La derecha ha tomado la calle. La estrategia de acoso y derribo emprendida por el Partido Popular no se detiene en nada. Y consigue movilizar a miles de personas, mostrando su capacidad de medios y organización. Ahora es el tema de la enseñanza, una cuestión vital para uno de los pilares sobre los que se asienta su hegemonía social: la Iglesia católica y sus centros educativos.

No vale la pena perder mucho tiempo en entender sus reivindicaciones pues son de una claridad meridiana: mantener los mecanismos que les permiten seleccionar a su alumnado, mantener o mejorar los recursos financieros provenientes del sector público y garantizar la presencia del adoctrinamiento católico en el conjunto del sistema escolar. Lo demás es puro ornamento.

Que las derechas se movilicen para garantizar sus privilegios y para imponer a los demás sus formas de pensar es algo que no debería extrañarnos. Especialmente si estamos en el único país que liquidó una dictadura sin efectuar ni un mínimo proceso de crítica y revisión. Ni hubo depuraciones, ni juicios, ni críticas morales. Para un sector de las clases dominantes la transición fue simplemente un período de adaptación al ejercicio del poder bajo otras formas. Y ahora que intuyen que a lo mejor se pueden acabar imponiendo algunos cambios más sustanciales, especialmente en lo que afecta al poder cultural y social de la Iglesia católica, responden con acritud.

La pregunta importante a mi modo de ver es por qué no se produce una respuesta en el otro lado. Por qué la izquierda no moviliza a sus gentes, o no surgen respuestas fuertes de la propia sociedad civil. Unas respuesta fácil es la de relacionar la falta de movilizaciones con la presencia de la izquierda en el Gobierno. Puede que tenga algo de razón (el PSOE y sus aliados prefieren presentarse como gente respetable), pero resulta demasiado reconfortante porque deja en las manos exclusivas del Gobierno toda la responsabilidad de la parálisis social. Y es una explicación no avalada por el pasado: contra el PSOE llevamos a cabo importantes movilizaciones por causas diversas (la OTAN, las pensiones, las reformas laborales, la guerra del Golfo…).

La ausencia de movilización en defensa de la escuela pública laica tiene razones más profundas que resultan desmoralizantes desde una perspectiva igualitaria. Para la mayoría de la población la educación es más una vía de promoción social (o cuando menos de abertura de posibilidades en el mercado laboral) que un medio para el desarrollo intelectual y social. Ni existe una demanda fuerte de educación cultural ni una voluntad clara de cohesión social. Para la mayoría de padres y madres el único baremo de evaluación son las notas que indican las posibilidades que tienen sus hijos o hijas de construirse un currículo educativo con el que entrar a competir en el sistema social. Y les preocupa la presencia de circunstancias que puedan perturbar este proceso curricular. Para muchas personas, una escuela igualitaria resulta una propuesta inquietante, porque se asocia automáticamente a caída del nivel escolar, a descontrol y a eso tan tradicional de “las malas compañías”. La llegada de niños y niñas provenientes de mil y un lugar no ha hecho sino acrecentar estos demonios y ha reforzado en determinadas zonas la deserción de la escuela pública por parte de importantes sectores sociales. La existencia de un modelo dual de escuela, que permite acceder a una privada que selecciona su alumnado y que, al mismo tiempo, resulta relativamente barata debido a la elevada subvención pública, ha favorecido la extensión del proceso. Sólo hace falta averiguar a qué escuelas llevan sus hijos la mayoría del profesorado de las universidades e institutos públicos. Y recoger la variada muestra de razones que aducen estas personas para justificar su elección y camuflar el elitismo o el clasismo que realmente la sustenta.

Tampoco el sistema escolar ha ayudado a cambiar esta percepción. Las diversas reformas o han estado mal planteadas o han carecido de medios. El profesorado se ha visto a menudo desbordado por los cambios y por su incapacidad para actuar en un marco social trastocado. Y el proceso de aprendizaje ha estado condicionado por la presencia de referentes culturales alternativos a la escuela (los medios de comunicación, verdaderos creadores de pulsiones consumistas e irresponsables) y por un contexto social y familiar que concede poco valor al conocimiento y el debate razonado. Resulta normal que el fracaso sea mayor allí donde escasean los recursos de todo tipo y las perspectivas de progreso en la escala social son menores. Los mismos valores de clase media de buena parte del personal docente son otra parte del problema. Tampoco este sector tiene una visión general capaz de promover ideas claras sobre qué reformas son necesarias.

De un contexto como el comentado difícilmente va a salir un movimiento fuerte en defensa de la escuela pública y de respuesta frente a quienes simplemente quieren reforzar los privilegios de siempre con dinero público. Y tampoco el Gobierno tiene una actitud firme que transmitir a la ciudadanía. Por esto no parece descabellado esperar que al final pacte mantener gran parte de los privilegios de la privada (especialmente en materia de matriculación) con el objetivo táctico de fragmentar los apoyos del PP. Y con ello se preserve el doble circuito escolar que refuerza una visión de la escuela pública de “servicios mínimos”, de depósito de aspirantes al fracaso escolar.

La defensa de la escuela pública laica sólo puede hacerse desde bases sólidas. Sobre todo, sobre el modelo social y el papel de la cultura. Sobre la voluntad de construir una sociedad básicamente igualitaria y con una ciudadanía informada y razonadora. Hoy estamos muy lejos de esta situación. La escuela se sigue percibiendo como el primer peldaño de una competición sin fin, y en la que conviene que desde el principio se elimine gente. Por esto somos incapaces de movilizar frente a la derecha y de tener ideas claras sobre qué reformas deberían aplicarse.