¿Qué está pasando en el sector de la energía? El Real Decreto del gobierno español destinado a incrementar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía está explícitamente destinado a asegurarse que la eventual entrada de capital alemán no suponga una merma en los servicios a los ciudadanos (como la mejora de redes o el abastecimiento de lugares no rentables). El español no es el único gobierno de la UE que resiste al ultraliberalismo de la Comisión Europea: también lo están haciendo, en el campo energético, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Portugal y Austria, que se resisten a “soltar” el control de la producción y distribución de electricidad y gas y toman cautelas para evitar que caigan en manos extranjeras, lo cual frena la presión de la Comisión Europea hacia la mayor liberalización y privatización. En todos los países mencionados no sólo se protege el capital nacional, sino la presencia de capital público en las empresas. El ultraliberalismo encuentra, pues, resistencia hasta en muchos gobiernos, lo cual es una buena noticia.

Desde algunos gobiernos se habla ahora de “patriotismo económico”, como ha hecho el primer ministro francés Dominique de Villepin, diciendo que “no es proteccionismo, sino una herramienta de cohesión social y condición de una inserción exitosa en la globalización” (para justificar el veto de su gobierno a la absorción de la francesa Danone por la norteamericana Pepsico).

Pero la situación es confusa. Volviendo al sector energético, el mismo Villepin, por ejemplo, anunció el 24 de octubre de 2005 para una fecha próxima la “privatización parcial” de la empresa estatal francesa de electricidad EDF, provocando la reacción de los tres grandes sindicatos, que preparan movilizaciones. El primer ministro, consciente de la resistencia sindical y política y del amplio apego popular a los servicios públicos entre la población francesa, aseguró que el estado conservará el 85% del capital, argumentándolo así: “En un sector en que la visión a largo plazo es esencial, quiero que el Estado pueda guiar las decisiones [bajo el criterio del] interés general”. En la prevista fusión de Gaz de France con Suez se prevé la privatización con una participación estatal del 34% del capital, que es una minoría de bloqueo para impedir futuras opas de empresas extranjeras. Aquí el “interés nacional” (decir “general” tal vez es demasiado) se defiende con más timidez, pero se defiende. Francia y Alemania no han completado la privatización de sectores estratégicos, como la energía y las telecomunicaciones, hasta el punto que algunos analistas se inquietan del supuesto rebrote de proteccionismo (hay quien habla de “neoproteccionismo”) y de nacionalismo que frenaría la integración europea.

Estos vaivenes entre las presiones privatizadoras de las instancias ejecutivas europeas y los intereses “nacionales” de los gobiernos tienen gran interés para la izquierda, puesto que revelan las dificultades de las privatizaciones de sectores tan sensibles como el energético. La izquierda debería intervenir en el debate con una defensa clara de la intervención pública y de la provisión de energía como servicio público fundamental. Es lo que de algún modo está haciendo la izquierda francesa, en un país donde la defensa de los servicios públicos es muy popular entre la población. (La noción de servicio público se traduce en cuestiones muy concretas, como la mencionada del abastecimiento de lugares no rentables o como la siguiente: en el reciente “contrato de servicio público” entre EDF y el Estado francés se establece, entre otras cosas, que la compañía durante el invierno no podrá interrumpir el suministro a los hogares sin medios económicos aunque éstos no puedan pagar sus facturas. En otras palabras, se sustrae el fluido eléctrico a la lógica del mercado en ciertas circunstancias para garantizar que la empresa funcione según la lógica de un servicio público, redistributivo, accesible a toda la ciudadanía.)

No tiene sentido que un sector tan fundamental no sólo para la economía, sino para toda la vida social y para todas las actividades de las personas, esté sujeto, aunque sea limitadamente, a los azares del mercado. No tiene sentido que en un momento histórico en que el ahorro energético es un imperativo insoslayable, la energía sea un negocio (lo cual empuja a que las empresas, que quieren vender más, no tengan ningún interés activo en el ahorro). Tampoco tiene sentido que los gobiernos renuncien a instrumentos de intervención estratégicos de cara a la transición energética hacia la era post-petróleo, que puede tardar más o menos, pero llegará ineluctablemente.

En este contexto la pajarraca —una más— montada por el PP en torno a la opa de Gas Natural sobre Endesa resulta ridícula y patética, pero reveladora de la extrema miseria a la que este partido está llevando a la vida política española, impidiendo que se discutan los asuntos realmente importantes.