurado, desprecio medioambiental, llegada masiva de inmigración de lujo, asentamiento de mafias de todo tipo —blanqueadores de dinero, traficantes de armas, etc.—, venalidad judicial y policial, gestión municipal depredadora… La expansión del GIL a principios de la década anterior fue en gran parte favorecida por una situación social en la que se combinaba un elevado desempleo, con una estructura social de aluvión, con una organización social escasa o nula y seducida por las promesas de riqueza que ya estaban presentes en la zona. La misma historia marbellí, y la de otros municipios vecinos, ha permitido mostrar que el GIL era la expresión de un proceso social profundo, y no un agente político de cambio. Las mismas situaciones se han repetido cuando ha cambiado el color de los partidos en el poder o cuando los mismos individuos no han tenido problemas para cambiar de etiqueta partidista.

Pero la Costa del Sol es sólo la expresión más aguda de un modelo que ha acabado por dominar todo el país. Éste se caracteriza en primer lugar por el predominio de la actividad constructora como eje del crecimiento económico. En ningún otro país tiene la construcción tanto peso en el PIB (más del doble que en la mayoría de países de nuestro entorno) y en el empleo (según la EPA del 4º trimestre del 2005 uno de cada cinco trabajadores masculinos está ocupado en él, y contadas las mujeres el porcentaje supera el 12%). Su crecimiento está asociado en buena medida al otro gran impulsor de la actividad: el turismo. En segundo lugar, este modelo de crecimiento ha permitido la creación de un número reducido de grandes grupos empresariales que tienen en la construcción y la gestión de servicios públicos su gran área de negocio. Básicamente, seis grandes empresas de relevancia internacional: ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso, aunque detrás existe una segunda división más modesta pero con notable presencia en algunas comunidades autónomas. Este sector es, a la vez, el gran promotor de los faraónicos planes de infraestrucuras (Plan Hidrológico, AVE, autovías) y de la externalización de servicios públicos, pues tiene capacidad de controlar cualquiera de estos procesos. El cuadro se completa con la elite de los grupos bancarios y alguna otra empresa de servicios y montajes (Agbar, las eléctricas, Repsol, Indra, Abengoa). En tercer lugar, se debe destacar la enorme interrelación del negocio de estos grupos con la gestión pública: concesiones, contratas, gestión de servicios, recalificaciones, planes de inversión pública. La última moda es la gestión completa de equipamientos (mantenimiento, seguridad, servicios auxiliares) por parte de estas empresas mediante contratos de larga duración (20-30 años). Pero los negocios generados son tan grandes que, al menos en el área inmobiliaria, queda mucho espacio para la presencia de numerosos especuladores que medran rápidamente.

La corrupción entendida en sentido amplio es consustancial al modelo. Y toma formas diversas, desde el pago de comisiones para ganar contratos hasta la evasión fiscal sistemática, pasando por el lavado de dinero negro y las irregularidades especulativas de todo tipo. No es casualidad que en la serie de affaires que se están destapando en diversas poblaciones ya hayan aparecido implicaciones de filiales de ACS (Dragados y Cobra en Telde, Urbaser en Orihuela), FCC (en Telde) y Acciona (Necso en Orihuela). Aunque suene a tópico, es sólo la punta del iceberg y una situación que se repite cada cierto tiempo, como si de vez en cuando se organizara una pequeña limpieza en el negocio (el mismo Florentino Pérez accedió a la jefatura de OCP —una de las empresas que dio lugar a ACS— cuando su anterior presidente, Jesús Roa, tuvo que dimitir por el pago de comisiones a la Junta de Andalucía). En este contexto lo que debería resultar obvio es la implicación de las grandes instituciones financieras y una parte del sistema legal —abogacía, notarios, parte de la judicatura— en este negocio. Sonroja que nos tomen por tontos cuando quieren hacernos creer que la economía sumergida funciona totalmente fuera del sistema bancario. ¿De donde salen si no los billetes de 500 euros que parece son la moneda de pago en estas transacciones? O, ¿podemos creer que los ingentes ingresos que se generan en estos asuntos se guardan debajo del colchón? Además, parece de ilusos creer en la sagacidad de estos tiburones para legalizar las redes de empresas ficticias (que habitualmente se muestran cuando salta un Marbella, o un KIO) sin contar con la colaboración activa de ilustres notarios, registradores de la propiedad y una larga lista de asesores fiscales y legales.

Marbella es un tumor. Pero el cáncer está mucho más extendido. Los que aplaudían a la alcaldesa detenida, o los que apoyan a alcaldes corruptos en muchas otras localidades no son estúpidos o engañados. Se trata, en muchos casos, de gente que ha sacado tajada, o cuando menos miajas, del modelo. Empleos, negocietes, favores que son la otra cara de la gran corrupción, lo que le da legitimidad y apoyo social. De hecho es el conjunto del país el que han conseguido que dependa del modelo. Un país donde preocupa el tema de la vivienda y pocos se preguntan cómo puede ser que sea tan cara cuando en los tres últimos años se han construido más pisos que en Reino Unido, Francia y Alemania juntos. Y donde pocos se preocupan del incumplimiento de Kioto y la degradación del espacio porque tener una política ambiental seria va en contra del crecimiento y el empleo.

Hay, eso sí, conciencia de los peligros que el modelo engendra. En los ámbitos económico —dependencia extrema de la construcción—, ambiental y político. Es posible que la campaña anticorrupción que denota la proliferación de casos descubiertos en lugares diversos sea consecuencia de que alguien en las alturas (por ejemplo en el Gobierno) haya caído en la cuenta que nos podemos descalabrar de la montaña rusa. Pero difícilmente el modelo se va a cambiar, porque ello supondría a corto plazo un frenazo económico que ningún gobierno quiere asumir. Y porque supondría también un enfrentamiento directo con el núcleo central del capitalismo español, cuya mala leche es atávica (como prueban los ataques que ha padecido la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat por proponer moderados proyectos). Y si el modelo no cambia, la limpieza de Marbella será sólo temporal.

Hay sectores sociales conscientes de la insostenibilidad, injusticia e irracionalidad del modelo actual. Pero nos faltan las fuerzas, y a menudo las ideas, para generar un cambio. Quizás el primer paso es tomar conciencia de que estamos ante una gran dependencia del modelo y que urge encontrar las medidas paliativas y alternativas que ayuden a esta sociedad a desengancharse.