Las elecciones celebradas en Alemania el 18 de septiembre no dieron la mayoría a ninguna de las coaliciones de gobierno «naturales» en ese país. De 613 escaños, los socialdemócratas obtuvieron 222 y los verdes 51. Por el otro lado del espectro, resultaron elegidos 225 diputados cristianodemócratas y 61 liberales. De acuerdo con esos resultados (provisionales a la espera de lo que ocurra en Dresde) tanto la coalición verdi-roja, como la negro-amarilla quedan lejos de los escaños necesarios para tener la mayoría absoluta en el Bundestag. En buena parte, esa situación fue producto del éxito del Partido de la Izquierda que obtuvo el 8,7% de los votos y 54 escaños.

Los resultados fueron una sorpresa sólo relativamente, dada la caída en las encuestas de Ángela Merkel los días anteriores a la votación. Lo que sí ha resultado sorprendente, al menos para un observador extranjero, es la sensación de grave crisis política que parece haberse producido en Alemania. Pues en cualquier otro país, incluido España, esa composición parlamentaria hubiera dado lugar a un gobierno en minoría de uno de los dos grandes partidos (quizá en coalición con su socio «natural») que habría llevado a cabo acuerdos puntuales con el resto de las fuerzas políticas para sacar adelante las leyes y decisiones que fuesen necesarias.

Sin embargo, en Alemania esa situación parece vivirse como una tragedia que puede conducir nada menos que a un gobierno de «Gran Coalición» es decir, sustentado por los dos mayores partidos políticos alemanes: socialdemócratas y cristianodemócratas. Para entender la magnitud de esa posible salida basta ponerse a imaginar qué tipo de circunstancias podrían ser lo suficientemente graves como para hacer que gobernasen juntos en España el PSOE de Zapatero y el PP de Aznar-Rajoy.

Una explicación de esta reacción aparentemente exagerada puede encontrarse, por un lado, en la arquitectura constitucional del sistema político alemán y, por otro, en la memoria histórica de la crisis de la República de Weimar (aspectos que, por lo demás, se encuentran íntimamente relacionados).

De acuerdo con la actual Constitución alemana, el candidato a canciller necesita contar con el respaldo de la mayoría absoluta de los miembros del Bundestag para ser designado como tal. En el supuesto de que la Cámara sólo consiguiera respaldar a un candidato por mayoría simple (más votos a favor que en contra), el Presidente de la República podría optar entre confirmarlo o disolver el Parlamento.

El temor ante la posibilidad de un gobierno minoritario que se desprende del texto constitucional proviene, en buena parte, de la idea de que la crisis de la república de Weimar y el consiguiente ascenso de Hitler al poder fueron producto de la parálisis de un parlamento que era incapaz de ponerse de acuerdo en algo que no fuese decir que no a cualquier propuesta que se le formulase.

En realidad, esa es una versión interesadamente falseada de lo que ocurrió en las postrimerías del período weimariano, pero, en cualquier caso, es la que ha quedado grabada en la memoria histórica de los alemanes y la que ha condicionado las características de la Ley Fundamental de Bonn. Y no es que las circunstancias que vive Alemania en la actualidad no sean graves, que lo son y bastante. Pero dejar al país sin recambio político parece, visto desde fuera, una solución exagerada en exceso para afrontar los problemas con que se tiene que enfrentar la llamada «locomotora europea».